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Senado brasileño estrecha el cerco alrededor de Bolsonaro

© REUTERS / Adriano MachadoJair Bolsonaro, presidente de Brasil
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 21.05.2021
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El relator de la comisión del Senado brasileño que investiga posibles delitos cometidos por el Gobierno durante la pandemia, Renan Calheiros, repite cada mañana antes de empezar sus interrogatorios: el objetivo es averiguar si hubo "genocidio" en Brasil y quiénes son los responsables de que se acumulen casi 450.000 muertos por COVID-19.
No es tarea fácil. Hasta ahora los senadores han tenido que lidiar con un goteo incesante de mentiras, contradicciones e incongruencias, un maremágnum de información donde es muy fácil perderse.
Así que vamos por partes. Hasta ahora la comparecencia más importante fue la de Eduardo Pazuello, ex ministro de Salud, fiel al presidente en los últimos meses. Se esperaba que se mantuviera en silencio, pero sorprendió a todos respondiendo a las preguntas en un tono altivo y desafiante. El propio Calheiros, atónito con su desenvoltura a la hora de reinterpretar la realidad, tardó un día en aparecer con una lista con las 15 principales mentiras del exministro.
Resumiendo, Pazuello dijo que Bolsonaro nunca le dio órdenes de ningún tipo, cuando meses atrás se hizo célebre la frase "uno manda, el otro obedece". Lo dijo después de que el presidente le ordenara rescindir el contrato entre el Ministerio de Salud y las vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Sinovac. Bolsonaro ya lo había advertido en Facebook: Vacunas chinas, ¡jamás!
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Al boicot a las vacunas chinas —que al final fueron las mayoritarias en Brasil gracias al acuerdo al que llegó el Gobierno de Sao Paulo (sudeste)— se sumó la indiferencia hacia Pfizer, que se pasó meses ofreciendo al Gobierno 70 millones de dosis. Al parecer, nadie respondía los correos electrónicos. Si el contrato se hubiera firmado el año pasado, podrían haberse salvado miles de vidas.

Blindar al presidente

Las poco convincentes explicaciones del exministro exasperaron a los senadores, pero el objetivo fue claro: asumir toda la responsabilidad y blindar a Bolsonaro. Así lo cree el médico y abogado sanitarista del Centro de Investigación en Derecho Sanitario de la Universidad de Sao Paulo (USP) Daniel A. Dourado.
"Hasta ahora la estrategia del Gobierno ha sido muy bien articulada para aislar a Bolsonaro de cualquier responsabilidad. Pazuello llegó a decir que el presidente tenía dos personas públicas, una en las redes sociales, que hace el discurso para la base, y otra administrativa, que no dio ninguna orden (para dejar de comprar vacunas). Claramente, la estrategia es dejar a Bolsonaro fuera", afirmó en declaraciones a Sputnik.
La comisión de investigación, formada mayoritariamente por senadores independientes o de la oposición, terminará con la redacción de un informe final que apuntará a responsabilidades políticas. Ese texto puede ser la base para eventuales denuncias por parte de la Fiscalía. En última instancia, podría servir para acusar a Bolsonaro de diversos delitos de responsabilidad, la base legal necesaria para abrir un proceso de juicio político.
Sin embargo, todo ese horizonte parece al día de hoy muy improbable. La principal misión de la comisión del Senado es otra, apunta Dourado, desgastar al Gobierno poco a poco.
"Históricamente, estas comisiones tienen el papel de informar a la población. Cosas que ya sabíamos aparecen de nuevo todo el tiempo en la televisión y en los periódicos, se concentra en pocos días lo que pasó en más de un año", señala.

Escaparate electoral

En estos días no es extraño ver a los brasileños agolpados frente a las pantallas de los bares observando con atención las larguísimas sesiones de interrogatorios en el Senado. Los políticos saben que los focos están puestos en ellos, y la comisión se ha convertido también en un escaparate para lucirse de cara a las elecciones de 2022.
No obstante, no hay que perder de vista la importancia las posibles consecuencias jurídicas para los implicados en la crisis sanitaria que vive el país. Tres investigadores de la Facultad de Salud Pública de la USP están ultimando un estudio que sostiene que hubo "empeño y eficiencia en la actuación del Estado en favor de la amplia diseminación del virus en el territorio nacional, declaradamente con el objetivo de retomar la actividad económica lo más rápido posible a cualquier coste".
El trabajo no se basa en las declaraciones estrafalarias de Bolsonaro, sino en más de 3.000 actos normativos del Gobierno publicados desde el inicio de la pandemia. La comisión del Senado analizará esas informaciones, que podrían ser de vital importancia para demostrar que el Gobierno se esforzó para que el virus avanzase rápidamente.
No son pocos los que creen que en un futuro no muy lejano, Bolsonaro podría sentarse en el banquillo de la Corte Penal Internacional de la Haya, donde ya ha sido denunciado en varias ocasiones.
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