Expresidenta boliviana se niega a declarar en trámite de juicios de responsabilidades

LA PAZ (Sputnik) — La expresidenta transitoria boliviana Jeanine Áñez se negó a declarar en la cárcel, acogiéndose a su derecho al silencio en una audiencia convocada por la Fiscalía en los trámites iniciales de dos juicios de responsabilidades, reportaron medios locales.

"La señora Jeanine Añez ha decidido abstenerse de prestar su declaración informativa, haciendo uso de un derecho constitucional" al silencio, dijo el fiscal Gonzalo Añaricio tras la frustrada audiencia en una cárcel del céntrico barrio paceño de Miraflores, donde la exgobernante cumple detención preventiva.

La audiencia se realizó al día siguiente de que Áñez completara el primero de seis meses de reclusión prejudicial ordenada por otro juez en una denuncia separada de golpe de Estado, referida a la forma en que la acusada tomó la presidencia de Bolivia, sin aval parlamentario, tras la caída de Evo Morales en noviembre de 2019.

El fiscal Aparicio dijo, según reportó radio Fides, que la audiencia fue convocada por el fiscal general Juan Lanchipa y será seguida por otras sesiones, en el proceso preparatorio de cuatro juicios de responsabilidades planteados hasta ahora contra Áñez.

Abstención

El abogado de Áñez, Ariel Coronado, confirmó a reporteros que la expresidenta transitoria no responderá a la indagatoria de la Fiscalía mientras no tome conocimiento pleno de las denuncias que enfrenta, por actos supuestamente inconstitucionales durante su gestión de noviembre de 2019 a noviembre de 2020.

Ella "se abstuvo de declarar. Nosotros no vamos a emitir ningún pronunciamiento hasta que obviamente tengamos todos los documentos para hacer la defensa. En todos los casos nos vamos (a acoger al derecho) al silencio puesto que necesitamos analizar los casos para poder hacer la defensa", afirmó el abogado.

Los procesos abiertos por la Fiscalía General contra Áñez responden a demandas de juicios de responsabilidades presentadas por el Ministerio de Justicia, por cuenta propia o en representación de agrupaciones de ciudadanos que se consideran afectados por medidas del reciente gobierno de facto.

Áñez debía declarar el 14 de abril sobre una demanda referida a la contratación y recepción de un crédito de 347 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, sin autorización del parlamento, y sobre una ampliación de la concesión del registro público de empresas a una asociación privada, sin licitación.

En el tercer juicio de responsabilidades, próximo a ser activado, la expresidenta está acusada de atentado a derechos humanos por emitir un decreto que castigó penalmente, como "delito contra la salud pública", a la difusión de informaciones que pudiesen causar malestar o incertidumbre en la población durante la pandemia.

El cuarto proceso busca castigo contra Áñez y otras autoridades que impidieron el ingreso de bolivianos que retornaban al país tras las declaraciones de emergencia por la pandemia en naciones vecinas en el primer semestre de 2020.

En todos los casos, los juicios de responsabilidades deben tener, para ser remitidos al Tribunal Supremo de Justicia como única instancia, la autorización del parlamento con dos tercios de votos, lo que significa que el gobernante Movimiento Al Socialismo debería sumar apoyos de la oposición.

En cambio, el "caso golpe de Estado" por el que la expresidenta está detenida desde el 13 de marzo se tramita como juicio penal ordinario porque se refiere a sus acciones en condición de senadora, antes de acceder al Gobierno.

En este proceso están acusados también exministros, otras exautoridades y excomandantes militares y policiales, de los cuales varios están también detenidos preventivamente y otros han buscado refugio en el extranjero.