Autoridades rusas acusan a la ONG de Navalni de "atentar" contra los derechos de los ciudadanos

MOSCÚ (Sputnik) — El Comité de Investigación de Rusia sospecha que la Fundación para la Lucha contra la Corrupción (FBK, por sus siglas en ruso) —catalogada ya como agente extranjero— del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni atentaba contra los derechos de los ciudadanos.

"Alexéi Navalni (...) es sospechoso en un caso penal iniciado el 4 de febrero de 2021 por la Dirección Principal del Comité de Investigación de Rusia por un delito tipificado en la parte 1 del artículo 239 del Código Penal de la Federación de Rusia (creación de una organización sin fines de lucro que atenta contra la personalidad y los derechos de los ciudadanos)", dice la nota publicada por los partidarios de Navalni en su página web.

Según el texto, el director de la FBK, Iván Zhdánov, y el jefe de las oficinas de Navalni en las regiones rusas, Leonid Vólkov, asimismo son sospechosos en ese caso.

El artículo mencionado prevé multa, trabajo correccional y restricción de la libertad, y la pena máxima es la privación de libertad por un período de hasta cuatro años.

El 16 de abril pasado la Fiscalía de la capital rusa presentó una solicitud para que el Tribunal de la ciudad de Moscú reconozca como extremistas a la FBK y las oficinas de Navalni.

El 28 de abril el Tribunal de Moscú impuso medidas cautelares en forma de prohibición de ciertas actividades con respecto a las organizaciones sin fines de lucro FBK, FZPG (Fundación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos, también etiquetada de agente extranjero en Rusia) y la red de oficinas de Navalni.

En este contexto Vólkov, considerado como la mano derecha de Navalni, anunció este 29 de abril la disolución de la red de oficinas que coordinaban hasta hace poco a los partidarios del opositor encarcelado, para ahorrarles sanciones por un presunto delito de extremismo.

La Fiscalía de Moscú sostiene que todas las organizaciones citadas deben declararse extremistas.

Dicho calificativo haría imposible la labor de estas ONG en Rusia; sus emblemas quedarían proscritos; los activistas, militantes de base y hasta simples donantes se expondrían a sanciones penales; y los medios no podrían mencionarlas sin recordar su condición de extremistas, según los expertos consultados por Sputnik.

Hoy en día, la lista de organizaciones extremistas que lleva el Ministerio de Justicia de Rusia incluye más de 80 asociaciones públicas y religiosas.