El Departamento de Justicia de EEUU investiga al gobernador mexicano de Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el Departamento de Justicia de EEUU envió una carta al Gobierno de su país informando de una investigación por lavado de dinero y una lista de presuntos involucrados, incluido el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

La misiva dirigida al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno mexicano, Santiago Nieto, informa de "una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos", en la cual se han identificado "operaciones financieras y viajes internacionales en EEUU, México y otros países", en la que aparece el gobernador de Tamaulipas.

El mandatario dio a conocer la carta, fechada el 4 de mayo, un día después de que la Fiscalía General de la República de México obtuvo una orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, quien es acusado por los delitos de "delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita".

El 11 de mayo, la Fiscalía informó que había recibido información del Departamento de Justicia sobre presuntas operaciones ilícitas del mandatario estatal, y dirigente del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), pero se desconocía la misiva que el jefe de Estado decidió leer en una conferencia de prensa.

El 30 de abril pasado, la Cámara de Diputados federal, con mayoría del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional y aliados, aprobó un dictamen para retirarle el fuero al gobernador.

Sin embargo, esa misma fecha el Congreso de Tamaulipas, en la que el PAN tiene mayoría, decidió desacatar la decisión y mantuvo la inmunidad parlamentaria que protege a los gobernantes, según la legislación mexicana.

El caso fue elevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la controversia fue desechada, dejando al gobernante en una especie de limbo jurídico.

La Fiscalía mexicana señaló que el gobernador, otras tres personas y empresas comerciales e industriales, están vinculados con "irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas".

López Obrador dijo que el caso del gobernador "lo tiene que resolver la Fiscalía y el Poder Judicial, no solo el juez que autoriza la orden aprehensión, sino la Suprema Corte, el Poder Legislativo, en especial el Senado de la República".

El mandatario subrayó que "la investigación está abierta", y rechazó ser el promotor de una "persecución política", como argumenta García Cabeza de Vaca y el PAN, partido que tiene la mayor bancada opositora en el Congreso federal.

López Obrador desestimó el desacato del Congreso de Tamaulipas, y asegura que ya carece de fuero el gobernador de ese estado fronterizo con EEUU, que tiene una extensa franja costera frente al Golfo de México.

Respuesta del gobernador

El gobernador respondió cerca de la medianoche del miércoles a las imputaciones de la Fiscalía mexicana afirmando que López Obrador usa la justicia para perseguir a opositores.

Una carta con membrete y escudo del Gobierno del estado de Tamaulipas, indica que "los motivos políticos son evidentes" detrás de la investigación.

"Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del Gobierno" del presidente.

Según García Cabeza de Vaca las acciones judiciales y legislativas en su contra ocurren cuando las preferencias electorales en las encuestas hacia los comicios legislativos y municipales del 6 de junio próximo desfavorecen al partido del presidente.

La carta de respuesta señala que "no es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno".

Antes de que la Fiscalía informara de la orden de arresto, el líder del oficialismo en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó la existencia de la orden de aprehensión contra el gobernante del estado norteño.

El gobernador afirma que mantiene su fuero constitucional como acordó el Congreso de Tamaulipas y ratificó la Suprema Corte, y que las decisión sobre su caso "se tomó en Palacio Nacional", sede del Poder Ejecutivo y residencia presidencial.

Una de las violaciones, según el acusado, es que se transgrede la "presunción de inocencia".

La orden federal de arresto "pasa por encima del federalismo, la Constitución y la Suprema Corte", con el objetivo de perseguir a un gobernador de la oposición, dicen los defensores.

El gobernador denuncia finalmente que la Fiscalía le ha negado acceso al expediente de la investigación en su contra, con lo cual sabotea a su defensa.