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El expresidente boliviano Mesa se niega a declarar sobre el golpe de 2019 para no incriminarse

© AFP 2021 / Aizar RaldesCarlos Mesa, expresidente de Bolivia
Carlos Mesa, expresidente de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2021
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LA PAZ (Spuntik) — El expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) se acogió al silencio en una audiencia en la Fiscalía sobre el golpe de Estado de 2019, arguyendo que no quería incriminarse en el proceso, que consideró ilegal y amañado en favor del depuesto gobernante Evo Morales (2006-2019).
"No voy a contestar a la pregunta, porque me puedo incriminar (…) me acojo al derecho al silencio", dijo Mesa en conferencia de prensa tras una audiencia en la Fiscalía de La Paz, citando lo que él mismo había dicho minutos antes a los investigadores, en medio de inusitada expectativa política y mediática sobre su presencia ante la justicia.
El fiscal Omar Mejillones, uno de los investigadores, confirmó que el exgobernante se acogió a su derecho a la abstención, contestando solo tres de las 50 preguntas que le fueron planteadas sobre las circunstancias de la autoproclamación presidencial de la senadora Jeanine Áñez, principal acusada en el caso.
Mesa fue llamado a declarar como testigo de las negociaciones, en las que fue partícipe, que dieron paso a la asunción de Áñez como presidenta transitoria, tras la caída de Morales durante la crisis política poselectoral de noviembre de 2019.

Responsabilidad

"Mesa entiende que sus respuestas pueden generar algún tipo de responsabilidad, en mérito a eso ha hecho uso de su derecho a la abstención", explicó el fiscal.
Mejillones dijo que la Fiscalía respetaba ese derecho y que evaluaría una posible ampliación de las investigaciones en torno al papel de Mesa en la crisis de 2019, aunque el exgobernante no sería objeto inmediato de medidas cautelares.
"El testigo se ha presentado, ha prestado su declaración y no tenemos razón para emitir un mandamiento de aprehensión", remarcó el fiscal ante insistentes preguntas de la prensa.
Mejillones añadió que la comisión de fiscales que dirige la investigación, evaluaba todavía posibles citaciones a otros supuestos implicados en la interrupción democrática, como el exlíder cívico Luis Fernando Camacho, ahora gobernador de Santa Cruz (este), y jerarcas de la Iglesia católica.
La expresidenta Áñez, en detención preventiva desde marzo, identificó la semana pasada en una declaración a los fiscales, a una treintena de participantes en las negociaciones que la llevaron al poder, incluidos políticos, obispos y diplomáticos extranjeros.
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Mesa facilitó a la prensa copias de una carta que, según dijo, entregó a la justicia para justificar su negativa a declarar, en la cual insistió en que en la crisis política de 2019 no hubo un golpe de Estado sino un fraude electoral que atribuyó a un supuesto afán de Morales de perpetuarse en el poder.
El exgobernante, quien fue derrotado por Morales en los comicios de 2019, que terminaron anulados, dijo en el documento que no quería convertirse en "propiciador de un cadalso jurídico" para los acusados de un "delito inexistente", como insistió en considerar al golpe de 2019.
El juicio contra Áñez y varios exministros y exjefes militares y policiales, se desarrolla en el ámbito penal ordinario, mientras se aguarda que el parlamento vote la autorización de otros juicios de responsabilidades por delitos económicos, administrativos y de lesa humanidad.
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