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Los 822 asesinatos que esperan justicia en Bolivia

© Foto : Pixabay/Diego Fabian Parra PabonPolicía (imagen referencial)
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Cada año se registran 40.000 denuncias de violencia contra las mujeres, pero la mayoría no son atendidas. La Ley 348 de feminicidio en Bolivia establece penas de 30 años para los asesinos de mujeres, quienes, sin embargo, encuentran recovecos legales para evitar la prisión.
"Bolivia es un país que normativamente ha avanzado mucho. Incluso esta misma ley tiene un enfoque de integralidad: aborda la violencia en razón de género contra las mujeres no solo en el ámbito familiar, sino a través de las diferentes formas de violencia. La Ley 348 se ha asentado en dos pilares: prevención y acceso a la justicia", observó en diálogo con Sputnik, la abogada Mónica Bayá, dirigente de la Comunidad de Derechos Humanos.
Asimismo, reconoce que no es suficiente y que existen falencias en la administración de justicia, así como en la aplicación de la llamada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. De acuerdo a la organización que integra Baya, "una mujer es victimada de forma cruel y violenta cada dos días en un acto final de toda una cadena de violencia".
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La pandemia prendió la alerta en la sociedad civil boliviana ante el encierro con agresores, lo que ha desatado a nivel mundial una suerte de pandemia paralela de violencia de género. Lo cierto es que, con o sin cuarentenas, los feminicidios suceden en toda parte, de noche o de día, en casa, en la calle, no hay lugar seguro para ser mujer.
Un bello domingo, por ejemplo, Marcelo Martínez se puso a esperar a su expareja y madre de sus dos hijos en la entrada de un supermercado en Santa Cruz de la Sierra. Cuando encontró a Wilma, la degolló ante los transeúntes con un cuchillo que había comprado en ese mismo establecimiento.
Las imágenes de la cámara de seguridad del local se hicieron virales, pero la indignación social duró poco. Cinco días después, Martínez dejaba la cárcel para esperar al juicio encerrado en su casa, gracias a un fiscal llamado Gerardo Balderas. No por ser varón, ya que el mes siguiente, la jueza Mirtha Montaño, de Cochabamba, liberó a Omar Ordóñez, quien había sido condenado a 30 años de cárcel por violar y asesinar a María de Carmen.
Para cuando en el Órgano Judicial se dieron cuenta del error y fueron a arrestar de nuevo al feminicida, ya se había escapado.
La senadora Patricia Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS) integra la Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidios. En esa calidad acudió el 9 de junio junto a varias colegas a la Fiscalía Departamental de Cochabamba, para "controlar y fiscalizar" el desarrollo de las investigaciones.
"Estamos dando seguimiento a 822 casos, solamente desde 2002. Tenemos muy poco avance y queremos pues tener sentencia en todos estos casos de feminicidio", dijo la senadora a la prensa en la entrada de la Fiscalía.
"Hemos visto que hay un cuello de botella: los feminicidas tienen sentencia, pero estos apelan a segundas instancias y ahí son beneficiados con detención domiciliaria o medidas sustitutivas a la detención preventiva", agregó Arce.
"Hemos visto a las víctimas que hasta hoy están peregrinando en busca de justicia, mientras los agresores están en la calle", comentó.
La senadora indicó que intentan trabajar en coordinación con organizaciones sociales, también con el Órgano Judicial y las fiscalías departamentales, para "comprometerlos a tener una sentencia y que se dé la sanción correspondiente a aquellos feminicidas que simplemente gozan de su libertad y amedrentan a las familias víctimas".

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A lo largo de 2020, en el país se anotaron 113 feminicidios. En 2019, fueron asesinadas 117 mujeres. Asimismo, cada día, en Bolivia desaparecen ocho niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes, según datos de la Fundación Construir.
"Solamente en octubre de 2020, a nivel nacional se reportaron 110 desapariciones de niñas entre 13 y 17 años. De estas pequeñas, 88 ya se encuentran en sus casas, pero aún 22 de ellas permanecen desaparecidas", ejemplificó la fundación.
"El tema de los feminicidios cada vez se agrava más en Bolivia, sobre todo en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Como autoridades nos sentimos alarmadas y preocupadas por esta situación", dijo a Sputnik la senadora Lucy Sara Escobar, del MAS.
"Hemos visto que hay muchos feminicidios en Cochabamba, más que todo. Ha habido un caso que ha alarmado mucho: se ha dado ha dado libertad a un feminicida y se ha dado a la fuga cuando no correspondía. Hicimos solicitud de informes para esclarecer esta situación, que nos parece muy irregular", consideró Escobar.
En diciembre de 2020, el presidente Luis Arce abrió el texto de la Ley 348 para discutir reformas y posibles mejoras. Desde entonces, funcionarias y funcionarios del Ministerio de Justicia recorren todos los departamentos para captar propuestas de organizaciones sociales, así como de las víctimas de violencia machista.
La senadora comentó que "hasta ahora hay más de 1.000 propuestas de diferentes organizaciones, también de algunas instituciones y universidades. Estamos trabajando para modificar 10 artículos de la Ley 348", con el objetivo primario de acabar con la retardación de la justicia.
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Para la abogada Bayá, el proceso para proponer modificaciones a la Ley 348 "ha sido adecuado, en términos de plantear una apertura a que todas las organizaciones, instituciones, personas individuales, víctimas en general puedan presentar sus propuestas al Ministerio de Justicia".
En febrero pasado, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que cada mujer víctima de violencia "tiene que decidir" entre iniciar un proceso penal contra su agresor o reconciliarse con él. Al día siguiente cambió su postura, apabullado por una avalancha de críticas.
"Hubo algunas declaraciones del ministro Lima que generaron bastante polémica y rechazo. Pero trabajamos sobre las propuestas de modificaciones en un espacio más abierto", advirtió la abogada, quien también lidera la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los Derechos Humanos de las Mujeres.
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"Más allá de las modificaciones que corresponde hacer a la ley, el tema siempre está en la implementación", resaltó.
En el caso de la ley actual, aprobada en 2013, la implementación "no se ha realizado a cabalidad. No ha habido la suficiente inversión pública, sobre todo, con una estrategia verdadera a largo plazo, enfocada en la prevención", indicó la abogada.
También faltó "toda la institucionalidad que tendría que haberse desarrollado, especializada en cada una de las instancias: Policía, Fiscalía, Instituto de Investigación Forense (IDIF), Órgano Judicial. No se ha concretado, pese a esfuerzos que ha habido para fortalecer estas instancias", dijo Bayá.
E informó: "Anualmente, tenemos 40.000 denuncias de violencia hacia las mujeres. El 80% son casos de violencia familiar o doméstica. Esto ha significado un impacto muy fuerte en el sistema de justicia, que no ha recibido un incremento en sus presupuestos para contar con mayor personal y, sobre todo, para fortalecer las áreas de investigación".
"Tenemos solamente dos institutos forenses en el país. En Santa Cruz, que es un departamento donde hay altísimos casos de violencia sexual, se requeriría tener un instituto con todas las especialidades, con todos los laboratorios, con peritos de diferentes especialidades, que ahora no tiene", consideró Bayá.
Entre las mejoras que requiere la Ley 348, evaluó que se debe "fortalecer —con recursos— el sistema de atención a las víctimas, tanto en el proceso judicial como en las instancias de acompañamiento".

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© Sputnik / Sebastián OchoaFiscalía de Cochabamba
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Fiscalía de Cochabamba
Un problema de fondo para la aplicación de la Ley 348 está en la lentitud con la cual avanza la justicia. De acuerdo a tratados internacionales que suscribe Bolivia, ninguna persona puede estar indefinidamente con prisión preventiva. Pero el quelónido plano temporal en cual se manejan los trámites judiciales propicia que los feminicidas sean liberados.
"A mayor duración del proceso judicial, mayor posibilidad de que un procesado, aunque hubiera estado con detención preventiva, termine saliendo de la cárcel y gozando de otro tipo de medidas, como el arresto domiciliario, u otras que incluso no implican estar con restricción de la libertad de locomoción", graficó Bayá.
En este aspecto colabora, también, la falta de sensibilidad de algunos operadores de justicia. "Hay feminicidas que deberían estar con detención domiciliaria, pero en algunos casos hasta han tomado contacto con la familia de sus víctimas para presionar, amenazar, hostigar", dijo la abogada.
"Incluso poniendo estos hechos en conocimiento de las autoridades, no se ha cambiado su detención domiciliaria por una preventiva", contó.
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"Preocupa más en los casos donde hay una sentencia en primera instancia condenatoria por feminicidio a 30 años de prisión. Si al acusado se le dan medidas sustitutivas, naturalmente hay alto riesgo de fuga, porque de confirmarse la sentencia va a tener 30 años de cárcel", evidenció.
"El tema central está en cómo agilizamos los procesos judiciales para que se cumplan los plazos, se realicen investigaciones eficientes, exhaustivas, oportunas, que se perite y se cuente con todos los elementos de prueba suficiente para determinar la existencia de responsabilidad o no de los procesados", opinó Bayá.
De esta manera, también se podría atender a los casos de violencia familiar o doméstica, que a menudo no son tomados en cuenta porque no involucran un asesinato. "El grueso de estos casos se quedan en el camino, no llegan a juicio. Así, finalmente se termina abandonando a las víctimas, que son expulsadas por el sistema de justicia, ya sea por la retardación, por los costos, por la revictimización. Son barreras que impiden el acceso a la justicia", sostuvo.
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