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Adolescentes presos en Uruguay: más encierro y angustia durante la pandemia

CC BY-SA 2.0 / Nic McPhee / RenditionRejas de la cárcel
Rejas de la cárcel - Sputnik Mundo, 1920, 27.05.2021
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Más encierro, más angustia y más conflictos violentos. Esos son los dramáticos efectos de las medidas que las autoridades uruguayas tomaron contra el COVID-19 en los centros de reclusión de adolescentes, según un reciente informe.
Hasta abril de 2021, en Uruguay había 296 adolescentes recluidos en 14 cárceles administradas por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). La abrumadora mayoría son varones —hay menos de 10 mujeres— que están presos por delitos contra la propiedad, principalmente por rapiña.
Muchos de estos adolescentes transitan la pena privativa de libertad encerrados en sus celdas por hasta 22 horas al día, y ahora en pandemia, por más.
Desde que en marzo de 2020 el Gobierno uruguayo declaró la emergencia sanitaria en el país, el "encierro excesivo se agudizó y extendió" como medida de contención de COVID-19 en los centros de reclusión de adolescentes, advirtió la organización no gubernamental Servicio Paz y Justicia (Serpaj) en el informe Pandemia en la privación de libertad adolescente. La respuesta siempre es el encierro, realizado en colaboración con la Organización Mundial contra la Tortura, y publicado este 26 de mayo.
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Esto pese a que las cárceles del INISA estuvieron exentas de coronavirus hasta abril de 2021, cuando se contagiaron 37 adolescentes y 47 funcionarios.
"Los recursos y discursos estuvieron orientados a la aprobación de una norma regresiva y punitiva, a la reducción del presupuesto público destinado a la gestión de la privación de libertad y a la construcción de centros de máxima seguridad basados en el aislamiento", asegura Serpaj tras 16 visitas realizadas en 2020 y 2021 a las cárceles de adolescentes.
A diferencia de países de la región como Argentina, Brasil, Chile y Colombia que intentaron seguir las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, Uruguay no se esforzó "para reducir la cantidad de personas privadas de libertad ni para examinar y conceder la libertad a personas particularmente vulnerables al COVID-19".
Las autoridades del INISA optaron por vulnerar derechos fundamentales de los adolescentes y replicar una práctica institucionalmente arraigada: el encierro y aislamiento. También suspendieron las actividades educativas y recreativas que los adolescentes tenían en la cárcel, limitaron su acceso a la salud y redujeron su contacto con el exterior y sus familias.
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En consecuencia, aumentó "la conflictividad al interior de la mayoría de los centros", asegura Serpaj. Hoy los adolescentes están más angustiados, ansiosos, aburridos y vulnerables a las tensiones.

Cambiaron las leyes, aumentó la cantidad de adolescentes presos

Las garantías procesales de los adolescentes en conflicto con la ley penal también se vieron "fuertemente debilitadas" durante la pandemia. Serpaj señala tres causas principales:
El juicio abreviado
Tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (N°19.889) en julio de 2020, comenzó a funcionar el proceso abreviado para adolescentes. Según la Fiscalía General de la Nación, se trata de un juicio donde "el tiempo y los pasos en la tramitación se simplifican de forma significativa" en comparación al juicio oral, porque los imputados aceptan las acusaciones, y a cambio el fiscal puede disminuir hasta en una tercera parte la pena que habría solicitado en un juicio oral.
Serpaj encontró que muchos adolescentes privados de libertad que atravesaron un proceso abreviado fueron condenados "con sentencias que no cuentan con una asesoría adecuada". Además, observó "con preocupación el absoluto desconocimiento de los adolescentes sobre el proceso, y las implicancias de la sentencia".
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Según la Fiscalía, desde julio del año 2020 hubo 366 procesos abreviados de adolescentes, de los cuales 97 fueron resueltos con prisión (el 26,5% del total). Las cifras representan un "aumento inmediato a la promulgación de la Ley N°19.889", advierte Serpaj.
Otros cambios normativos que introdujo la Ley N°19.889 señalados por la organización refieren al aumento de penas de los delitos más comunes y la reducción de medidas no privativas de libertad.
Cierre de juzgados especializados
El decreto 90/020 de marzo de 2020 estipuló el cierre de dos de los cuatro juzgados especializados en penalidad de niños, niñas y adolescentes, localizados en Montevideo.
El sistema Judicial no ha sido considerado servicio esencial
Ante los brotes de COVID-19 y la exhortación a la no presencialidad en los lugares de trabajo, se han establecido ferias judiciales que enlentecen y reducen el trabajo en juzgados y en Fiscalía.
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