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Denuncian que Gobierno de facto en Bolivia quiso contratar mercenarios para evitar asunción de Arce

© REUTERS / Cortesía de la Presidencia de BoliviaLuis Arce, el presidente de Bolivia
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Un medio estadounidense difundió audios que pertenecerían a Luis Fernando López, ministro de Defensa de Jeanine Áñez, con ciudadanos de ese país. Preparaban una gran convulsión social para evitar el regreso de la democracia a Bolivia.
La revista digital The Intercept, de Estados Unidos, filtró varios audios de Luis Fernando López con supuestos personeros bien relacionados con el Gobierno de ese país. Las conversaciones habrían transcurrido en noviembre de 2020, días antes de la asunción de Luis Arce Catacora como presidente de Bolivia. Según los registros, preparaban la llegada de hasta 10.000 mercenarios estadounidenses para dar un nuevo golpe de Estado, aliados con la Policía y las Fuerzas Armadas locales.
The Intercept revisó grabaciones telefónicas y correos electrónicos intercambiados entre López y ciudadanos estadounidenses como Joe Pereira, exadministrador civil del Ejército de EEUU, y Luis Suarez, un exsargento estadounidense de origen boliviano.
Según la publicación, este último se había ganado el apodo de Cyber Rambo durante los días del golpe de Estado, por su pericia en manipular las redes sociales en contra del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).
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Para justificar la convulsión social que generarían, López pensaba valerse de frases de Morales pronunciadas desde su exilio en Buenos Aires, según las cuales el Movimiento Al Socialismo (MAS) tenía que conformar milicias armadas para proteger al proceso político iniciado con su primera presidencia.
Además, López dejó en claro que las Fuerzas Armadas apoyaban su descabellada idea: "El alto mando militar ya está en conversaciones de apronte. El mensaje de la lucha está en que quieren reemplazar a las FFAA y a la Policía por milicias cubanas y venezolanas. Esto va a permitir que Bolivia se levante nuevamente y no permita el Gobierno de Arce", se escucha en los audios.
En ese momento, el comandante de las Fuerzas Armadas era Sergio Orellana, designado por la presidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), quien se encuentra presa desde hace tres meses, acusada de varios delitos en el marco del golpe contra Morales.
Orellana está prófugo de la justicia. Se habría retirado del país antes de la asunción de Arce. Lo mismo López, quien el 5 de noviembre de 2020 habría huido a Brasil, donde se perdió su rastro.

Ofertas de mercenarios

En las conversaciones mantenidas con los norteamericanos, le indicaron a López que los soldados estaban en una base de Miami, en Estados Unidos. Allí tenían que llegar los tres aviones Hércules C-130 que posee Bolivia, cargarlos y dejarlos en el aeropuerto de El Trompillo, en Santa Cruz de la Sierra, donde comenzarían su plan de diseminar el caos por el país, hasta profundizar la fractura en el orden democrático.
Según se desprende de algunos e-mails, el plan de López era que lo nombraran a él como nuevo presidente de facto, en vez de Arce, elegido democráticamente con el 55,1% de los votos.
Desde EEUU, dijeron a López que los soldados llegarían contratados como seguridad privada para varias empresas que funcionan en Bolivia: "La manera en que esto funciona, señor ministro, es que va a recogerlos como si fueran contratistas privados, bajo ninguna representación del Estado americano", le avisaron, a lo cual el ministro de Áñez asintió.
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"Para el momento en que los C-130 aterricen en Miami, los contratos van a estar escritos y firmados", le dijeron, como señal del compromiso de los estadounidenses con el proyecto.
"Los vamos a poner en contratos para compañías que ya están trabajando en Bolivia, compañías que van a disfrazar el contrato con el personal militar", afirmaron al otro lado de la línea.
En los audios, un hombre habla en Inglés, mientras otro traduce a López al castellano. "Podemos conseguir hasta 10.000 hombres. También puedo traer alrededor de 350 de lo que llamamos LEP: Profesionales de la Aplicación de la Ley, para guiar a la policía", le dictaron, como si se tratara del menú de un restaurante.
En un tramo de la conversación, el traductor -que sería "Cyber Rambo"- le pregunta "como boliviano" a López: "¿Cuán dispuestos están ustedes a hacer que esto funcione? ¿Están dispuestos a hacer operaciones psicológicas? ¿Están dispuestos a manipular la información?".
A lo cual el entonces ministro le respondió: "Ciento por ciento".

Repercusiones en Bolivia

Esta noticia causó el revuelo esperado en el país sudamericano. Al respecto, Sputnik consultó al diputado del MAS Grobert Nogales: "Es un tema preocupante. López ha tenido contactos en Estados Unidos, según lo que tenemos información, para tener los servicios de mercenarios y asesinar a nuestro presidente Luis Arce".
Para el diputado, los mercenarios también vendrían para eliminar "a otros líderes de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia".
Nogales evaluó que "los de la derecha no son conscientes de que el pueblo boliviano está gobernando. Luego de su Gobierno de transición, con el cual han cometido un desfalco total, ellos aún continúan con su objetivo de destrozar nuestro país".
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El presidente Arce se caracteriza por visitar varios puntos del país cada día para inaugurar obras o participar de otros actos. ¿Debería reforzar su seguridad a partir de estas posibles amenazas de sus opositores?
"La población del Estado Plurinacional de Bolivia es consciente. El pueblo mismo le va a brindar seguridad a nuestro presidente. Tiene que seguir participando de reuniones con las organizaciones sociales, porque estamos en una emergencia sanitaria", dijo Nogales.
Jhonny Pardo, también diputado del MAS, dijo a Sputnik que "el exministro de Defensa ha sido uno de los que ha estado conspirando para dar el segundo golpe, antes de que pueda asumir nuestro presidente Luis Arce".
Y aseguró: "Tenemos información fidedigna de que López se estaba organizando con las fuerzas especiales de EEUU para que el presidente electo no pueda asumir el mandato constitucional que le ha dado el pueblo boliviano".
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Esta denuncia viene a hundir políticamente un poco más al arco opositor boliviano, seriamente afectado desde la detención de Arturo Murillo en Florida, Estados Unidos, en mayo pasado. El exministro de Gobierno durante el mandato de Áñez está acusado de haber malversado 5,6 millones de dólares que le habían dado para comprar materiales represivos para la Policía.
La justicia estadounidense lo acusa de lavado de dinero y participación en sobornos. Podrían condenarlo a 30 años. Si bien durante la jornada se había anunciado que ya había salido libre bajo fianza, las autoridades bolivianas sostuvieron que aún seguía preso.
Por su parte, Áñez declaró ante la justicia e implicó a decenas de políticos, sacerdotes católicos y otras figuras de la oposición en los entretelones de su autoproclamación como presidenta de Bolivia, el 12 de noviembre de 2019.
Uno de los mencionados fue el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), también líder del principal partido opositor, Comunidad Ciudadana. Por este motivo fue llamado a declarar, pero se abstuvo de hacerlo porque -consideró- sus palabras podrían usarse en su contra.
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