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Acusan a Vox de criminalizar a los migrantes menores de edad en sus carteles electorales en Madrid

© Europa Press / Marta Fernández / Europa PressCartel electoral de Vox en Madrid
Cartel electoral de Vox en Madrid - Sputnik Mundo, 1920, 21.04.2021
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El partido acusa en sus carteles a los menores migrantes no acompañados de acumular ayudas públicas. Las reacciones se han sucedido y el caso ha trascendido al Parlamento de la nación, donde se ha acusado a Vox de alentar la xenofobia, el racismo y de atentar contra los derechos de la infancia. La Fiscalía investiga un posible delito de odio.
La tensión en torno a la campaña electoral en la Comunidad de Madrid se ha visto incrementada a cuenta de la aparición de unos carteles electorales de la formación Vox, situados en uno de los pasillos subterráneos de la estación de trenes de Cercanías bajo la céntrica Puerta del Sol, uno de los puntos neurálgicos de la capital.
"Un mena 4.700 euros al mes. Tu abuela 426 euros de pensión al mes. Protege Madrid", se puede leer en el cartel, donde aparece la imagen de una anciana y un joven encapuchado de tez oscura con el rostro oculto tras un pañuelo. El tono agresivo del mensaje ha provocado las protestas de diversos partidos políticos y la intervención de la vicepresidenta Carmen Calvo en el Congreso de los Diputados, así como la apertura de una investigación a cargo de la Fiscalía Provincial de Madrid por un posible delito de odio.
El término mena es el acrónimo de menor extranjero no acompañado y alude a los inmigrantes menores de edad que llegan o se encuentran en España solos, sin la compañía de ningún familiar, progenitor o tutor que se pueda hacer cargo de ellos.
El asunto se ha viralizado muy rápidamente en las redes sociales, donde ha cundido más la indignación que el apoyo al cartel. Ante las quejas recibidas por albergar en sus espacios este tipo de publicidad electoral, Metro de Madrid, la compañía pública que opera el transporte subterráneo de la capital, ha respondido en Twitter que los carteles se hallan no en sus instalaciones, sino en las de Renfe, la operadora nacional de ferrocarriles, la cual ha aclarado que la contratación de espacios publicitarios la tienen externalizada a la empresa Exterior Plus SL.
Según han declarado fuentes de Renfe al diario El País, la compañía ordenará la retirada de los carteles si se determinase que son constitutivos de delito. En las inmediaciones también figuran otros carteles del mismo partido, donde señalan al exvicepresidente Pablo Iglesias por no cumplir supuestamente las medidas sanitarias frente a la pandemia.
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¿Son ciertas las cifras de Vox?

En su cartel, Vox da a entender que un mena percibe o supone para el Estado un gasto de 4.700 euros al mes en contraposición a la pensión de una "abuela" de 426 euros. La falta de concreción parece interesada.
Los menores migrantes no reciben prestaciones económicas. En España las comunidades autónomas ejercen la tutela y cuidado de menores de edad, sean españoles o extranjeros, derivándolos a centros de acogida, donde según datos de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, los españoles en estos centros conforman el 71,1% del total, frente al 28,9% de origen extranjero.
Conforme a los registros del Ministerio del Interior, hasta diciembre de 2020 había en España unos 9.000 menores migrantes no acompañados, de los cuales 356 se hallaban en la Comunidad de Madrid. La cifra de 4.700 euros a la que alude Vox en todo caso puede representar el gasto derivado del alojamiento, uso de instalaciones, manutención y contratación de monitores.
En cuanto a los 426 euros de pensión de la jubilada del cartel, cabe señalar que según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la pensión media en la región ascendió en 2020 a 1.194,84 euros al mes. Cabe señalar la diferencia por sexos, pues la pensión media de los hombres se eleva hasta los 1.468 euros frente a los 979,33 de las mujeres, el espectro de población donde suelen abundar las pensiones de viudedad y no contributivas, más en consonancia a la que expresa Vox en su cartel. De hecho, esos 426 euros no se corresponden con ninguna pensión, sino con la ayuda para los desempleados de larga duración con cargas familiares que haya agotado la percepción de todas sus prestaciones y subsidios.
En su cartel, Vox parece asignar a cada menor migrante un prestación que no es sino el coste aproximado para las comunidades autónomas de su tutela y guarda. Por contra, no incorpora el coste asumido por el Estado de las personas jubiladas en materia hospitalaria, farmacéutica o de dependencia, señalando únicamente la cuantía aproximada de una supuesta pensión no contributiva.

Denuncia ante la Fiscalía

El Ministerio Público ha abierto diligencias de oficio en el asunto, a lo que hay que sumar la petición de los dos partidos de la coalición del Gobierno de la nación, PSOE y UP, así como la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid de la formación Más Madrid por un posible delito de odio. Unidas Podemos, además, extenderá su denuncia ante la Junta Electoral.
En el escrito de Más Madrid, firmado por Pablo Gómez Perpinyà, se argumenta que tal delito "consiste en fomentar, promover o incitar, directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, por motivos racistas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación personal, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional".
El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), dependiente del Ministerio de Igualdad, también prepara una demanda contra Vox por incitar al odio mediante "propaganda electoral racista contra la infancia migrante". La ministra de Igualdad, Irene Montero, declaró que "el odio, la xenofobia, la intolerancia y el racismo no tienen cabida en España", subrayando la obligación del Gobierno de "proteger y garantizar los derechos humanos" ante lo que estima es un evidente delito de odio. "Tenemos la obligación de actuar", dijo.

Reacciones en el Parlamento

En el Congreso de los Diputados, la discusión durante la sesión de control al Gobierno del 21 de abril ha alcanzado altos niveles de intensidad. El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha defendido el mensaje del cartel y ha cargado contra las ayudas a los menores migrantes. En su opinión, "no hay dinero" para ayudar a familias o pequeñas y medianas empresas (pymes), "pero sí para mantener a menas en toda España y la estancia de inmigrantes ilegales en Canarias".
A sus afirmaciones siguió un encendido debate, más aún cuando hace tan solo unas semanas el Gobierno aprobó destinar 7.000 millones de euros en ayudas directas a familias y pymes. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, replicó a Espinosa de los Monteros que "lo suyo es el odio" y le acusó de "inhumanidad". "Ustedes no deberían caber en la política de este país", remató.
La ministra de Economía y vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, poco dada a intervenir en cuestiones más allá de las puramente técnicas, reprochó al portavoz de Vox estar "totalmente desubicado" con sus "discursos repugnantes", y tildó sus acusaciones de "racistas, homófobas, machistas y xenófobas", frente a una sociedad española "feminista, abierta, acogedora y solidaria". La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recriminó a su portavoz adjunta, Macarena Olona, que su partido difunda el odio, el racismo y la "vulneración de los derechos humanos".
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No es la primera vez

Vox siempre ha mantenido un discurso muy duro contra inmigración ilegal y los menores migrantes. La Fiscalía ya investigó a la propia candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, por unas declaraciones en las que les acusaba de provocar inseguridad en las calles, caso finalmente archivado.
Su secretario general, Javier Ortega Smith, también se ha distinguido por hacer campaña contra estos menores. A finales de enero, Vox lanzó una campaña contra los musulmanes en España. Con el nombre de Stop Islamización, se vertió en redes sociales y está denunciada por delitos de odio en Cataluña. En noviembre de 2020 Vox divulgó mensajes con la consigna Bloqueo naval, animando a abandonar en alta mar a quienes intentaban llegar en pateras a Canarias.
El jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Teodoro López Calderón, terció en la polémica y zanjó: "Si cualquier barco de guerra de España se encuentra con una patera en una situación en donde la vida de los que están en ella en peligro, su obligación de todo tipo, legal, moral, etcétera, es rescatarlos, y eso es lo que se haría".
En 2019, la agencia de la ONU que vela por los derechos de la infancia, UNICEF, declaró que la inmensa mayoría de los menores migrantes tutelados en España jamás ha cometido delito alguno. "Una afirmación general sobre su criminalidad vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia protegida por el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño", publicó entonces en Twitter. UNICEF España ha criticado también el cartel electoral de Vox.
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