Grupo de Puebla celebra la restitución de los derechos políticos de Lula

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Grupo de Puebla celebró a través de un comunicado la decisión del Tribunal Supremo de Brasil de confirmar la nulidad de las condenas contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) por supuesta corrupción.

"El Grupo de Puebla celebra la decisión de la Suprema Corte de Brasil (STF) que, por ocho votos contra tres, anuló todas las condenaciones contra el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva en el ámbito de la operación Lava Jato (…) La decisión del pleno del STF se suma a la de la segunda sala de la corte que ya había reconocido la actuación política y parcial del entonces juez Sérgio Moro para condenar lula", dice el texto.

El comunicado destaca que "con esas decisiones, el expresidente brasileño recupera sus derechos políticos y podrá, si así lo desea, ser candidato en las próximas elecciones presidenciales del 2022".

El Grupo de Puebla, señala que, aunque tardías, las decisiones restablecen "la verdad histórica de que Lula fue víctima de una persecución judicial, de un proceso de lawfare y del arbitrio del Estado, que actuó deliberadamente para evitar que se postulara para presidente en las elecciones presidenciales del 2018".

Y añade que desde el inicio de la operación político-judicial contra Lula en 2014 "siempre hubo fundamentos políticos, económicos y geopolíticos, disfrazados como la lucha contra la corrupción", que llevaron "al ultraderechista Jair Bolsonaro, en la Presidencia de la República, decisión que hoy tiene a Brasil dentro de los casos más extremos en cuanto a los efectos de la pandemia por covid-19".

A su vez, considera que la "la persecución judicial a Lula" forma parte "de un proceso de deconstrucción de la imagen de los gobiernos progresistas en Brasil, que ya había comenzado con un golpe sin responsables contra la presidenta Dilma Rousseff".

"Por eso, el regreso de Lula a la vida pública brasileña, con todos sus derechos establecidos, es una victoria de la democracia y el estado de derecho", añade.

Finalmente, afirman que esperan que esta resolución "sea el punto inicial de un proceso de responsabilización de los daños políticos y económicos surgidos a raíz de esta investigación ilegítima, en la cual sectores del sistema judicial actuaron con intencionalidad, buscando sacar provechos públicos y privados, incluso más allá de las fronteras de Brasil".