Indígenas de Colombia rechazan la orden de Duque de desplegar máxima capacidad de Fuerza Pública

BOGOTÁ (Sputnik) — La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) rechazó la orden dada en la noche del 17 de mayo por el presidente Iván Duque de desplegar en el país la "máxima capacidad operacional" de la Fuerza Pública para desbloquear las vías que permanecen obstaculizadas en el marco del paro nacional que inició el pasado 28 de abril.

"Rechazamos y denunciamos la orden dada en la noche anterior por el presidente Iván Duque a la Fuerza Pública para desplegar su máxima capacidad operacional contra la protesta social y para desbloquear vías del país, orden que a todas luces es violatoria de la Constitución Política", indicó la ONIC en un comunicado.

Según la ONIC, la medida también es violatoria "de derechos fundamentales como a la vida, la integridad física y moral de los manifestantes, libertad de reunión y asociación, libertad de expresión y protesta pacífica".

Asimismo, consideró que con la decisión el Gobierno desconoce "la profunda y estructural dimensión social del paro nacional y justifica, de facto, el uso excesivo de la fuerza y la violencia policial".

De acuerdo con la ONIC, "recuperar la movilidad no es una razón legal ni legítima para justificar las evidentes y documentadas violaciones a los derechos humanos generadas con la intervención de la Fuerza Pública en el estallido social que hoy vive el país", y señaló que a través de mesas de diálogo con la ONU, la Defensoría del Pueblo y las alcaldías se han habilitado corredores humanitarios que permiten el tránsito de misiones médicas, abastecimiento de alimentos y combustible, entre otros.

Por último, la ONIC instó a la Corte Constitucional a que en el marco de sus competencias "ordene el cese de la intervención del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía) y la desmilitarización de la protesta social".

Este 18 de mayo, Colombia cumple 21 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.

Sin embargo, las manifestaciones se han mantenido para exigir otras medidas al Gobierno, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz, y desmantelar las organizaciones criminales.

Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 han sido heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Además, se ha detenido de manera arbitraria al menos a 1.430 personas, se ha cometido violencia sexual contra 21 mujeres y hay más de 520 personas reportadas como desaparecidas, y buena parte de esos registros de han dado en Cali y en municipios vecinos.

En tanto, los últimos datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, difundidos el martes 11, informaban de 42 personas muertas durante las protestas, 41 civiles y un integrante de la policía.