La exconsejera de Estado de Birmania enfrenta una nueva acusación en el juicio

BANGKOK (Sputnik) — A la exconsejera de Estado de Birmania, Aung San Suu Kyi, arrestada por las autoridades militares el pasado 1 de febrero, le presentaron un cargo adicional, comunicó el medio Myanmar Now citando a uno de sus abogados.

En la audiencia que se celebró de forma remota, Suu Kyi fue acusada de "violar la prohibición de llevar a cabo reuniones de más de 30 personas mientras visitaba en agosto pasado a los miembros de su partido en Naypyitaw".

El tribunal del municipio de Zabuthiri aceptó la acusación en virtud de la sección 25 de la Ley de Gestión de Catástrofes Naturales, lo que conlleva una pena de hasta tres años de prisión.

Ahora la exconsejera se enfrenta a seis cargos, y a una pena de prisión de hasta 26 años en total.

Suu Kyi pidió una reunión privada con sus abogados, petición que, según el medio, "quedó sin respuesta".

La próxima audiencia está prevista para el 26 de abril.

Previamente Suu Kyi fue acusada de poseer dispositivos de comunicación electrónicos importados que no fueron sometidos a trámites aduaneros, así como de violar la legislación sobre la prevención de catástrofes naturales por haber organizado protestas en medio de la prohibición de reuniones por la pandemia del COVID-19.

Además, a la exconsejera la acusaron de recibir sobornos, violar la ley de secretos oficiales e incitar al público a cometer delitos contra el Estado.

Según los datos de la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) actualizados al 11 de abril, 706 personas murieron como resultado de la represión militar en Birmania desde el golpe de Estado de febrero pasado, mientras otras 3.059 se encuentran detenidas, entre ellas 64 que ya han sido sentenciadas.

El 1 de febrero pasado, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos Suu Kyi y el presidente Win Myint, y decretaron el estado de emergencia por un año.

Los altos mandos del Ejército, que habían gobernado Birmania durante décadas, justifican el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre pasado, que dieron una clara victoria a la Liga Nacional para la Democracia.

La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas desafiando la represión y protagonizando protestas callejeras y acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del Gobierno civil y la liberación de los presos políticos.