Guerra abierta en España contra el Gobierno por las plantas nucleares
© Foto : La Coretsía Hornasol
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La llegada de la ley de cambio climático tiene cambios para la energía nuclear, pero la gestión de las instalaciones enfrenta a las localidades que conviven con plantas y cementerios nucleares que, por una enmienda de PSOE y UP, quedan ninguneados. Los municipios afectados han decidido romper relaciones con el Gobierno.
Algo se está moviendo en la sostenibilidad energética española, pero no lo está haciendo con los miles de vecinos que conviven con instalaciones nucleares. La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética contó, por sorpresa, con una enmienda conjunta de PSOE y Unidas Podemos a la que ha tenido acceso este medio.
Ahora, la nueva ley del clima contempla numerosas normas y disposiciones que están aún siendo negociadas, pero la exclusión de los Ayuntamientos y vecinos en la gestión de los residuos nucleares ya levanta ampollas entre los, al menos, 45.000 vecinos que conviven con instalaciones nucleares en España.
Los municipios que conviven con instalaciones nucleares ahora no tendrán voz ni voto sobre lo que sucede en éstas, a pesar de ser los primeros expuestos a su riesgo. La evaluación del cierre y gestión de las plantas será autorizada por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), el Consejo de Seguridad Nuclear y la evaluación ambiental. Por su parte, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales nucleares (AMAC) denuncia desatención e indiferencia por parte del Gobierno central.
Un movimiento polémico
La enmienda a la Ley sobre Energía Nuclear que los partidos de Gobierno presentaron a la Mesa de la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a la que ha tenido acceso este medio, entendía que las obras, gestión y tratamiento de los residuos nucleares son una actividad de "interés general", por lo tanto, "exceptuándolas de todo acto de control preventivo municipal, tanto de licencia como de informe".
"Se supone que este es el gobierno del diálogo social, pero con nosotros es todo lo contrario. No ha habido ninguna negociación ni comunicación, esto es una aberración contra los derechos municipales", denuncia a Sputnik la responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Hornachuelos, Teresa Durán.
Ponemos el foco en esta localidad de 4.800 vecinos porque, aunque el mapa energético nuclear está repartido por toda España, es en Hornachuelos donde se encuentra el único cementerio nuclear del país. Una instalación que siempre ha ido acompañada de polémica y que ahora, a expensas de la opinión de vecinos y del Ayuntamiento, va a ampliar sus instalaciones para acoger más material radioactivo.
El cementerio nuclear silencia a Hornachuelos
Hasta ahora, la presencia de la planta de tratamientos de residuos nucleares de baja y media intensidad (RBMA) de toda España en la Planta de El Cabril de Hornachuelos reportaba a la localidad algunos beneficios. La planta pagaba tasas y licencias de obra, pero ahora con el nuevo panorama legal, la entrada económica desaparece, ya que la planta será autónoma para decidir sus reformas sin tributar a la localidad.
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© Foto : La Cortesía de Enresa
La Planta de El Cabril de Hornachuelos, España
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La Planta de El Cabril de Hornachuelos, España
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La Planta de El Cabril de Hornachuelos, España
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La Planta de El Cabril de Hornachuelos, España
Por lo pronto, según cálculos que comparten fuentes municipales, el Ayuntamiento dejará de percibir al menos 1,2 millones de euros por las tasas y ampliación de la planta que se hará en lo que hasta ahora era suelo no urbanizable.
"Pero ese es un cálculo inicial, solo referente a esta ampliación sin consenso. A largo plazo dejaremos de ingresar 300.000 euros anuales durante los próximos 30 años", detalla Durán.
Desde Madrid, el MITECO no ha respondido a los requerimientos de Sputnik en la última semana. Sí lo ha hecho Enresa, la empresa pública que se encarga del desmantelamiento de instalaciones nucleares y de la gestión y custodia de los residuos radiactivos.
El Cabril tiene 27 celdas de almacenamiento que a conclusión de 2018 estaban ocupadas a más del 77%, por ello, se prevé que se instalarán otras 12 para 2028 y otras 27 en una siguiente fase. No obstante, los residuos nucleares más duraderos y conflictivos se seguirán almacenando en los almacenes propios de las centrales nucleares.
"Una planta que no beneficia a nadie de por aquí"
Hasta ahora, el efecto de temor nuclear y convivencia con un cementerio de residuos era compensado con la cofinanciación por parte de Enresa, de proyectos que generan desarrollo social y empleo, "así hemos accedido a la financiación de un parque, un albergue o de una embarcación solar" cuenta la concejala. Son 149 proyectos —más otros 30 previstos para 2021— los que se han cofinanciado por Enresa en todo el país.
10 de abril 2021, 06:26 GMT
Para Manuel Raya, vecino de Hornachuelos y representante de una asociación ambientalista llamada Hornasol "eso son solo migajas". La localidad ve la planta con recelo, "no es una instalación apreciada, ni mucho menos, porque solo trae intranquilidad", señala el melojo. "Esta planta llegó por la puerta de atrás en la época de Franco, se instaló con nocturnidad y alevosía, luego en los 90 se oficializó, siempre con la promesa de que pronto desaparecería, pero ahora la van a ampliar", de nuevo, independientemente de la voluntad de los vecinos.
Un cementerio rodeado de naturaleza
El Cabril pasa a ser una pieza esencial en el mapa nuclear de España según el borrador del VII Plan de Residuos Nucleares, que define a la planta como una "referencia mundial". Pero lo cierto es que el Centro de Almacenamiento está ubicado en un entorno natural envidiable.
El Cabril forma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena que integra al Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos. Desde Hornasol señalan la afluencia de diversos riachuelos que podrían verse afectados por filtraciones de residuos como la que hubo en 2019. "Andalucía se expone a un serio riesgo de accidente radioactivo", comparte Raya.
Una manifestación de Bembézar, Andalucía
© Foto : La cortesia Hornasol
Además, lo nuclear genera un efecto disuasorio en el modelo de desarrollo de turismo rural y agrícola propio de la zona, lamentan también fuentes municipales.
"El Cabril es incompatible con el modelo agrícola y turístico de la zona. Van a ampliar, pero ni siquiera hay estudios de impacto medioambiental ni plan de emergencias", denuncia Raya.
No obstante, desde la empresa pública aclaran que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no ha constatado ninguna incidencia a lo largo de su existencia y que El Cabril está considerada como una de las mejores instalaciones del mundo.
Lejos del diálogo y de la constitución
"Más que políticos, en los pequeños Ayuntamientos somos gestores y representantes de los intereses vecinales, y ahora nos apartan y nos ningunean. Esto es un atropello y un descontrol urbanístico", lamenta Teresa Durán, que lleva semanas sin obtener respuesta por parte del MITECO y de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que "es la beneficiaria del impuesto de residuo ecológico, un impuesto que se queda en Sevilla y que aún no ha beneficiado en nada a nuestra región".
Hornachuelos es solo uno más de los muchos municipios que transpira indignación ante la nueva enmienda. En España hay 60 localidades que están afectadas por la influencia de instalaciones nucleares y todas ellas se coordinan bajo el paraguas de la AMAC.
11 de marzo 2021, 12:47 GMT
"Aún estamos a la espera de la negociación final del Proyecto de Ley que modifica en concreta la materia de las plantas nucleares", nos cuenta Juan Pedro Sánchez, presidente de AMAC, que alerta de que esta medida de PSOE y UP, en el fondo priva de transparencia y "finalmente, solo va a provocar más rechazo hacia todo lo nuclear".
La postura de los municipios que reúnen a alrededor de 45.000 vecinos no es contraria por sistema a las centrales nucleares, "ya que están, queremos que sean motor de desarrollo y que incluyan en ese desarrollo verdaderamente a los municipios, la gente tiene que ser partícipe". AMAC señala que esta medida va en contra de la normativa europea e implica "un retroceso democrático de 40 ó 50 años".
AMAC planea solicitar amparo al Grupo de Municipios Europeos con Instalaciones Nucleares (GMF), con el fin de llevar ante la Comisión Europea y al Parlamento Europeo la decisión del Gobierno de excluir a los municipios de los procesos de toma de decisiones en la gestión de residuos radiactivos.
Pero, además, la medida es claramente contraria a la propia Constitución en lo referente a los entes locales. El art. 140 señala la autonomía de los municipios ante cuestiones que afectan a sus intereses que el Gobierno central debe preservar. También el Tribunal Constitucional creó una vía específica para resolver estos conflictos, señalando el "derecho a participar en los asuntos que les atañen" a los entes locales. Tras años de espera, la nueva Ley del Cambio Climático ya está aquí, pero se asoma al abismo judicial.
