El Gobierno británico introduce sanciones internacionales contra la corrupción grave

LONDRES (Sputnik) — El Gobierno del Reino Unido combatirá la corrupción internacional con un nuevo régimen de sanciones a título individual o corporativo, según anunció el canciller Dominic Raab.

Las nuevas regulaciones, que entran en vigor este lunes 26, autorizan al Gobierno británico a emitir órdenes punitivas dirigidas a congelar activos y prohibir la entrada en el país de individuos acusados o sospechosos de casos graves de corrupción, incluidos soborno y apropiación de fondos o activos públicos.

"El régimen de sanciones… persigue prevenir y combatir la corrupción seria en todo el mundo", declaró el ministro.

Un total de 22 individuos de seis países —Rusia y varios estados de Latinoamérica, entre ellos— se incluyen en el primer listado de sancionados por corrupción publicado por el Gobierno del Reino Unido.

Catorce de los 22 designados tienen nacionalidad rusa o son nacionales de países de la ex Unión Soviética.

De Hispanoamérica, el Ejecutivo conservador apunta contra el congresista de Guatemala Felipe Alejos Lorenzana, el nicaragüense Francisco López Centeno y el diputado hondureño Oscar Nájera.

Los tres políticos latinoamericanos ya estaban incluidos en las listas de sancionados por la administración estadounidense.

De acuerdo con la cancillería británica, los afectados en Rusia están relacionados con casos de evasión fiscal por un valor conjunto de "230 millones de dólares", destapados por el abogado y auditor Serguéi Magnitsky.

"La corrupción tiene un efecto corrosivo porque ralentiza el desarrollo, drena la riqueza de las naciones más pobres y deja a sus poblaciones atrapadas en la pobreza", denunció Raab.

El ministro asoció a los designados bajo el nuevo régimen sancionador con los "más notorios casos de corrupción en el mundo entero".

"La corrupción envenena el manantial de la democracia", añadió en la presentación de las regulaciones.

Reino Unido aplica su propio régimen de sanciones internacionales desde que concluyó la transición del Brexit, en enero de 2021.

Desde entonces, ha absorbido las que mantenía bajo la órbita de la Unión Europea y ha introducido un capítulo enfocado en infracciones de derechos humanos, además de las últimas regulaciones contra la corrupción global.