El Gobierno boliviano: el caso de un ministro sobornado será un emblema de lucha contra corrupción

LA PAZ (Sputnik) — El proceso iniciado contra un ministro de Bolivia, detenido in fraganti recibiendo un supuesto soborno para acelerar un trámite de dotación de tierras agrícolas, es un emblema del compromiso de lucha contra la corrupción, aseguró el ministro de Justicia, Iván Lima.

"Para el Ministerio de Justicia y en este momento del Gobierno nacional, es un caso emblemático, es un caso de absoluta trascendencia", dijo Lima a reporteros, al día siguiente de que se confirmara la detención del ministro de Desarrollo rural y Tierras, el dirigente campesino Edwin Characayo.

El funcionario fue detenido en una operación policial el 13 de abril en la noche en la avenida principal de La Paz, cuando recibía 20.000 dólares en efectivo que, según denuncia del Ministerio de Gobierno, eran el pago inicial de un soborno que ascendería a 380.000 dólares.

Characayo se convirtió en el segundo ministro de Desarrollo Rural y Tierras caído en desgracia por corrupción durante el todavía corto mandato del presidente Luis Arce, luego de que su antecesor, también dirigente campesino, fuera destituido en diciembre acusado de nepotismo, entre otras cosas.

¿Trascendencia?

Lima salió a reafirmar la voluntad anticorrupción del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), luego de que un otrora hombre fuerte de ese partido, el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, tratara de minimizar el 14 de abril el llamado "caso Characayo", provocando duras críticas opositoras.

"Para mí es intrascendente que un ministro esté recibiendo 20.000 dólares. ¿Ustedes se imaginan lo que significa, en términos de millones de dólares, el tráfico de tierras por parte de la derecha en Santa Cruz [este], en los últimos 50 años?", dijo Quintana en una reunión del MAS a la que asistió el expresidente Evo Morales.

En réplica, Lima dijo que el Gobierno estaba decidido a llevar el 'caso Characayo' hasta una sentencia judicial, asegurando que había no solo indicios sino "pruebas contundentes" de la responsabilidad del acusado, quien todavía no ha sido formalmente destituido, y de otros miembros de una supuesta red de corrupción.

"Es un caso emblemático en el cual tenemos que encontrar los patrones que le permitan tener al país seguridad jurídica (…); estamos tomando este caso con extrema responsabilidad, tenemos el compromiso y mandato del presidente Luis Arce de llegar a resultados inmediatos", afirmó el titular de Justicia.

La viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, dijo el 15 de abril a la radio estatal Patria Nueva que Characayo gozará de todos los derechos constitucionales a la defensa, partiendo de la presunción de inocencia, cuando se someta al juicio que según la autoridad "llegará al final, no quedará congelado".

"En el proceso lo que se evalúa son las pruebas, a partir de las cuales actúan los fiscales y jueces toman las determinaciones, sin importar si el caso es grande o pequeño, o si los involucrados tienen alto o bajo rango", aseguró.

Añadió que el Ministerio de Justicia ha abierto una oficina que recibe y procesa denuncias, que pueden ser incluso anónimas, de corrupción de funcionarios y autoridades.