El dilema de Áñez, entre el antes y el después del poder

LA PAZ (Sputnik) — Sus abogados y aliados reclaman para ella privilegios de expresidenta, aunque parece cada vez más probable que Jeanine Áñez (1019-2020) sea juzgada y hasta condenada en Bolivia por lo que hizo antes y no después de tomar el Gobierno.

Al juicio penal ordinario que Áñez espera en detención preventiva desde hace más de un mes, se sumaron en las últimas semanas cuatro demandas de juicios de responsabilidades contra la también exsenadora, que saltó a la Presidencia tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019) en noviembre de 2019.

Hay diferencias de forma y de contenido en los procesos, a partir del antes y el después del abrupto cambio de régimen ocurrido en el país sudamericano tras 37 años de sucesiones democráticas y pacíficas de gobiernos, el período de estabilidad más largo en la historia boliviana.

"El oficialismo, que es lo mismo que decir el bloque político mayoritario echado del poder por los sucesos de 2019 y que volvió por vía electoral, juega ahora en dos escenarios en su afán de condenar a Áñez", dijo a Sputnik el abogado constitucionalista Bernabé Lema, exasesor del Tribunal Constitucional.

Explicó que un juicio ordinario podría resolverse estrictamente en los tribunales, en tanto que un juicio de responsabilidades debe pasar por el filtro o voto político del Parlamento, con alto riesgo de que no supere esa etapa.

Antes…

Lema consideró "altamente probable" que solo el juicio ordinario y no el proceso de responsabilidades, llegue a su fin con una condena a Áñez y a algunos de sus colaboradores en el golpe de Estado que los llevó al poder en 2019, que los acusados defienden como "sucesión constitucional".

"La definición judicial de si fue golpe o sucesión constitucional es la clave de la condena o inocencia de Áñez, y he aquí que éste, siendo el presunto delito políticamente más grave porque se refiere a la institucionalidad democrática, resulta siendo encarado por el juicio más simple", señaló.

Añadió que "nadie debería gozar del derecho a un juicio de responsabilidades por tomar el poder violando la Constitución; esto es lo que sostiene la acusación".

A la acusación inicial presentada por la exdiputada oficialista Lidia Patty, que desencadenó en el proceso y la detención de Áñez, dos exministros y varios exjefes militares y policiales, se incorporaron esta semana el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el Gobierno de Luis Arce a través del Ministerio de Gobierno.

Rodríguez pidió un juicio ordinario contra Áñez por los delitos de sedición y violación constitucional cometidos tras la caída de Morales, por haberse autodesignado presidenta del Senado siendo entonces segunda vicepresidenta de esa Cámara en representación de la minoría y sin derecho a un cargo parlamentario más alto.

Así, la "ilegal" presidenta del Senado convocó luego a una sesión bicameral que no llegó a instalarse por falta de quórum, pese a lo cual se autoproclamó presidenta del Estado en representación del Parlamento en una reunión a la que asistió solo una decena de sus seguidores, según la denuncia de Rodríguez.

El Ministerio de Gobierno, por su parte, estableció que en el procedimiento utilizado para tomar el poder, Áñez se adjudicó "ilegalmente" la sucesión presidencial, violando la Constitución y los reglamentos parlamentarios y hasta atribuyéndose facultades interpretativas del Tribunal Constitucional.

...Después

El constitucionalista Lema afirmó que si Áñez fuese declarada culpable en el juicio ordinario, lo que hizo después de tomar el poder ya no sería materia de un juicio de responsabilidades porque pasarían a ser solo delitos comunes.

"Una condena en el juicio ordinario en curso la convertiría en usurpadora del poder, no tendría el carácter de expresidenta", dijo.

La defensa de Áñez fracasó en un recurso judicial debatido esta semana, mediante el cual pretendía principalmente que la denuncia de sedición y conspiración fuera trasladada a un juicio de responsabilidades.

"El juez rechazó el recurso al considerar que se debe hacer una división entre antes y después de los hechos investigados, por lo cual el caso se mantiene en la jurisdicción ordinaria", dijo su abogado, Luis Guillén.

Según Lema, el intento de la defensa de que no sea procesada por la vía penal ordinaria "apuntaría a bloquear todo proceso, porque un juicio de responsabilidades difícilmente sería aprobado por el parlamento en la actual correlación de fuerzas".

El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene mayoría simple en las dos Cámaras y requiere votos de la oposición conservadora para sumar los dos tercios necesarios para autorizar el enjuiciamiento especial de Áñez.

Pese a ello, el Gobierno ha presentado cuatro demandas, y anuncia una quinta, de juicios de responsabilidades contra la expresidenta.

Los partidos opositores Comunidad Ciudadana, liderado por Carlos Mesa, y Creemos, encabezado por Luis Fernando Camacho, aliados iniciales de Áñez, sostienen que el cambio de Gobierno de 2019 fue legal pero no han anunciado formalmente si darán sus votos legislativos para enjuiciar a la expresidenta en el Tribunal Supremo.

"La oposición puede bloquear en el Parlamento los juicios de responsabilidades, pero no puede más que protestar y eventualmente defenderse ante el juicio ordinario", advirtió Lema.

Los juicios especiales están actualmente en fase de investigación en la fiscalía, antes de ser remitidos a voto parlamentario.