Gobierno colombiano advierte de "noticias falsas" en cifras de muertes en protestas

BOGOTÁ (Sputnik) — Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Colombia utilizan información "falsa" sobre el número de muertes ocurridas en el marco de las protestas en el país, que hasta ahora son 15, según la Fiscalía, y no 50 como dicen las ONG, afirmó en entrevista con Sputnik el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte.

"Uno de los grandes temas y aprendizajes de este proceso de movilización social es que muchas veces utilizan información para desacreditar, para desinformar o para generar noticias falsas", afirmó, e indicó que "esa información ha salido por parte de organizaciones no gubernamentales".

El ministro subrayó que la Fiscalía General de la Nación "es la única entidad oficial que puede emitir cifras" sobre ese tipo de víctimas.

— ¿Cómo explicaría la situación que atraviesa Colombia?

Hoy tenemos una situación muy especial. Pero no es netamente colombiana, es un tema que vive América Latina desde el año 2019, donde varios países sufrieron manifestaciones sociales, que tienen que ver con algunos inconformismos. El Gobierno del presidente (Iván) Duque siempre ha actuado en tres dimensiones: primero proteger los derechos de aquellos que no marchan, segundo proteger la manifestación pacífica y dar espacios de diálogo y discusión en construcción, tercero cuando han sucedido hechos de vandalismo, que son separados a la protesta pacífica, por supuesto actuar para evitar que afecte los derechos de otros colombianos.

— ¿Usted está diciendo que esta situación que está viviendo Colombia es muy parecida a la que sucedió en Chile en 2019?

Sí, viene dentro de la misma tendencia. De hecho, en Colombia en 2019 también hubo varias manifestaciones en torno a diferentes inconformidades sociales y también estuvo el Gobierno desarrollando diálogos y conversaciones, pero también se presentó el fenómeno de vandalismo y destrucción de ciertos hitos institucionales, como el sistema de transporte público y una violencia que por supuesto afecta a la sociedad.

— ¿Qué expectativas tiene el Gobierno de la próxima reunión con el Comité del Paro, mañana, tras el fracaso de la anterior?

En Colombia tenemos un Gobierno democrático. El presidente Duque ha sido elegido por voto popular, se respeta las instituciones y lo que estamos haciendo como fuerza pública es garantizar la protección de los derechos de quienes no están marchando y de quienes sí lo están haciendo o están en estas negociaciones, vamos a garantizarle toda su posibilidad de realización tanto de las manifestaciones como las negociaciones. Esa ha sido la disposición del presidente Duque, nuestra fuerza pública está apoyando allí, es un proceso que viene, pero lo que tenemos como sociedad, todos, en vez de estar discutiendo quiénes son afectados en un lado u otro, deberíamos construir hacia el futuro, no enfocarnos en el odio en el pasado, sino como sociedad encontrar una reconciliación y construir hacia el futuro y ese diálogo tiene que permitir un ejercicio conjunto para construir hacia el futuro.

— ¿Cuáles cree que son los intereses que están detrás de las marchas y especialmente de los actos de vandalismo?

Creo que hay dos temas que deberían ser claramente diferenciados. Las manifestaciones pacíficas tienen un interés de discutir temas esenciales, sobre todo muy importante el de la juventud. Lo que hemos visto con los jóvenes es una manifestación pacífica real frente a grandes preocupaciones, el tema del empleo es vital, el tema de la educación superior, en las cuales el Gobierno ya ha hecho propuestas de educación gratuita, en avanzar también en unos incentivos de generación del primer empleo de los jóvenes, ahí hay unas manifestaciones pacíficas, además de otros temas.

Pero el vandalismo sí tiene otro interés, detrás de él hay un esfuerzo sistemático, programado y planeado para que se afecte la estabilidad y la tranquilidad de algunas regiones. De hecho, en ciudades como Cali (suroeste) lo que vimos es que sistemáticamente el vandalismo destruyó la gobernación, destruyó la alcaldía, la Procuraduría, la Fiscalía, afectó los sistemas de transporte público en varias ciudades, 1.999 vehículos de transporte publico han sido afectados, 163 estaciones de servicio público, 89 estaciones de gasolina e inclusive también ha habido afectación en la misma Policía. Esa violencia de ese vandalismo y de esos disturbios ha afectado a civiles y a policías. Nosotros lo lamentamos profundamente porque no debería de haber ese tipo de violencia y lo que tenemos que hacer como fuerza pública con policías y con acompañamiento del Ejército es buscar garantizar el orden y la seguridad allí en donde hay un grave afectaciones a la seguridad.

— ¿Quiénes cree que son los que están detrás de estos intentos de desestabilizar?

En el caso de Cali y de alguna otra ciudad que ha sido vinculada, tenemos dos o tres capturas que evidencian que hay una relación con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que es un grupo narcocriminal, alias Lerma fue capturado. Estuvo en Cali planeando ataques sistemáticos de vandalismo inclusive utilizando armas, que habían sido robadas a la fuerza pública para inculparla en actos casi que terroristas. En segundo término, otra captura de otro integrante de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y estaría detrás de los actos vandálicos y de los usos de redes sociales para instigación a la violencia.

— ¿Considera que la reunión de mañana con el Comité Nacional del Paro se podría ver afectada por las marchas que se celebran hoy?

Toda movilización la acompaña nuestra fuerza pública en la medida que sea una marcha pacífica, esperamos que se dé, así como debería darse con todo el proceso que se está dando a nivel nacional, mañana los diálogos están establecidos, hay una delegación especial designada por el presidente de la República con Miguel Cevallos como alto comisionado para la paz y otro grupo de los más importantes ministros, encargados de poder profundizar ese diálogo. A veces esos diálogos no son fáciles, pero en un momento de coyuntura como esta, toda la sociedad debería estar rodeando que esos diálogos avancen a pesar de las dificultades y las diferencias, y que garanticen que el país siga funcionado.

Lo que es claro es que cuando se presentan bloqueos, afectando abastecimiento de ciudades como Cali, cuando impidieron hace un par de semanas que una madre con su bebé llegaran en el tiempo adecuado al hospital para dar a luz, eso no debería de suceder en un bloqueo, o cuando esos bloqueos que tenemos hoy en el puerto de Buena Aventura afectan a una ciudad como Cali porque no están dejando entrar los alimentos, oxígeno, medicamentos y vacunas contra el COVID-19, no debería de existir, debería darse un diálogo amplio.

— ¿Cómo se están organizando las fuerzas de seguridad, entre ellas las militares, para estas movilizaciones?

Nosotros tenemos en Colombia la Policía, que es la encargada del manejo de las manifestaciones pacíficas y todos aquellos actos de convivencia ciudadana. Tenemos un despliegue de más de 40.000 policías acompañando a todas las ciudades del país. En este periodo de tiempo se han desarrollado más de 8.000 actividades de manifestaciones, entre movilizaciones, bloqueo, marchas, en más del 85% de ellas se han hecho de forma pacífica y las ha acompañado la fuerza pública. En los municipios donde se han realizado disturbios, la fuerza pública tiene un grupo especial que se denomina el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) que interviene para restablecer la tranquilidad porque esos disturbios afectan los derechos de los demás.

— El 19 de mayo el Congreso aprobó debatir una moción de censura en su contra por la represión contra manifestantes. ¿Qué piensa sobre esto?

Nuestra responsabilidad como funcionarios públicos y estando en una democracia como la colombiana, donde hay un Gobierno elegido por el pueblo y donde el Congreso es un poder independiente, es siempre rendir y hacer parte el control político que hace el Congreso de la República y estaremos allí presentado los avances y los retos de lo que hemos tenido durante este período de tiempo las manifestaciones y también frente a las actuaciones frente al vandalismo. Hicimos un trabajo muy articulado con los policías y militares de Colombia para garantizar los derechos de todos aquellos que no marchan, para garantizar que las marchas pacíficas se den y allí donde se han cometido actos irregulares que hacen individuos que no están de acuerdo con el orden establecido, pues hemos buscado actuar y eso es lo que vamos a presentarle al Congreso de la República.

— El Gobierno reconoce 24 muertes en el marco de las protestas, mientras que organismos de derechos humanos hablan de más de 50. ¿Por qué cree que existe esta diferencia en las cifras?

Precisamente uno de los grandes temas y aprendizajes de este proceso de movilización social es que muchas veces utilizan información para desacreditar, para desinformar o para generar noticias falsas. Lo más importante es que ha habido ciudadanos afectados por la violencia que genera ese vandalismo y eso son más de 700 ciudadanos que se han visto afectados, la verdad que son 929 civiles, lo mismo ha sido con los policías, 966 policías lesionados. Ninguno de los dos deberían de haberse visto afectados por esa violencia y por eso buscamos restaurar el orden y la tranquilidad.

En el caso de las cifras oficiales, porque es muy importante, aquí hay una entidad que es la Fiscalía General de la Nación, quien es la única entidad oficial que puede emitir los conceptos relacionados con el tema de personas que son buscadas o homicidios. La Fiscalía establece claramente que en el caso de homicidios hay especialmente 15 casos que están relacionados con las protestas, 4 de ellos donde está involucrado la policía, los otros 11 casos están en investigación y es a ella quien nosotros como Policía y la fuerza pública está entregándole la información y ha desarrollado todos los procesos necesarios para que se conozca y es la única fuente oficial de esa información.

— ¿Usted está diciendo que la diferencia de muertes que existe es porque se están generando noticias falsas?

Claro. Esa información ha salido por parte de organizaciones no gubernamentales u otras que tienen esa información, pero todo se ha encontrado en una mesa especial donde está la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal que son las fuentes oficiales donde se analizan este tipo de hechos.

— ¿Su cartera está investigando presuntos abusos?

En este caso particular todo el tiempo la disposición de la Policía es actuar con estricto apego a los derechos humanos. Lo hemos hecho antes. Inclusive hace unos meses lanzamos una política de formación de derechos humanos para la Policía, Ejército y para la formación de las escuelas de la Armada y de la Fuerza Aérea, y por supuesto se revisan todos los protocolos que se aplican en los procedimientos policiales, cuando hay actos irregulares individuales se han abierto investigaciones en este período de tiempo, ya son 142 investigaciones en este caso y hay algunas que están relacionadas con agresiones físicas, por abuso de autoridad y en otras conductas también que están siendo investigadas no solo por el caso al interior de la Policía sino algunas de ellas han sido asumidas por la Procuraduría General de la Nación y por la Fiscalía, que son entidades independientes.

— ¿En qué se basa el Gobierno para hablar de infiltrados o de guerrilleros en las movilizaciones?

En el caso de Cali, de Bogotá, donde ha habido las mayores manifestaciones de violencia, han habido tres capturas, de alias Lerma que es un miembro del ELN, que es un grupo narcocriminal, la evidencia señala que Lerma que ya había estado en ese grupo quedó en libertad y volvió a ser capturado, tiene un nexo real con el ELN y adicionalmente instigó y desarrolló varias de las acciones de vandalismo, que se presentaron ataques institucionales, lo mismo con Jacobo que es de las disidencias de las FARC.

— Uno de los principales pedidos es reformar la policía y el ESMAD; ¿el Gobierno aceptaría ese reclamo?

Por supuesto toda entidad pública y toda fuerza pública siempre es posible buscar su mejoramiento y lo que ha venido haciendo el Gobierno de Colombia y la Policía es la búsqueda de mejoras. Se hizo antes con la introducción de varias mejoras para introducción formación en derechos humanos, lo estamos haciendo ahora inclusive. Hace un mes y medio presentamos un proyecto al Parlamento de profesionalización de la Policía, que implica que haya certificación en competencia en el uso de la fuerza, en procedimientos policiales, en servicio del ciudadano, además estamos en cronograma de presentar un proyecto sobre un nuevo régimen disciplinario de la Policía, además de un cambio de la estructura y funcionamiento de la Policía para articular el tema de derechos humanos. Lo que creemos es que todas las entidades siempre son perfectibles y siempre deben estar en un proceso profundo de mejoramiento.

— ¿En qué estado se encuentran las denuncias de organizaciones de mujeres sobre casos de violencia sexual por parte de la Policía y qué piensa hacer el Gobierno respecto a estas situaciones?

El Gobierno cuando han sucedido, como el caso de Alison, inmediatamente conoció el caso, ha actuado rápidamente. Le pidió a la Policía y el general responsable de ese cuerpo hiciera las declaraciones necesarias sobre los hechos que habían sucedido, estos hechos evidencian que ella había sido aprendida en uno de los disturbios y entregada a la unidad de la Fiscalía, nunca estuvo en una estación de Policía, inmediatamente sucedieron los hechos y se abordó una investigación y se está desarrollando por parte de la Fiscalía sobre la cual esperamos tener resultados lo más pronto posible y ante ello se ha entregado la información necesaria que ha requerido este ente de la justicia.

— Las disidencias de las FARC aseguraron que Santrich (exguerrillero de las FARC) fue abatido. ¿Puede confirmar esto el Gobierno de Colombia?

La información de inteligencia que tiene Colombia es que en una confrontación en Venezuela fue abatido alias Santrich con otro grupo de los criminales que lo acompañan a él. Esa es una información que está en verificación. Lo que evidenciaría que, si eso sucede en Venezuela, es claro que en Venezuela se está dando refugio a grupos de narcocriminales. Información adicional hasta que no se verifique no podría ser reportada por el Gobierno.

— En caso de que esto sea cierto, ¿qué acciones tomaría Colombia con respecto a Venezuela?

El Gobierno colombiano tiene clara una línea frente a Venezuela donde claramente establece que hay un régimen dictatorial que tiene relación con los grupos de narcotráfico y en ese momento a quien reconoce es al presidente (interino Juan) Guaidó.

— ¿En qué estado actual se encuentra la situación en la frontera con Venezuela y el accionar de los grupos armados disidentes?

Meses recientes lo que ha sucedido son hechos por Arauca (este), donde hubo confrontaciones de grupos de narcotráfico como es el caso de las disidencias de las FARC y Narcotalia y otros grupos, eso ha generado desplazamientos de población venezolana y colombiana que estaban al lado de la frontera. Lo que está claro es que en Venezuela el negocio del narcotráfico ha permeado la sociedad, a la fuerza pública, con la presidencia de grupo de criminales como las disidencias de las FARC y otras que han llegado. Además, es un país que se convirtió en grupo de narcotráfico para sacar aviones con droga hacia EEUU y Europa.

— ¿La presunta muerte de Santrich podría intensificar el conflicto con esos grupos?

Esa es una realidad que debe explicar el que conoce muy bien el régimen de Venezuela.

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