La expresidenta Áñez se llama a silencio tras un mes en la cárcel en Bolivia

LA PAZ (Sputnik) — Un mes después del alboroto causado por su detención, acusada de golpe de Estado, la expresidenta Jeanine Áñez guarda silencio, casi nadie habla de ella y Bolivia parece estar más atenta a otros conflictos.

La fiscalía que ordenó detener a la exgobernante transitoria, de facto según sus detractores, está también en silencio y se supone que trabaja en la preparación de un juicio a partir de una denuncia de golpe de Estado planteada por el oficialismo contra Áñez, varios de sus exministros y exjefes militares y policiales, entre otros.

La también exsenadora cumple seis meses de detención preventiva desde que fue detenida en la madrugada del 13 de marzo en Trinidad (noreste), ciudad amazónica capital del departamento de Beni.

Residía en su distrito natal desde que concluyó su polémica gestión al frente del gobierno derechista que, sin aval parlamentario, se instaló en noviembre de 2019 tras el derrocamiento de Evo Morales.

Áñez, quien fracasó en su intento de ser candidata presidencial en los comicios de octubre pasado retirando su nombre luego de varias encuestas desfavorables, fue puesta en manos de la justicia seis días después de perder otra apuesta electoral, al lograr solo 13% de votos y quedar en tercer puesto en la elección de la gobernación de Beni.

Solo la hija

En su primera semana de detención, Áñez recibió un ruidoso respaldo de líderes conservadores y miembros de su gobierno, que organizaron varios actos callejeros de protesta y denunciaron que "persecución" y "revanchismo" del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que volvió al poder tras el año de transición.

Luego perder dos apelaciones judiciales y a medida que Bolivia se aproximaba a los balotajes de las elecciones regionales -realizados el pasado domingo 11 de abril- sus aliados políticos se concentraron en la campaña proselitista y la expresidenta dejó de publicar mensajes en su cuenta de Twitter.

El silencio de Áñez no fue roto ni siquiera en ocasión de una visita de una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizada a principios de marzo y de la cual no hubo declaraciones de los enviados internacionales.

Solo la hija de Áñez, Carolina Ribera habló esporádicamente con medios locales en las dos últimas semanas, para denunciar repetidamente que la expresidenta sufría estrés, no recibía atención médica adecuada y estaba aislada.

Las autoridades penitenciarias respondieron a esas denuncias afirmando que la reclusa estaba aislada por voluntad propia del resto de las privadas de libertad en la cárcel del céntrico barrio de Miraflores, en un ambiente en el que tiene atención médica las 24 horas del día.

"No nos rendiremos hasta que se haga justicia, ésta es una lucha por la libertad y la democracia, contra la dictadura que pretende imponer el MAS", dijo Ribera el martes a reporteros mientras se dirigía a un predio de la universidad estatal de La Paz donde se realizaría un acto de solidaridad con "los presos políticos del MAS".

Ribera dijo que confiaba en que el acto abra un ciclo de presiones en favor de la libertad de la expresidenta, a quien definió también como "víctima de un gobierno que quiere torcer la historia con el relato de un golpe de Estado que no hubo".

Añadió, repitiendo la versión de la derecha local, que "lo que hubo en 2019 fue un fraude del MAS respondido con una movilización de derribó al dictador (Morales) y puso una presidenta por la vía de sucesión constitucional".

Las denuncias de fraude no fueron probadas y los procesos abiertos contra los supuestos autores están casi totalmente extinguidos, a diferencia de los juicios contra los acusados del golpe que están en pleno desarrollo.

En desbande

Áñez dijo tras ser detenida que cumplía su promesa de "dar la cara" ante las denuncias que cayeron en su contra, incluida una por genocidio que podría derivar en un juicio de responsabilidades.

Pero algunos de sus colaboradores desaparecieron incluso antes de la posesión, el 8 de noviembre de 2020, de la nueva administración, presidida por Luis Arce.

Los dos hombres fuertes del gobierno transitoria, los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, ya no estuvieron en la foto oficial de despedida que Áñez y sus colaboradores se tomaron el 6 noviembre.

Días después de confirmó que habían huido a Brasil, siendo todavía formalmente autoridades, y que terminaron refugiados en Estados Unidos.

La exministra de Comunicación de Áñez, Roxana Lizárraga, salió a principios de este año a Perú en busca de asilo, y su par de Medio Ambiente, Elva Pinckert, fugó supuestamente a Brasil a principios de marzo luego de ser convocada por la fiscalía a declarar en un caso de corrupción.

Otra figura del gobierno transitorio, el exministro de la Presidencia Yerko Núñez, se declaró en la clandestinidad tras la detención de Áñez y en los últimos días se ha comunicado mediante las redes sociales asegurando que es víctima de persecución y que continúa en territorio boliviano.

Quienes sí están presos y coprocesados con Áñez son los exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán,de Energías.

De los demás miembros del gobierno transitorio no están confirmados los paraderos.