Las organizaciones sociales cuestionan el papel de Colombia ante la ONU por desapariciones forzadas

Las organizaciones que hacen parte de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada cuestionaron el papel que cumplió el Estado colombiano ante el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, en el marco de dos audiencias virtuales que se realizaron el 19 y el 20 de abril a raíz del aumento de ese delito en el país.

"En su mayoría, las respuestas de las diferentes instituciones estatales fueron poco claras y precisas, y dejaron ver una clara fragmentación. La delegación tuvo que comprometerse a entregar la información faltante por escrito para que el Comité pueda efectuar su evaluación y recomendaciones en los próximos días", señalaron las organizaciones sociales a través de un comunicado del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

Según ese movimiento, cuyos voceros participaron en las audiencias virtuales con delegados de la CED en Ginebra (Suiza), el Estado colombiano tampoco ofreció información estadística o dio respuestas "sobre las acciones que adelanta el Gobierno frente a las amenazas y ataques contra víctimas, familiares, personas defensoras, funcionarios, comunidades étnicas y representantes de víctimas de desaparición forzada".

La delegación del Estado colombiano estuvo presidida por la vicecanciller, Adriana Mejía, quien estuvo acompañada por representantes de las diferentes instituciones públicas con responsabilidad en el tema de desaparición forzada, como la Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre otros.

Las organizaciones también resaltaron que el Estado no respondió sobre las desapariciones, asesinatos y descuartizamientos ocurridos en varias cárceles del país, en particular la cárcel Modelo, de Bogotá, y resaltaron el llamado que le hizo la CED sobre la importancia de contar con una Política pública integral para la prevención de la desaparición forzada.

Dicha política debe lograr "integrar los esfuerzos de las diferentes instituciones, con el firme propósito de hacer efectivo el derecho a la verdad que la sociedad colombiana tiene", dijo el comunicado de Movice al hacer referencia a las recomendaciones que hizo la CED en las audiencias.

En ellas, el Comité también expresó preocupación por temas como el universo de víctimas, la situación de los niños y niñas desaparecidos, la participación de los familiares y organizaciones en el proceso de búsqueda, así como la necesidad urgente de depurar y unificar las cifras de personas desaparecidas en Colombia.

Algunas de esas recomendaciones fueron hechas también por la CED en 2016, en el marco de la primera comparecencia del Estado colombiano ante ese organismo, que tiene como objetivo revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y emitir observaciones y recomendaciones a los Estados.

Se prevé que el próximo 5 de mayo la CED haga públicas sus observaciones finales y sus recomendaciones a Colombia.