Los indultos de España levantan ampollas, pero son necesarios

A este paso, los indultos concedidos por el Gobierno a los nueve líderes independentistas catalanes van a desbancar en España en popularidad a los partidos que juega la selección nacional en la Eurocopa de fútbol.

Desde hace semanas, sino meses, ese tema de conversación se debate con emoción en todos los medios de comunicación, en todas las formaciones políticas, en todas las empresas que cotizan en Bolsa, incluso en todos los mentideros del Reino.

El asunto tiene miga y plantea bastantes interrogantes. Entre ellas estas:

¿Es adecuado poner en libertad a los promotores reales e intelectuales del referéndum de autodeterminación de Cataluña? ¿Es correcto soltar a los líderes del llamado 'procés' –'proceso' hacia la independencia, en catalán–, aunque ninguno de los presos se arrepienta de sus hechos y de hecho cargue de nuevo contra la "represión del Estado"? ¿Es legal que el Ejecutivo adopte una decisión de este calado que tiene soliviantada a toda la derecha y a algunos 'versos sueltos' de la izquierda? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias políticas y territoriales?

El presidente Pedro Sánchez, jefe del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), es perfectamente consciente de los riesgos que conlleva esta polémica y trascendental decisión, pero la argumenta, de forma profusa, en un buen montón de folios para "fomentar la convivencia en Cataluña" y como medida de "utilidad pública".

La medida de gracia afecta a unos políticos presos que llevan tres años y medio entre rejas. Ellos solo quieren oír hablar de amnistía y autodeterminación, porque se consideran presos políticos. Algunos escaparon incluso a la acción de la justicia, como el expresidente regional Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica.

Los indultos fueron aprobados finalmente el martes 22 de junio por el Consejo de Ministros, que preside el socialista Sánchez. Son parciales, pues sólo se perdona la pena que les queda por cumplir, pero no afecta a la condena de inhabilitación para cargo público. Y están condicionados. ¿Qué quiere decir esto? Que los indultados volverán a la cárcel si reinciden.

A pesar de la contundente campaña de la oposición de derechas, capitaneada por el Partido Popular, el indulto o "derecho de gracia" es un instrumento del Estado perfectamente legal, recogido en el artículo 62 de Constitución. Ese derecho corresponde a Felipe VI "con arreglo a la ley", es decir, su concesión compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido en que los indultos son "un desacato a la legalidad" y ha hablado de una "supuesta sociedad civil entregada a un gobierno sin principios". Duras palabras que no entienden la enfrentada realidad catalana y que, además, no contienen ninguna alternativa de solución al conflicto más allá de judicializarlo hasta el extremo. De hecho, ya ha anunciado que presentará un recurso contra esa medida de gracia ante el Tribunal Supremo, aunque carezca de legitimidad para hacerlo.

La herramienta de aplicar la magnanimidad a un reo es bien poco entendida por los sectores sociales más conservadores, pero ha sido aplaudida por la clase patronal hispana, que suele votar a derechas, pero está ávida de poder respirar normalidad política, estabilidad económica y confianza inversora. Casado se siente traicionado por el máximo representante de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien admitió en una entrevista que "si acaba en que las cosas se normalizan, bienvenidos sean" los indultos. Ahora le tachan de "cómplice" y él no sabe dónde esconderse.

Los indultos levantan ampollas, pero son necesarios. El jefe del Ejecutivo se juega mucho en este envite, probablemente el más arriesgado de su mandato, y parece realmente dispuesto a dialogar con los independentistas y principalmente con Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), "hasta la afonía, pero en el marco de la Constitución". Eso piensa el columnista Màrius Carol, que escribe para 'La Vanguardia', el principal diario catalán.

Hay verdadero margen para iniciar un nuevo tiempo, recuperar la confianza y la reconciliación y eso lo demuestran algunos gestos elocuentes como la reciente carta de Junqueras, condenado a 13 años de prisión, en la que hacía autocrítica y admitía que la vía unilateral hacia la independencia no sirve.

También ha relajado la tensión el discurso de investidura del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de ERC, en el que apostó por un referéndum pactado y no por la consulta ilegal que desencadenó los lamentables acontecimientos vividos en octubre de 2017 y que dieron la vuelta al mundo.

La misiva de Junqueras, publicada en dos medios de comunicación previamente seleccionados, fue fruto de las delicadas conversaciones entre bambalinas entre la cúpula de ERC y La Moncloa, dirigidas por Raül Murcia, hombre clave del equipo de Aragonès, e Iván Redondo, jefe de Gabinete de Sánchez y 'cardenal gris' del Ejecutivo. En cualquier caso, a nadie se le escapa en Madrid o en Barcelona que el apoyo parlamentario de ERC al Gobierno de coalición es imprescindible para la continuación de sus políticas de izquierdas. Así se entiende este 'quid pro quo', una expresión latina que literalmente significa "algo a cambio de algo".

Como apunta el diario español progresista El País, "Sánchez tiene por delante dos años para lograr resultados tangibles en Cataluña y, sobre todo, para girar el debate de la batalla territorial, que siempre perjudica al PSOE, hacia la recuperación económica y una salida más justa de la crisis. En esos asuntos es donde realmente creen en La Moncloa que se juegan las próximas elecciones".

Estos indultos no son los primeros ni serán los últimos que se verán en España, pero están provocando mucha reacción política y más alboroto mediático que otros pasados, pero no menos discutibles. Casi todos los españoles tienen una opinión al respecto. Algo parecido pasa con la valoración del último partido de la selección nacional de fútbol. Casi todos los españoles son entrenadores potenciales y enmiendan la plana o apoyan a Luis Enrique en su planteamiento estratégico de un partido sobre el césped. El problema es que esto no es balompié, aunque a veces parezca un espectáculo.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK