La Fiscalía pide 9 años de prisión para el expresidente de Cataluña Jordi Pujol

BARCELONA (Sputnik) — La Fiscalía Anticorrupción de España solicitó nueve años de prisión para el expresidente catalán Jordi Pujol por los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Según avanzó el diario La Vanguardia, la petición para su hijo mayor, también de nombre Jordi Pujol, asciende a 29 años de cárcel por los mismos delitos que el progenitor además de otros contra la hacienda pública.

La Audiencia Nacional de España decidió en julio de 2020 enviar a juicio al expresidente de Cataluña y a su familia, acusados de haber formado una organización criminal que durante décadas amasó grandes cantidades de dinero gracias a la corrupción.

Así lo propuso el magistrado José de la Mata tras concluir la instrucción del denominado "caso Pujol", la polémica causa por la que se investiga desde 2014 al exlíder, su mujer, Marta Ferrussola, y los siete hijos del matrimonio.

Además de la cárcel para el padre, de 90 años, y su primogénito, de 63, el fiscal reclama 14 años de prisión para otro de los hermanos y ocho para el resto.

En el caso de la madre, el juez de la Audiencia acordó archivar la causa contra ella debido a sus problemas de salud, ya que se encuentra en un avanzado estado de demencia a los 85 años de edad.

Tanto la Fiscalía como el juez ven indicios para juzgar a los Pujol por haber "aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social, económica catalana durante decenios, para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

Esta fue la principal conclusión del magistrado de la Audiencia en el auto de transformación de la causa que se publicó a mediados de 2020.

La investigación judicial reveló una serie de actividades ilícitas mediante las que los Pujol acumularon grandes cantidades de dinero, parte del cual ocultaron en Andorra, y que coincidieron con el periodo en que el patriarca fue presidente de Cataluña entre 1980 y 2003.

En diversas ocasiones el origen del dinero estuvo en pagos millonarios de terceras personas y camuflados en sociedades que los Pujol recibían a cambio de adjudicar concursos públicos o realizar favores políticos.

El juez considera que la familia actuó como una organización criminal, acumulando un importante patrimonio que gestionaban en paraísos como Andorra de acuerdo con un "plan preconcebido y proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo".

A cargo del entramado estaban el expresidente y su mujer, seguidos del hijo mayor, que se encargaba de recoger y distribuir el dinero entre sus padres y hermanos, quienes a su vez abrieron cuentas en Andorra para lucrarse.

El caso salió a la luz en 2014, cuando Pujol remitió una carta a los medios de comunicación donde reconocía el ocultamiento durante más de tres décadas de una fortuna oculta en el extranjero.

La confesión que varios medios adelantaban desde 2012 generó un terremoto político en el seno del nacionalismo catalán, del que Jordi Pujol fue máximo representante en el último tercio del siglo XX.