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Los indultos de la discordia o por qué el perdón de Pedro Sánchez al secesionismo molesta tanto

© Europa Press / E. Parra. PoolPedro Sánchez, atendiendo a preguntas sobre la crisis con Marruecos durante una sesión de control
Pedro Sánchez, atendiendo a preguntas sobre la crisis con Marruecos durante una sesión de control  - Sputnik Mundo, 1920, 27.05.2021
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¿Indultar o no indultar a los presos catalanes del 'procés'? Esa es la cuestión difícil a la que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez, que a pesar de la negativa del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, parece dispuesto a hacer historia le pese a quién le pese en aras de la convivencia y la pacificación. ¿Cuál será el precio que tendrá que pagar?
Acaba de comenzar una nueva etapa en Cataluña. Con la reciente investidura in extremis de Pere Aragonés y la vuelta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a la presidencia de la Generalitat 41 años después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un giro inesperado a su política de convivencia y ha acelerado un proceso, el del diálogo por el entendimiento con el independentismo catalán, enquistado en el tiempo.
Urgen soluciones de consenso social y para ello, el presidente está dispuesto a utilizar la figura del indulto parcial a los 12 condenados del procés, nueve de ellos en prisión desde hace más de tres años. La medida no ha dejado indiferente a nadie y ha suscitado polémica en todos los bandos. El debate está servido, la noticia asegurada y Pedro Sánchez expuesto a todo tipo de críticas, tome la decisión que tome, porque si hay una sola certeza con el asunto catalán, es que la confrontación y la diversidad de opiniones son la tónica irrefutable.
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En cristiano, nunca llueve (ni lloverá) a gusto de todos y la polarización salvaje de la política española y catalana alcanza su máximo esplendor en los asuntos de morbo sine qua non como este.
Sobre los polémicos indultos, Pedro Sánchez ya ha dicho que tomará su decisión teniendo "muy presente valores constitucionales como la concordia, el entendimiento, la superación de la crisis y el encuentro", y añade: "lo que para mí no son principios constitucionales son la venganza o la revancha".
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El Ejecutivo quiere acelerar la visita oficial a La Moncloa del nuevo presidente de la Generalitat y retomar la mesa de diálogo entre las partes. La última vez que se reunieron fue hace 15 meses, cuando el mundo era otro antes de una pandemia mundial.
Sostiene el Gobierno, además, ante la avalancha (y solo es el comienzo) de críticas que ya han llegado por parte de la derecha española y de los sectores más conservadores, que el indulto, al contrario que la amnistía que reclaman los independentistas y que rechaza el Ejecutivo por inconstitucional, no anula el delito, sino que perdona la parte de la pena que queda por cumplir y seguramente quedaría vigente la inhabilitación política de los presos para ejercer cualquier cargo público cuando estén en libertad.
En cualquier caso, el Gobierno se está preparando para tomar una de las decisiones políticas más difíciles de toda la legislatura y sin duda, ha acelerado su decisión la inestabilidad interna que vive el propio Ejecutivo con una coalición con Unidas Podemos llena de luces y sombras y un nuevo gobierno independentista en Cataluña que se sostiene con alfileres. Nadie descarta que pudieran celebrarse elecciones anticipadas en esta comunidad autónoma antes del fin de la legislatura por divergencias entre los socios.
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Pero, aparte de eso, ¿por qué ahora y no en otro momento? ¿Por qué Pedro Sánchez ha decidido dar el paso y liarse tremenda manta a la cabeza?

¿Por qué el indulto ahora?

Ahora la palabra indulto copa los principales titulares de la prensa española, pero en realidad no es una cuestión que se acabe de poner sobre la mesa. En realidad, fue el 23 de septiembre de 2020 cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció el inicio de tramitación de los indultos a los presos del procés, condenados por sedición y malversación a penas de cárcel de entre 9 y 13 años por la organización ilegal del referéndum de autodeterminación unilateral de Cataluña el 1 de octubre de 2017.
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La ley del indulto, que es de 1870, no establece en cuánto tiempo la justicia debe determinar si se concede o no, pero sí se sabe que los distintos informes previos que se requieren (como el recientemente en contra emitido por el Tribunal Supremo del que hablaremos más adelante en este artículo) hacen que el plazo se alargue una media de cuatro meses. A día de hoy, el trámite sigue encallado y tras el informe negativo del Supremo, los casos deberán resolverse en última instancia en el Consejo de Ministros.
En el último semestre de 2020, el Ministerio de Justicia tramitó un total de 1.664 expedientes de indulto de los que solo se concedieron 18, lo que supone poco más del 1% del total. Todos fueron indultos parciales y habían contado con informes favorables.
Para David Bondía, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Barcelona, que el tema de los indultos esté sobre la mesa como un asunto urgente es positivo en la medida en la que cree que "el conflicto se tiene que desencallar de alguna manera y esta es la manera de desencallarlo. Con los presos dentro de la cárcel no hay solución posible. Si no es ahora no será nunca. Con Junts al frente, que es más radical que ERC, habría sido imposible una negociación", explica en entrevista con Sputnik.
El experto explica que desde dentro de Cataluña, la sociedad entiende que la situación con los presos del procés es un asunto que no tendría que haberse judicializado y por lo tanto, y a pesar de la divergencia de opiniones, hay un consenso sobre la necesidad de su vuelta a la política. "Primero el indulto y después la mesa de diálogo", sostiene.
Sobre cuáles cree que serían los siguientes pasos en el supuesto de la conformación de una nueva mesa de negociación, el profesor de Derecho Internacional cree que podría llegarse a un acuerdo de referéndum pactado no vinculante de autodeterminación.
"La vía unilateral no tiene ningún sentido y el derecho internacional no reconoce el derecho a la autodeterminación de Cataluña. El derecho internacional reconoce la libre autodeterminación de las colonias y de territorios donde haya graves violaciones de DDHH. No es el caso de Cataluña en ninguno de los dos supuestos".
Bondía aplaude la decisión de Sánchez y la considera de "un hombre de estado que sabe hacer política".
Por su parte, para Jordi Pacheco, decano del Colegio de Profesionales de la Ciencia Política y de la Sociología de Catalunya, preguntado por esta agencia sobre por qué el asunto de los indultos en Cataluña parece coger velocidad justo ahora, sostiene que se trata de una cuestión de estrategia política y también de necesidad y supervivencia.
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"La mayoría parlamentaria con la que Pedro Sánchez se apoya a nivel de Estado incluye a los partidos independentistas, así que algo les tiene que dar porque si no corre el riesgo de que le quiten su apoyo. Los indultos es lo mínimo que les puede dar, lejos de la amnistía o la autodeterminación, que son las máximas de estos partidos catalanes", explica. "Lo segundo es que hay una fractura constitucional en Cataluña y hasta que eso no se trate con madurez el problema va a persistir continuamente y hasta que no se solucione será muy difícil la gobernanza", concluye el politólogo.

El Supremo dice no, ¿y ahora qué?

El Tribunal Supremo ha emitido un informe en el que rechaza por completo conceder cualquier tipo de indulto a los presos del procés al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública para su concesión. Los magistrados consideran que las penas por las que fueron condenados son proporcionadas y que además "no hay la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento".
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"Esto va a dar munición a la derecha española y a la oposición al Gobierno y lo van a aprovechar al máximo para desgastarle", sostiene Jordi Pacheco. "Un informe jurídico nunca es determinante, pero sitúa a la persona que toma la decisión, en este caso el Ejecutivo, bajo una presión enorme", añade.
Sin embargo, la decisión del Supremo ya augura una batalla entre la justicia y el Ejecutivo poniendo de manifiesto, una vez más, que la separación de poderes en España es una ilusión. La cuerda puede tensarse hasta límites todavía peores, porque si a pesar de este informe negativo, el Gobierno finalmente aprueba algún indulto, deberá ser otra sala, en este caso la Sala Tercera del Supremo, la que deba pronunciarse y podría anularlos, un escenario que, en caso de darse, no sería en absoluto descartable lo que daría lugar a una situación de desastre político generalizado.
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En la decisión del Supremo para manifestarse rotundamente en contra de los indultos a los presos catalanes ha influido, sin duda, la idiosincrasia ideológica de los jueces que lo conforman. De los seis magistrados encargados de la elaboración de este documento, cinco fueron colocados por el PP y posteriormente elegidos por el CGPJ. Un dato no menos relevante para entender el porqué de la cuestión: uno de esos cinco jueces conservadores es también miembro del Opus Dei.

Hemeroteca de indultos: ¿por qué a otros sí y a estos no?

El Supremo sí emitió un informe favorable en 1993 para indultar al golpista Antonio Tejero, a pesar de que tampoco había manifestado arrepentimiento. Lo hizo por "convivencia política". Otros indultos famosos de la democracia española fueron los concedidos al exministro José Barrionuevo o al exsecretario de Estado Rafael Vera, impulsores de los GAL, por el secuestro de Segundo Marey.
Si atendemos a los últimos gobiernos, los datos hablan de que José María Aznar concedió 139 indultos, José Luis Rodríguez Zapatero 62 y Mariano Rajoy 16. La mayoría de ellos a condenados por delitos de malversación y prevaricación.
El año 2000 es el año en el que más indultos se han concedido y llama la atención que sobre todo se dieron medidas de gracia ante delitos de corrupción (un total de 70). El ministro de Justicia de Aznar, Ángel Acebes, firmó 1.328 indultos en un solo consejo de Ministros.
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Para el decano de Colegio de Profesionales de Barcelona, Jordi Pacheco, los indultos terminarán concretándose, pero que no llegarán de manera inmediata sino que el Gobierno esperará unas semanas para su aprobación "y mantener contentos a los partidos independentistas" y a los sectores más críticos del PSOE.
El experto pone sobre la mesa otra cuestión poco mencionada, pero muy importante de puertas catalanas para adentro. "¿Qué va a pasar con las otras más de 3.000 personas que tienen problemas judiciales como consecuencia del procés? No son los líderes políticos conocidos, pero son activistas, políticos de menor nivel y trabajadores enjuiciados por la misa causa. ¿Les van a tener en cuenta?", se pregunta.
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