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La incertidumbre jurídica se adueña de las restricciones anti-COVID en España

© Europa Press / Jesús Hellín / Europa PressBrote de coronavirus en España
Brote de coronavirus en España - Sputnik Mundo, 1920, 11.05.2021
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MADRID (Sputnik) — Las diferencias de criterio entre los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las distintas regiones de España hacen que la aplicación de las restricciones anti-COVID esté marcada por la incertidumbre en los primeros días tras el fin del estado de alarma, que expiró el 8 de mayo.
"El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación", dijo este 11 de mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, tras recibir a su homólogo argentino, Alberto Fernández.
Como en los últimos días, el mandatario español se mostró convencido de que las distintas comunidades autónomas del país tienen "amplios instrumentos para hacer frente a la pandemia en el estado actual" sin necesidad de volver a un estado de excepcionalidad jurídica.
Sin embargo, la disparidad de criterios entre los jueces a la hora de avalar la restricción de libertades en pos de la salud pública dificulta la tarea.
Este 11 de mayo el TSJ de Navarra tumbó la decisión del Gobierno regional de mantener el toque de queda en su territorio al entender que la medida "no supera el canon de necesidad y proporcionalidad". Los magistrados navarros tampoco ratifican la orden que fijaba el cierre de establecimientos hosteleros a las 22.00 horas, aunque sí avalan limitar a seis el aforo máximo en reuniones sociales.
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Con esta decisión, ya son tres los TSJ que se pronunciaron en contra de los toques de queda (País Vasco, Navarra y Canarias) mientras que en otras dos regiones (Comunidad Valenciana y Baleares) los magistrados no pusieron pegas a seguir limitando la movilidad nocturna tras decaer el estado de alarma.
En estos momentos el país se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el asunto de los toques de queda y fije un criterio común al respecto después de que el Gobierno de las Islas Canarias presentara un recurso contra la decisión de sus magistrados de no avalar la medida.
En cualquier caso, la disparidad de criterios va más allá de los toques de queda. Por ejemplo, el TSJ de Andalucía decidió no ratificar una orden por la que se declara el confinamiento perimetral de Montefrío (un municipio de la provincia de Granada) por superar los 1.000 contagios por 100.000 habitantes.
Esta decisión, adoptada por una sala contencioso administrativa del TSJ de Andalucía en Granada, considera que el cierre del municipio discrimina de forma masiva a su población sin tener en cuenta sus circunstancias individuales. Esto contrasta con la postura de otras salas del TSJ de Andalucía, que sí avalaron cierres similares en un municipio de Córdoba y otros dos en la provincia de Cádiz.
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Esta situación provocó un aluvión de críticas contra el Gobierno, tanto desde formaciones de la oposición como el Partido Popular (que pide modificaciones legislativas para amparar medidas), como por parte de los socios parlamentarios habituales de Pedro Sánchez, entre los que incluso se oyen voces que piden volver al estado de alarma hasta que avance más la vacunación.
"Nos reiteramos en lo que dijimos a Sánchez hace ya un mes: lo lógico era continuar con el paraguas jurídico del estado de alarma para que cada comunidad pudiera acudir a él en caso necesario para controlar la pandemia, sin problemas con los tribunales", dijo este 11 de mayo Aitor Esteban, diputado del Partido Nacionalista Vasco.
Asimismo, agrupaciones de jueces criticaron que la decisión del Gobierno de no prorrogar el estado de alarma traslade a los magistrados la responsabilidad de decidir sobre las medidas anti-COVID.
"Los jueces no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos", dijo recientemente César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, la encargada de resolver los recursos de las comunidades.
Tras estas críticas, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, insistió este 11 de mayo en que las comunidades tienen herramientas suficientes para luchar contra el virus de forma efectiva y, además, reprochó a algunos líderes regionales que se quejen de no poder imponer más restricciones cuando varios "ya relajaron medidas" incluso por encima de lo recomendado por el Consejo Interterritorial de Salud.
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