Un juez argentino manda a juicio a la exfiscal general por negociaciones incompatibles

BUENOS AIRES (Sputnik) — El juez federal argentino Julián Ercolini elevó a juicio la causa en la que la exfiscal general, Alejandra Gils Carbó, está acusada de cometer supuestas irregularidades en la adquisición de un edificio para el organismo en el que trabajaba.

"Ercolini elevó a juicio caso en el que está procesada la exprocuradora general de la nación", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.

El magistrado, que había sido recusado por falta de parcialidad, coincidió con el criterio de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para enviar a juicio a la exfiscal general, que ejerció sus funciones entre 2012 y 2017.

Una sentencia de la Cámara de Apelaciones, conocida como Cámara Federal, rechazó un pedido para apartar del caso al magistrado después de que este negara una supuesta charla con el actual presidente, Alberto Fernández, sobre la situación de Gils Carbó.

El mandatario había señalado en una entrevista que había ido a ver Ercolini y que le comentó que la causa era un disparate.

"Vi como se agarraba a cabeza y me decía: 'Pero es lo que tengo que hacer, la tengo que procesar'", señaló en declaraciones a Radio Del Plata.

Ercolini había sido recusado por la defensa de la exprocuradora, que alegó que hubo una persecución contra su clienta por parte del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

Al rechazar su recusación, Ercolini negó ese encuentro y dijo que el procesamiento contra Gils Carbó por administración fraudulenta, confirmado en octubre de 2017, "fue consecuencia de solicitudes formuladas por los representantes del Ministerio Público Fiscal", según surge del fallo de la Cámara Federal que lo confirma como juez del expediente.

Procesamiento confirmado

En 2018, la Cámara Federal confirmó el procesamiento contra Gils Carbó aunque cambió la figura procesal a negociaciones incompatibles con la función publica, y le redujo el monto del embargo de siete millones de pesos que había impuesto Ercolini (810.000 dólares, al cambio en aquel momento), a 1.200.000 pesos (140.000 dólares).

Para los jueces de este tribunal de segunda instancia, no hubo perjuicio contra el Estado porque el edificio en cuestión de la Procuración, situado en la ciudad de Buenos Aires, se adquirió a valores lógicos con el mercado además de pagarse una millonaria comisión a la empresa privada que vendió el inmueble, aunque sí observaron un direccionamiento de la licitación y manejo de información privilegiada.

Junto con Gils Carbó, que asumió su cargo en agosto de 2012 bajo la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), fueron procesadas otras cuatro personas.

La procuradora dimitió el 31 de diciembre de 2017 tras ser presionada por el Gobierno de Mauricio Macri, que buscaba su cese por considerarla afín a la gestión anterior.