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El fin del estado de alarma se convierte en un arma de confrontación en España

© REUTERS / Nacho DoceFin del estado de alarma en España
Fin del estado de alarma en España - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2021
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MADRID (Sputnik) — El fin del estado de alarma en España degeneró en escenas de desenfreno y fiestas en algunas de las principales ciudades del país. Dos días después, a la espera de ver si esto se traducirá en un aumento de contagios, la clase política del país reparte culpas a conveniencia entre los distintos niveles de la administración.
"Siempre hay gente que no es sensata (…). No estoy enfadado, estoy decepcionado, y mucho. Estoy decepcionado conmigo mismo, porque igual el mensaje no se ha trasmitido como se debería", dijo este lunes el portavoz del Ministerio de Sanidad para la pandemia, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).
Estas palabras son lo más parecido a la autocrítica que la opinión pública española pudo escuchar en las últimas horas, después de ver las aglomeraciones de la noche del sábado 8, que según Simón pueden revertir la tendencia de contagios a la baja de las últimas semanas.
"Parte de la responsabilidad es mía, porque no he sabido comunicar la situación", insistió un afligido Simón, que no solo manifestó pesar por las imágenes, sino que en una actitud insólita en él hasta la fecha, reprochó la respuesta al asunto desde la clase política.
Aunque de forma velada, el epidemiólogo de cabecera del Gobierno español afirmó que la oposición está tratando de usar el fin del estado de alarma "con fines que nada tienen que ver con el control del coronavirus".
"Me da dado pena que un país en que ha sufrido tanto (…) se utilice ese sufrimiento con otros fines. No me gusta. Me parece triste", señaló.

Enredo jurídico

El estado de alarma vigente en España hasta el 9 de mayo regulaba tres aspectos fundamentales del control de la pandemia, ofreciendo a las comunidades autónomas la posibilidad de limitar su movilidad con cierres perimetrales, aplicar toques de queda y limitar el derecho de reunión.
La decisión de no prorrogar el estado de alarma permite al Gobierno eludir un farragoso trámite parlamentario, sobre todo después de que en ocasiones anteriores buena parte de la oposición, con el Partido Popular optando por la abstención, dificultaran el mantenimiento de la excepcionalidad.
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Una vez desaparecido este paraguas legal, la responsabilidad de aprobar medidas restrictivas sigue recayendo sobre las comunidades autónomas, aunque para ello necesitan el aval explícito del Tribunal Superior de Justicia de cada región.
Esto genera disparidades, como que en Cataluña no pueden reunirse grupos de más de seis personas en la calle, mientras que en Madrid no existe ninguna limitación al respecto.
Actualmente tres de las diecisiete comunidades autónomas del país (Navarra, Islas Baleares, Islas Canarias y Comunidad Valenciana) siguen aplicando toques de queda después de que sus tribunales avalaran la medida en base de unas leyes de 1986 para escenarios sanitarios especiales.
En otros territorios, en cambio, no se dio ese aval judicial. País Vasco decidió prescindir del toque de queda después de que los magistrados de la región dijeran que una comunidad autónoma no tiene poderes para acometer tal recorte de libertades.
Lo mismo sucedió en Canarias, aunque en este caso las autoridades insulares decidieron seguir aplicando el toque de queda y presentar un recurso al Tribunal Supremo, que deberá decidir finalmente si la restricción es ajustada a derecho o no.
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Disputa política

Entre tanto, la confusión judicial dio pie a una agria disputa política. Por un lado, el Gobierno mantiene que las comunidades autónomas tienen a su disposición herramientas de sobra para combatir al virus.
"El Gobierno de España tiene claro que ahora mismo todas las comunidades autónomas, en este estadio de la pandemia, tienen los instrumentos jurídicos suficientes para hacerle frente", dijo este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Grecia.
Por otra parte, el principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular, señala a Pedro Sánchez como el culpable de las aglomeraciones del sábado, incluso cuando las aglomeraciones del sábado se produjeron en lugares gobernados por ellos, como Madrid, donde el Gobierno regional optó por no pedir a sus jueces un nuevo un toque de queda ni limitar las reuniones en la calle.
"Produce pena ver las aglomeraciones callejeras, pero el único responsable es Sánchez", dijo este lunes el líder de los conservadores, Pablo Casado, antes de añadir que “la irresponsabilidad del Gobierno cuesta vidas y España no se merece este caos”.
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En un tono similar se expresaron distintos líderes regionales del Partido Popular, como Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía –la región más poblada de España– que denunció la falta de herramientas para hacer frente a la pandemia pese a encontrarse entre los territorios que no incluyeron medidas restrictivas como el toque de queda en sus planes.
"Las primeras horas sin estado de alarma confirman lo que veníamos avisando: la decisión unilateral del Gobierno de España nos deja a las comunidades autónomas sin un instrumento jurídico claro para luchar contra la pandemia", dijo el dirigente andaluz.
Mientras el Partido Popular pide a Sánchez un “plan B” jurídico contra el estado de alarma, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, abrió tímidamente la puerta a ello si finalmente el Tribunal Supremo tiene problemas para imponer criterios comunes.
"Si de sus resoluciones se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán", dijo Campos en un artículo publicado en El País, unas palabras que luego fueron enmendadas por Pedro Sánchez, que no ve necesario habilitar nuevas herramientas jurídicas.
Pese a quedar en eso, las palabras de Campos son sintomáticas: la improvisación marca el paso del Gobierno mientras los jueces tienen en su mano el devenir de las medidas anticovid en una España donde parte de la ciudadanía demuestra no saber comportarse de forma responsable.
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