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El Gobierno boliviano pide que Áñez y su gabinete declaren en caso de corrupción

© AP Photo / Juan KaritaJeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia
Jeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 31.05.2021
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LA PAZ (Sputnik) — El Ministerio de Justicia de Bolivia pidió a la Fiscalía que cite a declarar a la expresidenta Jeanine Áñez y a todo su gabinete ministerial, por el caso de corrupción abierto contra el exministro Arturo Murillo, detenido desde la semana pasada en Miami (EEUU, sureste).
"La compra de gases lacrimógenos con sobreprecio millonario en plena pandemia fue justificada con tres decretos supremos que fueron firmados por Jeanine Añez y su gabinete ministerial. Solicitamos a la Fiscalía General del Estado que los convoque a declarar", anunció el ministro de Justicia, Iván Lima.
El gobierno transitorio de Áñez (noviembre 2019-noviembre 2020) es responsable de la operación que autorizó a sus exministros Murillo, de Gobierno, y Luis Fernando López, de Defensa, afirmó Lima arguyendo normas constitucionales, leyes y decretos en vigencia.
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Murillo fue arrestado tras una investigación del FBI sobre lavado de dinero en bancos estadounidenses en el que se habría movido parte de los casi 2,4 millones de dólares del supuesto sobreprecio en la compra de materiales antidisturbios para la policía, objeto de los procesos judiciales en curso.

Proceso doble

"Lo que se está investigando en Estados Unidos, es dónde termina el dinero mal habido, dónde terminan las coimas, dónde está el beneficiario. Lo que investigamos en Bolivia y, con resultados contundentes, es que existió un sobreprecio", dijo Lima.
Explicó que ese sobreprecio implicó la contratación de una empresa intermediaria innecesaria y el pago de un precio final de 5,6 millones de dólares "muy superior" al que habían pagado poco antes, por los mismos productos, los Gobiernos de Ecuador y Venezuela.
Lima sostuvo que la eventual responsabilidad penal de Murillo, quien se había refugiado en Estados Unidos al concluir el pasado gobierno transitorio, y de López, actualmente en paradero desconocido, afectaría a Áñez y todo su gabinete porque los dos exministros actuaron al amparo de tres decretos supremos.
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"La Constitución establece en su artículo 165, parágrafo II, que las determinaciones adoptadas en Consejo de Ministros son de responsabilidad solidaria. La señora Añez y sus excolaboradores deben explicar ante la Fiscalía General las razones y circunstancias de la aprobación de los decretos", dijo.
Añadió que "sin intervención de la señora Áñez y su gabinete, esta situación, la corrupción, no habría podido darse.
Estos argumentos fueron repetidos en el memorial que la viceministra de Trasparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, presentó poco después a la fiscalía de La Paz formalizando el pedido de citación a Áñez y su gabinete.
El documento señaló además que los decretos cuestionados autorizaron en favor de la Policía un procedimiento de compras directas exclusivo de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia.
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El requerimiento señala que, además de Áñez —quien está detenida desde marzo en La Paz por otra causa—, Murillo y López, deben ser citados a declarar los otros 16 ministros que firmaron los decretos sobre los materiales antidisturbios.
Esos exministros son Karen Longaric, Yerko Núñez, Carlos Díaz, José Luis Parada, Rodrigo Guzmán, Wilfredo Rojo, Iván Arias, Carlos Huallpa, Álvaro Coímbra, Oscar Mercado, Aníbal Cruz, María Elva Pinckert, Virginia Patty, Mauricio Ordóñez, Roxana Lizárraga y Milton Navarro.
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