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Acuerdo de Escazú, una esperanza para la protección de líderes sociales en América Latina

CC0 / unsplash / Mapa de América Latina (imagen referencial)
Mapa de América Latina (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 21.04.2021
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MONTEVIDEO (Sputnik) — El Acuerdo de Escazú, el primer tratado medioambiental de América Latina y el Caribe, que entra en vigor el 22 de abril, trae esperanza para abrir paso a una protección efectiva de las personas defensoras del ambiente y los derechos humanos en la región, dijeron a Sputnik activistas y especialistas en el tema.
"En la región hemos estado monitoreando y documentando casos de agresiones a personas defensoras del medio ambiente y es uno de los aspectos más preocupantes en términos de derechos humanos. En ese sentido el acuerdo de Escazú es muy importante porque es un tratado vinculante que obliga a los Estados a establecer medidas específicas en temas ambientales y es un tratado en este sentido innovador", dijo la encargada de campañas para personas defensoras de derechos humanos de Amnistía Internacional (AI), Graciela Martínez.
Formalmente llamado "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", el acuerdo de Escazú establece nuevas normas de protección del medio ambiente y los derechos humanos, y es el primer tratado internacional que incluye medidas específicas para proteger a las personas defensoras de los derechos ambientales.
Para Martínez, uno de los grandes retos del acuerdo será su implementación, que "es un proceso que llevará tiempo, sobre todo partiendo de la base que todavía no todos los países han ratificado o se han adherido al tratado".
En ese sentido, la integrante de AI recordó que de 33 países en la región, 24 han firmado el acuerdo, pero solo 12 lo han ratificado, apenas una nación más del mínimo establecido para su entrada en vigor.
Entre los países que todavía no lo ratificaron se encuentran algunos de los que tienen los índices de ataques a personas defensoras de derechos humanos más altos del mundo, como Colombia, Honduras y Guatemala, señaló la politóloga.
Según el último informe de la organización internacional Global Witness, de 2019, Colombia tiene el número más alto de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, "y a pesar de ello no ha ratificado el acuerdo de Escazú", mientras que Honduras tiene la mayor cifra de asesinatos a defensores del mundo per cápita "y el Gobierno ni siquiera lo ha firmado", detalló.
Desde AI destacan la importancia de que todos los países se adhieran a este acuerdo, para que su implementación pueda tener un efecto realmente regional y profundo sobre situaciones clave en materia de protección del medio ambiente.

Voto de confianza

Desde la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) han solicitado la implementación urgente del acuerdo que permita, principalmente, proteger la vida de los defensores de la tierra.
La semana pasada, la Coica emitió una declaratoria de emergencia de derechos humanos para defensoras y defensores indígenas de la Amazonía, ante el aumento de los asesinatos en la región.
Según las cifras incluidas en la declaración, en 2020 se registraron 202 asesinatos de lideresas y líderes indígenas, un incremento del 67% respecto al año anterior.
"La situación es tan grave que cada día dos hermanos son asesinados en la Amazonía", dijo a Sputnik el coordinador general de la Coica, José Gregorio Díaz Mirabal, quien agregó que desde la coordinadora quieren creer en que el acuerdo de Escazú no será "una declaración más".
En ese sentido, dijo que van a darle al tratado el beneficio de la duda, un voto de confianza y un plazo de implementación para que realmente sea efectivo, debido a que ya hay "muchos acuerdos, muchas leyes y muchas promesas que no se cumplen en la cuenca amazónica".
"No hay muchas condiciones para creer, pero nosotros no podemos perder la esperanza", expresó Díaz Mirabal, quien añadió que de cara a la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), que se realizará en noviembre, habrá tiempo suficiente "para saber si esto es una promesa más o de verdad hay un compromiso por la defensa de la naturaleza y de la vida de los pueblos indígenas".
Respecto a la falta de compromiso de los Estados con el medio ambiente, el activista destacó que es algo que va más allá de las ideologías particulares de cada Gobierno.
En ese sentido, puso como ejemplo a Brasil y a Venezuela, "que son dos extremos, supuestamente un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, pero que se unen en el extractivismo y la violación de los derechos de los pueblos indígenas", y no han ratificado el acuerdo de Escazú.
"Hay una desigualdad extrema en la cuenca amazónica en el tema de derechos de los pueblos indígenas, y ahí no se diferencia si el Gobierno es azul o es rojo, izquierda o derecha; la evaluación es la misma", añadió.
Desde la Coica solicitan a las grandes potencias, como Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea, que hacen grandes inversiones en la región, que les ayuden a proteger la Amazonía y a que se respete el acuerdo de Escazú.
"Que se busque una alternativa económica para salvar la Amazonía. Ese es el mensaje para todos (…) porque si la selva amazónica, que es el bosque tropical más grande del planeta, se destruye, el planeta se va a calentar y no se va a salvar nadie", advirtió.

Pandemia

El coordinador general de la Coica también se refirió al impacto de la pandemia de COVID-19 en los pueblos indígenas, y consideró que esta dejó en evidencia la desigualdad extrema respecto a las vacunas, a la infraestructura, a la atención y a los planes y políticas en salud para ellos.
Además, señaló que no hay cifras oficiales sobre el número de casos y muertes de personas indígenas a causa de la pandemia porque no hay un registro específico, sino que están contabilizados en el total del país, algo que también sucede con los asesinatos de los defensores ambientales.
A su vez, denunció que durante la pandemia no se respetaron las leyes ambientales de la cuenca amazónica, "que son muy débiles", y los gobiernos no consultaron a los territorios indígenas sobre concesiones petroleras y mineras; simplemente hicieron decretos y dieron permiso para que se incrementaran las actividades extractivas en la región.
"En el marco de la pandemia había restricciones de movilización, toques de queda, pero increíblemente la minería ilegal aumentó, los asesinatos y la invasión de los territorios indígenas aumentaron, para ello no hubo toque de queda y no hubo pandemia", expresó.
Díaz Mirabal explicó que desde la Coica intentan generar incidencia para que los tengan en cuenta y aspiran a poder contar con un espacio donde coordinar y enfrentar de manera conjunta con las autoridades las distintas problemáticas que afectan a sus comunidades.
"Nosotros estamos diciendo que debe haber un plan que permita a los pueblos indígenas participar en las políticas públicas ambientales, sociales, económicas, territoriales, comunicacionales, como lo plantea el Acuerdo de Escazú", expresó.
Y resaltó que el objetivo final "es tener un ambiente sano, tener derechos, tener salud y que haya transparencia y respeto a la vida de los pueblos indígenas".
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El acuerdo de Escazú lleva el nombre de la ciudad costarricense en el que fue adoptado el 4 marzo 2018, con la firma de 24 países.
Hasta ahora lo han ratificado 12: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Las 12 naciones que firmaron el tratado pero todavía no lo han ratificado, son:
Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay y Perú.
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