La expresidenta boliviana se niega recibir tratamiento médico oficial

LA PAZ (Sputnik) — La expresidenta boliviana Jeanine Áñez, detenida preventivamente desde hace un mes en una cárcel de La Paz, sufre una infección pero se niega a recibir tratamiento en el penal, informó la autoridad penitenciaria, mientras sus representantes pedían su internación en una clínica privada.

"La privada de libertad Jeanine Añez se negó a recibir la atención del médico internista de Régimen Penitenciario en horas de la tarde del 20 de abril del presente año", dijo la Dirección de Régimen Penitenciario en un comunicado.

La declaración oficial surgió en respuesta al anuncio de la defensa de Áñez de que exigiría el traslado inmediato de la exgobernante de facto a un centro médico por recomendación de un médico particular que le diagnosticó una "infección urinaria severa".

"Informes de laboratorio realizados indican que la paciente presenta una infección urinaria, por lo que debe recibir tratamiento", confirmó la autoridad penitenciaria, revelando que "además, se plantea la posibilidad de una intoxicación alimentaria".

Añadió que la exgobernante, de 53 años, puede recibir en la cárcel el tratamiento ordenado por los servicios médicos oficiales.

Sin embargo, la defensa de Áñez dijo en un comunicado que la expresidenta ya fue tratada sin éxito de su infección urinaria en la cárcel y que por esa razón un médico particular, en base a una visita y exámenes de laboratorio ha recomendado su internación inmediata.

La semana pasada, la Dirección de Régimen Penitenciario informó que Áñez se niega también a consumir la comida de la cárcel y que por ello se ha autorizado que sus allegados le lleven alimentos todos los días.

Áñez, quien gobernó Bolivia tras el derrocamiento de Evo Morales entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, está detenida desde el 13 de marzo y cumple prisión preventiva de seis meses en espera de juicio penal por el golpe de 2019.

Por vía separada, la Fiscalía General tramita al menos cuatro demandas de juicios de responsabilidades contra la exgobernante, por delitos de lesa humanidad, económicos y otros.