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Indígenas embarazadas huyen en Argentina y la CIDH da una lección de cosmovisión

Pueblo de la comunidad wichi en Argentina - Sputnik Mundo, 1920, 14.05.2021
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Mujeres de una comunidad Wichi, uno de los pueblos originarios que habitan el norte argentino, estarían cursando sus gestaciones a escondidas por miedo a prácticas sanitarias autoritarias en la provincia de Formosa, una discriminación histórica empeorada por la pandemia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares.
Son indígenas integrantes del pueblo Wichi, son mujeres, están embarazadas y escapan del sistema sanitario para refugiarse en los montes, fuera de las poblaciones y en condiciones precarias para dar a luz en el norte argentino, en la provincia de Formosa. Acumulan desconfianza hacia las instituciones debido a años de experiencias negativas de sus comunidades originarias ante las autoridades locales. Ahora temen ser sometidas a cesáreas forzosas, ser separadas de sus bebés al nacer o ser discriminadas a raíz de polémicos protocolos implementados en la región para la pandemia.
"En esa coyuntura, hubo mujeres embarazadas que tuvieron que parir y, como el hospital [más próximo] estaba cerrado, las llevaron a 200 km de ahí. Además, hubo dos casos en que necesitaron llevar al niño a neonatología, para lo cual lo trasladaron a Formosa [capital de la provincia homónima]", dijo a Sputnik Berta El Gandur, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en Formosa.
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Desde el inicio de la pandemia en 2020, se implementaron en la provincia Centros de Aislamiento Sanitario (CAS), criticados por sus condiciones de infraestructura. El traslado de miembros de las poblaciones originarias generó mucha tensión con las autoridades que no les comunicaban la razón y organización de los procedimientos al momento. La falta de interlocutores ha dejado familias destrozadas por semanas, que desconocían el paradero y el estado de sus bebés durante toda su cuarentena.
En esos casos, los recién nacidos fueron trasladados sin la presencia de sus madres, en el marco del aislamiento obligatorio, y luego restituidos post tratamiento. Pero el terror se instaló y las mujeres comenzaron a refugiarse en sus territorios conocidos, fuera del sistema, para escapar de esas situaciones, ya que en las instituciones no les hablan en su idioma ni respetan sus tradiciones, como por ejemplo, el alumbrar en cuclillas en compañía de sus familiares.
"Hay que recordar que la provincia de Formosa no adhirió a la ley nacional de parto humanizado [que establece el derecho al parto natural, respetuoso de los tiempos naturales], entonces esto se traslada o tiene su repercusión en las prácticas médicas", destacó Cintia Herrera, abogada de APDH Formosa.
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La voz del derecho internacional

"Esto profundizó aún más la distancia que existe entre las comunidades originarias y el sistema de salud y la desconfianza que eso genera. La pandemia lo que hizo fue visibilizar y desnudar inequidades que vienen de larga data. En la salud sobra la buena voluntad pero falta más idoneidad y calidad en nuestras atenciones, donde se refleje un auténtico diálogo intercultural", comentó Alejandra Carrizo, secretaria de APDH Formosa y profesional de la salud.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 16 de abril de 2021 una resolución mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de siete mujeres indígenas wichi que se encontrarían cursando su embarazo escondidas, tomando en especial consideración su cosmovisión indígena, en el noroeste de Formosa.
La CIDH solicitó al Estado argentino que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las mujeres, que permanecen anónimas, y solicitó a quienes elevaron la intervención el aporte de la información necesaria para cumplir con la protección, sin que haya prejuzgamiento.
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Formosa, gobernada ininterrumpidamente desde 1995 por el político peronista Gildo Insfrán, es de las provincias menos densamente pobladas, menos extensas y menos desarrolladas del país, con una de las tasas de mortalidad infantil más altas, donde gran parte de las viviendas carece de agua potable y cloacas, y donde las poblaciones indígenas son históricamente excluidas.
Estas situaciones llevaron a reclamos populares de parte de las comunidades durante 2020 y principios de 2021, que fueron respondidas con el peso desmedido de las autoridades y la criminalización de la protesta, que llevó a encarcelamientos, hostigamientos y represión policial.
"Ante los traslados masivos a cualquier hora de la noche, sin brindarles información oportuna clara que ayude tomar decisiones, sin información sobre dónde trasladaron a sus familiares, sin saber cómo estaban, a veces no había buena provisión de agua en los centros de alojamiento preventivos, sentían que no eran escuchados, que eran ninguneados. Mucha gente protestó y eso fue tomado como amenaza", detalló Carrizo.

En medio a la infodemia

La problemática de las comunidades indígenas se vio tergiversada como consecuencia de verse envuelta en una polémica de tintes políticos. El pasado marzo, un medio de oposición tanto al Gobierno nacional como al provincial denunció que más de 80 mujeres de la comunidad se encontraban en estas condiciones y le adjudicó al Estado otras violaciones a los derechos humanos además.
"¿Hay prácticas arbitrarias que muchas veces son lesivas de la dignidad? Sí. ¿En el número que se dijo? No. ¿Hay secuestro de bebés? No. ¿Hay una aplicación masiva e intempestiva supuesta de parches subdérmicos para el control de la natalidad? No. Se ha construido un discurso y una noticia que lamentablemente viene a deslegitimar los reclamos reales", aclaró Carrizo.
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En respuesta, los Gobiernos acusaron de montaje mediático a la cobertura periodística, desmintieron que exista la posibilidad de un número semejante de embarazadas en el área, ostentaron las instalaciones de un hospital municipal de la zona y denunciaron que el canal habría pagado dinero en efectivo para obtener testimonios falsos. Esto empeoró el terror de las mujeres, ahora temerosas de posibles represalias ante esta acusación sin sustento.
"Consideramos importante separar la tergiversación de la información del testimonio de las mujeres, porque allí se expresaba mucha angustia completamente genuina, que necesita ser abordada por una mediación intercultural, con perspectiva de género, interseccional", enfatizó Herrera.
La asesora legal de la ONG añadió: "Esta matriz racista atraviesa todas las prácticas estatales, y eso se puede ver en el abordaje que hace el propio Poder Judicial: la procuración negó que hubiera violaciones a los derechos humanos y el dictamen firmado por cinco hombres desacreditó la voz y la palabra de las referentes indígenas".
El Censo Nacional de Población de 2010 en Argentina reveló la existencia de 50.419 wichis en todo el país, 14.472 en la provincia de Formosa, en su mayoría instalados en la zona oeste del distrito, fronteriza con la provincia de Salta, donde se registraron casi 20.000 miembros.
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