Fiscal general de Colombia entrega a CIDH informe sobre violencia en protestas

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, se reunió con una delegación de la CIDH que visita el país para observar la situación de derechos humanos, y a la cual entregó un informe de las investigaciones y esclarecimiento de delitos en el marco del paro nacional, que se realiza desde el pasado 28 de abril en contra del Gobierno.

"Fue una reunión muy importante, muy trascendente, la Fiscalía General de la Nación entregó además todo el balance que se ha realizado en el marco de las manifestaciones que se han hecho en Colombia y el trabajo judicial que tiene el ente acusador en este país", dijo Barbosa en declaraciones a la prensa al final del encuentro.

La comisión escuchó el informe de Barbosa y de la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, quienes explicaron las diferentes líneas investigativas que realiza el ente acusador con relación a las manifestaciones violentas que se han cometido durante este periodo.

"Para nosotros es tremendamente importante esta visita, respetamos profundamente el sentido y la importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que hace parte por virtud de nuestro sistema constitucional, de nuestro sistema de respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos, de los parámetros que tenemos nosotros como colombianos para fortalecer el Estado de Derecho y fortalecer los derechos fundamentales", agregó Barbosa.

Por su parte, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, agradeció al fiscal general la información que le fue suministrada a la comisión.

"Quiero agradecer al fiscal Barbosa y a todo su equipo por toda la información que nos han dado. Hemos tenido una reunión muy importante donde recibimos muchísima información que sin lugar a duda va a ser muy importante para toda la labor de monitoreo que hace la Comisión, como también para el objetivo de nuestro trabajo", dijo Urrejola a la prensa, junto a Barbosa.

Más temprano, la delegación se reunió con la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, para atender una sesión privada solicitada por el Gobierno para informar sobre la situación en el país como consecuencia del paro nacional y los actos de vandalismo surgidos al margen de este.

La CIDH llegó en las últimas horas a Colombia para iniciar una visita hasta el 10 de junio a las ciudades de Cali, Popayán, Tuluá y Buga —todas en el suroeste del país y que son las más afectadas por los actos de vandalismo en el marco del paro—, en donde sostendrá reuniones con autoridades locales y la sociedad civil para conocer sus versiones de lo ocurrido y las denuncias sobre violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública.

La comisión que visita Colombia está liderada por Urrejola e integrada por los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón.

Asimismo, cuenta con el apoyo de la secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum; la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido; el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y por personas del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva.

Según denuncias de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, una organización defensora de derechos humanos, entre el 28 de abril y el 4 de junio al menos 77 personas murieron durante las protestas en Colombia, 34 de ellas a manos de efectivos de la Fuerza Pública.

Además, 1.246 civiles han sido heridos, de los cuales al menos 74 sufrieron lesiones oculares, mientras que suman 87 los casos de personas heridas por armas de fuego.

Los datos, que fueron revelados el 6 de junio, muestran además que en poco más de un mes de paro se ha detenido de manera arbitraria al menos a 2.808 personas y se ha cometido violencia de género contra 106 personas.

Por su parte, la Fiscalía informó el 31 de mayo en un comunicado que recibió reportes de 48 muertes en las protestas, y que las pruebas dan cuenta de que 20 de ellas tienen nexo directo con las manifestaciones, hay nueve fallecimientos en proceso de verificación y en 19 "hay evidencia suficiente de que no guardan vínculo con las movilizaciones".

Ante las denuncias de abusos por parte de la Policía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza publica.

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