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¿Se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Colombia?

© REUTERS / Luisa GonzalezProtestas en Bogotá, Colombia
Protestas en Bogotá, Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2021
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Las protestas que iniciaron en Cali el 28 de abril y que se extendieron por toda Colombia desencadenaron una violencia policial y militar tal que hasta este sábado 8 de mayo han generado 47 muertes y 1.876 hechos violentos.
El primero de mayo se contaron 10 homicidios en el marco de las jornadas de movilización del Paro Nacional en Cali, ese día militarizaron la ciudad y en el sector de Siloé fue mayor la represión.
La Minga Indígena del suroccidente colombiano llegó al Valle del Cauca al día siguiente y tras nuevos hechos de violencia, dos días después, donde 19 personas fueron asesinadas, la Unión Europea y la ONU condenaron el exceso de la fuerza por parte de la policía.
La Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han contado además, hasta este 8 de mayo, 12 casos de violencia sexual dirigidos hacia mujeres, 28 agresiones oculares, 548 desaparecidos y 278 agresiones cometidas por la policía en siete departamentos de Colombia.
En principio, se protestaba contra la Reforma Tributaria aprobada con el rechazo de las centrales sindicales y otros movimientos y organizaciones, ahora las razones para protestar abarcan toda la gestión del presidente colombiano, Iván Duque. Cali, un pueblo con tradición de lucha obrera y sindical, se convirtió en un referente nacional e internacional, recordando otros alzamientos populares contra medidas neoliberales en América Latina, como lo fue el Caracazo en Venezuela.
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La Reforma Tributaria fue suspendida pero las protestas continúan en Cali y en otras ciudades de Colombia, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, medios alternativos y luchadores sociales denuncian la ferocidad con la que las fuerzas policiales y militares colombianas responden a las movilizaciones, mientras el rechazo a las figuras de Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez se exacerba.
Las organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos denuncian que las movilizaciones pacíficas son atacadas por los cuerpos policiales, que disparan con el uso de helicópteros, denuncian además cortes de electricidad en zonas populares tras los que llegan fuerzas militares y policiales a disparar en la oscuridad a mansalva, así como la censura de vídeos en las redes sociales. Para ellos, la actual arremetida del Gobierno de Iván Duque no tiene precedentes, aunque sí ideólogos y referentes políticos.

El estallido

La agencia de comunicación popular Colombia Informa, explicó que la reforma tributaria dirigida por el presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, denominada Ley de Solidaridad Sostenible, la tercera reforma desde 2018, tenía el propósito de recaudar el equivalente al 2% del PIB, aumentando la canasta de bienes gravados con el IVA del 39% al 43% y aumentar de manera escalonada la base de contribuyentes que deben pagar renta, incluyendo a personas cuyo salario fuera igual o superior a los 2,5 millones de pesos.
"A pesar de que esta reforma fue el estallido, la reactivación de las movilizaciones tiene un antecedente desde finales de 2019, donde una gran cantidad de personas se moviliza a nivel nacional por el mal gobierno de Iván Duque, el recrudecimiento de la violencia, falta de garantías para la vida, asesinato de líderes y lideresas sociales, excombatientes, así como la venta de los bienes comunes a multinacionales. En esta movilización es asesinado el 23 de noviembre el joven estudiante de 18 años Dilan Cruz, a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. La brutalidad policial se repliega por todo el país, dando por finalizada una ola de protestas en distintos lugares del país".
La agencia de comunicación popular en exclusiva para Sputnik expuso además que Colombia "en 2020 sufrió una caída del 6,8% de su PIB, cerró el año con un 15,9% de desempleo y la pobreza monetaria llegó al 42,5% según cifras del Departamento Administrativo Nacional DANE. De igual forma, finaliza el año con al menos 90 masacres, más de 500 feminicidios y más de 60 excombatientes asesinados".
En septiembre de 2020, Colombia Informa refiere que tras la divulgación del vídeo en el que integrantes de la Policía asesinaron a golpes a Javier Ordóñez, estudiante de derecho, en la ciudad de Bogotá se produjo una nueva ola de protestas que paró con el asesinato de 14 personas por parte de la policía.
Este año, las movilizaciones contra el Gobierno de Duque iniciaron de manera gradual, hasta que la aprobación de la Reforma Tributaria generó el nuevo estallido el 28 de abril.

El origen

El periodista caleño, Luís Alfonso Mena, indicó a Sputnik que con las protestas que iniciaron el 28 de abril en Colombia se visibiliza el carácter represivo del Gobierno de Duque.
"Las matanzas, las masacres, la forma cómo ha reaccionado contra el pueblo, que es una reacción histórica en nuestro país por parte de las clases dirigentes y a lo largo de la historia. Las clases dirigentes son origen y motivo de la violencia en Colombia, no solamente por su sistema económico, segregacionista, excluyente y desigual sino también por el uso de las armas. Desde el siglo XIX los partidos políticos imponían aquí sus constituciones con sus milicias armadas, de modo que el fenómeno paramilitar no es de ahora, ni del siglo pasado, sino del siglo antepasado.
El periodista caleño explicó que este paro 'estaba represado' desde el paro del 21 de noviembre de 2019. "La consideramos la más importante después del paro nacional del 14 de septiembre de 1977. Ese paro del 21 de noviembre tuvo otras movilizaciones del 27 de noviembre de 2019, el 4 de diciembre, incluso hasta mediados de diciembre".
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Las fiestas decembrinas enfriaron las protestas, sin embargo, la cuarentena planetaria aumentó la presión a lo interno. "La gente encerrada, sin empleo, afrontando dificultades, comiendo dos veces al día si acaso, todo eso contribuyó a generar un espíritu de rebeldía y a convertirse en una olla a presión. Pero además de eso, la presentación de la reforma tributaria que le metía las manos a los bolsillos de los trabajadores de las clases populares para sacarles más impuestos y mantenía las exoneraciones para las grandes industrias y corporaciones, pues originó igualmente el reclamo, pero también venía una cantidad de reclamos represados desde el paro de 2013".
En 2013, se llevó a cabo un paro agrario, étnico, obrero y popular que se mantuvo de manera intermitente desde febrero hasta octubre, entonces se lograron acuerdos que el Gobierno colombiano jamás cumplió. "Hay una gran cantidad de acuerdos con comunidades del Valle del Cauca, y de todo el país, que están represados y que han sido incumplidos. El acuerdo de paz generó unos compromisos, principalmente en materia de tierras, que tampoco han sido cumplidos".
El periodista caleño, Luis Alfonso Mena, resaltó que Cali es epicentro del desplazamiento de la migración de numerosas comunidades de la zona del Pacífico colombiano, donde se congregan numerosas comunidades de distintas zonas del país desplazadas por la violencia, con un alto índice de pobreza y un desempleo que supera el 18%. "Aparte de eso, aquí históricamente ha existido una clase dirigente, oligárquica, excluyente, segregacionista, grandes propietarios de tierras productoras del monocultivo de la región que es la caña de azúcar".
"Hay unos cordones de miseria muy grandes en el sector de Siloé, en el occidente de la ciudad, el distrito de Agua Blanca en el oriente, por los lados de Terrón Colorado, que es el sector del occidente, de salida al mar, y en otros sectores bastante deprimidos".
Cali fue de las primeras ciudades en sumarse a la gesta de independencia contra el imperialismo español. Mena explica que también ha sido un importante centro industrial y por lo tanto, ha sido origen de fuertes organizaciones sindicales. "Es muy importante tener en cuenta que en 1971 hubo un gran acontecimiento que fueron las jornadas del 26 de febrero, donde los jóvenes universitarios apoyados por los trabajadores y el pueblo en general se manifestaron contra la injerencia imperialista de Estados Unidos en la universidad de la región que era la Universidad del Valle, y también contra la oligarquía conservadora, y de igual manera planteando reivindicaciones. Todos esos reclamos fueron respondidos por el Gobierno de la época, de Misael Pastrana Borrego, a punta de bala, se formó una masacre, con esas luchas gigantescas de los jóvenes, de la población".
Cali tiene una larga historia de luchas reivindicativas, por lo que no es extraño que esta ciudad de gente alegre y fiestera, tan apasionada como musical, con grandes sectores de su población en la pobreza, con presencia de importantes universidades y con gran tradición de lucha obrera, fuera el epicentro de las actuales protestas que amenazan al Gobierno de Iván Duque.

Crímenes de lesa humanidad

En Colombia, los asesinatos de los líderes populares y de defensores de derechos humanos superan los 300. La presión al sector trabajador a través de medidas económicas neoliberales y la contracción económica producto de la pandemia planetaria han pauperizado a las clases más vulnerables, e instrumentos como la Ley de Seguridad Social han impedido, según lo denuncian movimientos y organizaciones sociales, la atención médica pertinente durante la contingencia del COVID-19 que ha generado más de 75.000 muertes en el país. Este es el marco de las más recientes protestas, de las casi 50 muertes producto de la represión policial.
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A la pregunta de si el presidente Iván Duque puede ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, Magaly Pino, del equipo nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos y Coordinador Nacional Agrario, declaró que Duque dirige desde el comienzo de su Gobierno una política de terrorismo de Estado. "Duque ha acudido a la figura de la asistencia militar, para desde Bogotá autorizar el uso de armas de fuego, incluso desde helicópteros. En Cali, fue atacada una comisión de verificación en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos humanos de la ONU, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Arquidiócesis de Cali y organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos".
Luís Alfonso Mena, también asegura que Duque tiene mucho por lo cual ser procesado legalmente. "Hace rato debió ser enjuiciado porque durante su Gobierno se han cometido varios crímenes de lesa humanidad contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y niños que han sido bombardeados y asesinados desde el aire en el ataque a fuerzas insurgentes y de las llamadas disidencias, pero en ese caso concreto con mayor razón porque han asesinado a más de 40 ciudadanos en todo el país".
Para la agencia Colombia Informa, en Colombia no es posible procesar jurídicamente al presidente colombiano. "El partido de Gobierno tiene cooptadas todas las instituciones y hay una gran represión generalizada en el país donde los testigos son asesinados, así como todo aquel que se pronuncie contra el gobierno".

¿Qué sigue?

La defensora de Derechos Humanos Magaly Pino aclara que la inconformidad del pueblo colombiano es creciente. "Se van sumando más sectores por la indignación que causa la vulneración de Derechos Humanos por parte principalmente de la policía y de ella el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que va acumulando un siniestro récord de asesinatos y de lisiados por el uso de armas de fuego no convencionales".
Los miembros de la agencia de comunicación popular Colombia Informa explica que el propósito actual de las protestas es lograr que el Gobierno establezca una mesa de negociación con los sectores populares, "cuyas principales exigencias van desde el retiro de la Reforma a la Salud, como la prohibición de las aspersiones aéreas con glifosato que afectan a las poblaciones campesinas, el acceso a la educación pública de manera gratuita y de calidad garantizando matrícula cero en las diferentes instituciones a nivel nacional, y el cese de la violencia y militarización de los territorios".
Sin embargo, el Gobierno se niega a dialogar con el movimiento social.
“Desde diferentes partidos políticos se ha hablado de la posibilidad de que el presidente declare un Estado de Conmoción Interior, una medida que podría desembocar en más represión. También existe la posibilidad de un autogolpe de Estado, eximiendo de cualquier responsabilidad al actual responsable de que las fuerzas policiales y militares hayan ya disparado contra la población” afirmaron.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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