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Recaudar más para recibir los fondos europeos de ayuda: ¿qué impuestos subirá España?

© AFP 2021 / Martti Kaunulainen/Lehtikuvabilletes, monedas y el símbolo del euro
billetes, monedas y el símbolo del euro - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2021
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Aunque la reforma fiscal se ha pospuesto a 2023, el Ejecutivo ejecutará antes la subida de algunos tributos, como los de matriculación de vehículos, el peaje en autovías o el gravamen de la riqueza y los residuos. Con el plan presentado a Bruselas, se espera mostrar un esfuerzo recaudatorio que justifique la llegada de las ayudas europeas.
A principios de mayo el Gobierno de España remitió a la Comisión Europea el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el documento que consigna la elaboración de 212 medidas, un programa de 110 inversiones y 102 reformas para hacerse acreedor de los 140.000 millones de euros en ayudas directas y créditos blandos acordados por el Consejo Europeo en julio de 2020 para revertir el daño económico generado por la pandemia.
El objetivo que se busca es la equiparación en materia de recaudación con los países del entorno. Uno de los instrumentos para tal fin es la reforma fiscal, algunas de cuyas medidas podrán entrar en vigor en 2021 y el resto a partir de 2023. "Se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones", se señala en el plan, donde se indica también la necesidad de realizar "ajustes en los impuestos ya existentes para reforzar su eficacia".
Las figuras tributarias vigentes se adaptarán al contexto económico y se avanzará en la incorporación de nuevos impuestos "de acuerdo con las tendencias recientes". En el corto plazo, los impuestos a revisar atañen a la gestión de plásticos y residuos, así como los impuestos de matriculación y circulación de vehículos.
Euros (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 28.04.2021
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Impuestos ecológicos

Dentro de la reforma de las medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica, la propuesta de subida del gravamen sobre los envases de plásticos no reutilizables y el depósito de residuos en vertedero y su incineración, se remitirá al Parlamento durante el segundo trimestre de 2021. Se espera que entre en vigor en el tercer trimestre del año.
Atendiendo a la propuesta de revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburantes que contiene el Plan enviado a Bruselas, el Gobierno plantea equiparar la tributación del diésel con la de la gasolina, dado que en la actualidad se beneficia de rebajas fiscales pese a que el primero no contamina menos que la segunda. Se calcula que la medida supondrá un encarecimiento del diésel de unos 3,45 euros al mes para un consumidor medio.
A más largo plazo, entre finales de 2023 y el primer trimestre de 2024, el Ejecutivo se plantea la posibilidad de introducir peajes en las autovías y carreteras principales atendiendo a una lógica de pago por uso. El gravamen propuesto sería de un céntimo de euro por cada kilómetro.
Las reformas en materia de movilidad sostenible se atenderán con un aumento del impuesto de matriculación y circulación. El objetivo es adaptar este tipo de fiscalidad a los estándares medioambientales. Como resultado, los beneficios fiscales existentes se revisarán o, directamente, se eliminarán. En la actualidad, los vehículos cuyas emisiones de CO2 no superen los 120 gr/km están exentos del pago del impuesto de matriculación.

Gravar la riqueza

El fin de la propuesta avanzada a Bruselas es aplicar una "política redistributiva coherente a nivel nacional" en los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones. Estos son competencia de las distintas comunidades autónomas, por lo que suele haber mucha disparidad entre regiones.
Es decir, se buscará una armonización fiscal en este ámbito. En el plan se subraya la "necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades autónomas".
Por otro lado, el Gobierno también busca ejercer una mayor presión recaudatoria sobre las rentas mensuales superiores a 2.400 euros. En realidad se busca modificar las bases de cotización máxima, pero de forma gradual y en los próximos 30 años.
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