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¿Qué pasará con los 697 bienes muebles del Pazo de Meirás que restituyen a los herederos de Franco?

CC BY 2.0 / Enrique Dans / Pazo de MeirásEl Pazo de Meirás (Sada, A Coruña)
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Aunque la titularidad estatal del palacete no está en cuestión, el Gobierno y la Xunta de Galicia estudian los pasos a dar tras la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña que permite a la familia del dictador retirar los bienes muebles y percibir una indemnización por la privación de su uso. El Estado prepara otra demanda.
En un auto emitido el 20 de abril, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña dictaminó que el Estado debe restituir a la familia del dictador la titularidad de todos los bienes existentes en el interior del Pazo de Meirás, el palacete que detentó el general Franco desde 1941.
La decisión judicial atiende así al recurso planteado por sus herederos, revocando el auto que inicialmente ordenaba depositar a favor del Estado todos los muebles y elementos accesorios del palacio. En su resolución, los magistrados explican que no procede discutir sobre la pertenencia del mobiliario en un momento en el que se está ejecutando de manera provisional la sentencia que dictó la titularidad del Estado como propietario del inmueble, pues la Administración no reclamó el mobiliario en su demanda inicial.
La sentencia es firme y no recurrible, aunque cabe la posibilidad de apertura de otro pleito. El Gobierno de España se halla ahora estudiando los siguientes pasos a dar, con el fin de evitar que los Franco puedan retirar todos los muebles y los elementos accesorios del Pazo de Meirás. La Abogacía del Estado y la Xunta de Galicia también están abordando cómo hacer frente a la decisión de resarcir a esta familia por los daños derivados de la privación de su uso y disfrute. El Ayuntamiento de Sada, en cuyo término municipal se ubica el inmueble, también apremia en la respuesta.
Fue en noviembre de 2020 cuando este mismo juzgado falló la devolución de este palacete al Patrimonio Nacional sin indemnización alguna, al concluir que la aparición de un acta notarial reveló un fraude en la compra y que el inmueble había sido donado al entonces jefe del Estado, pero no a Francisco Franco a título personal. En 1941 se simuló su inscripción en el registro para consignarse como propiedad de la familia.
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No solo bienes personales

Técnicamente, bienes como "mesas, vajillas, alfombras o cuadros" no están incluidos en la demanda de la parcela catastral realizada por la Administración General del Estado. Según confirmaron a Europa Press fuentes de la vicepresidencia primera, el Gobierno sopesa emprender "las acciones más convenientes" para evitar que el pazo sufra un "expolio".
Recordamos que el Pazo de Meirás volvió a ser de propiedad estatal el 10 diciembre de 2020, tras estar 82 años en posesión de los Franco. Un total de 697 objetos se contabilizaron en su interior y en correspondencia con el inventario realizado, tras lo cual se hizo la entrega de llaves a la Abogada General del Estado, Consuelo Castro. Aparte de enseres particulares, figuraban varias piezas de valor histórico y artístico. Es el caso de las esculturas de los profetas Abraham e Isaac, declaradas bienes de interés cultural (BIC) y que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela reclama, pues fueron extraídas de la catedral de esa ciudad.
Se determinó que los Franco podían retirar los objetos personales y los que no comprometieran los usos del edificio destinados a explicar "la verdad del paso de Franco con perspectiva democrática", en palabras de la vicepresidenta primera Carmen Calvo, y a reivindicar la figura de su primera moradora, la escritora Emilia Pardo Bazán.

¿Puede el Estado decidir su destino?

En principio el ulterior destino de los bienes muebles del Pazo de Meirás depende ahora de la familia Franco. ¿Podría darse el caso de que en el interludio que sigue a la sentencia dictada y hasta la interposición de una nueva demanda por parte del Estado los herederos del dictador decidieran desprenderse de parte de ellos, comercializándolos en el mercado del arte?
"La familia podrá hacer lo que quiera con ellos, pero dependiendo de si tienen la calificación de interés cultural. Si no la tienen, sin esta protección, son más fáciles de colocar en el mercado", explica a Sputnik Ubaldo Rivas, abogado con despacho en Santiago de Compostela, quien recalca que "si la sentencia solo refiere al inmueble, los muebles no forman parte de la misma y son de la familia Franco".
¿Cómo evitar entonces el riesgo de que parte del mobiliario derive a otras manos? "Lo que no se puede hacer en este momento para impedirlo es intentar adoptar una medida cautelar de ejecución de la sentencia anterior", añade Rivas. "Habrá que plantear una nueva actuación y pedir ya de entrada que con carácter previo se proceda a hacer una anotación de los bienes o su registro a efectos de posteriores actuaciones".
En general, ante un bien declarado de interés cultural, el Estado puede reservarse el derecho de tanteo y ejercer una opción de compra."Incluso puede llegar a expropiarlo, si alega motivos muy especiales", recuerda Ubaldo Rivas, quien avisa de que en este punto ahora puede llegar a producirse una situación en la que "con carácter previo" a la familia Franco se le diga "no venda usted lo que es suyo". "Si la pregunta es si eso se debió de hacer con la demanda inicial, es otro tema", concluye.
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Reacciones a la sentencia

El dictamen ha supuesto un jarro de agua fría para los intereses de las diversas administraciones y una victoria parcial de la familia Franco. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, declaró en rueda de prensa que la sentencia "no pone en cuestión la propiedad", que sigue siendo pública, y animó a "dilucidar" si los bienes muebles y accesorios del pazo "están reclamados o no".
El Ayuntamiento de Sada publicó el 20 de abril un comunicado en el que demanda de la Xunta de Galicia la "incoación urgente" del expediente de modificación del decreto BIC del Pazo de Meirás para poder incluir en su anexo los bienes muebles asociados a la categoría de sitio histórico y asegurar así su integridad. Esa incoación, "otorgaría automáticamente a dichos bienes las debidas cautelas para evitar que los Franco puedan ejercitar el derecho de retirada" que les reconoce el auto, al cual se califica de "descabellado".
Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia Franco, ha asegurado que el primer auto, el de Primera Instancia, era "absolutamente incorrecto", pues "los bienes no fueron objeto del procedimiento". En declaraciones a Europa Press, insistió en que únicamente se había reivindicado "el inmueble" y no "una pretensión previa" en relación a los bienes muebles.
La líder de la oposición gallega, Ana Pontón (BNG), ha calificado de "indignante" el hecho de que el Estado tenga ahora que indemnizar a la familia del dictador "que estuvo ocupando de manera ilegal un bien público", por lo que, en su opinión, no cabe "aceptar con normalidad" la sentencia.
Xosé Luis Bará, diputado en el Parlamento gallego por el mismo partido, ha lamentado el "tufo franquista" de la decisión de la Audiencia de A Coruña, que describe de "auténtica justicia al revés". "Nos parece absolutamente delirante que se establezca que los Franco deben ser indemnizados cuando fue esta familia la que robó, la que expolió, la que se hizo con bienes que son públicos", subraya en un comunicado remitido a los medios.
"Hay una serie de pronunciamientos y afirmaciones que se hacen en la sentencia que, en mi humilde opinión, se salen de lo estrictamente jurídico y legal", asegura a Sputnik Benito Portela, alcalde de Sada. "Creo que son consideraciones de tipo personal e incluso ideológico".
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¿Qué pasará a partir de ahora?

La sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña no es recurrible, pero sus magistrados dejan abierta la posibilidad de que la Administración pueda demandar en otro proceso la titularidad del mobiliario que considere propiedad de Patrimonio Nacional asignado al uso del jefe del Estado.
"La Asesoría jurídica de la Xunta de Galicia seguirá trabajando junto con la Abogacía del Estado en el caso Meirás, como se ha venido haciendo hasta ahora", confirman a Sputnik fuentes en la vicepresidencia del Gobierno autonómico gallego, aunque no precisan los siguientes pasos a dar en la estrategia jurídica "al estar el proceso ya en marcha".
"Nosotros instamos al Estado a estudiar la posibilidad de ejercer un incidente de ejecución de sentencia donde permanezcan los muebles susceptibles de permanecer en un sitio histórico como el Pazo de Meirás, que fue declarado Bien de Interés Cultural y engloba tanto el continente como el contenido", explica Benito Portela. El instrumento al que alude, el incidente de ejecución de sentencia, es un cauce procesal al que se puede acudir para resolver los problemas que puede conllevar el cumplimiento de una sentencia en sus justos términos.
"Entendemos que la escritura de 1938, que nosotros hicimos constar en nuestras alegaciones a la sentencia de la Audiencia Nacional, recoge expresamente todos los bienes muebles exceptuando la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, que en este caso no se mueve porque hay incoado un expediente de declaración de la biblioteca".
"Y eso es lo que pedimos a la Xunta para evitar que se pueda desnaturalizar el BIC: que inicie o incoe una modificación del decreto BIC del año 2008 aprovechando el inventario de bienes pormenorizado que se ha realizado, pero detallando qué bienes son susceptibles de permanecer en el BIC, dada su importancia patrimonial e histórica", concluye Portela, que percibe en la ciudadanía un sentimiento de "cierta indignación" por este asunto, pues "la gente entiende que hay que conservar bienes que son de patrimonio público".
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