La deuda con la paridad de género en cargos públicos sigue vigente en Argentina

Argentina intenta ser un país estandarte en la lucha por equiparar la representación política de las mujeres frente al dominio masculino. Una ley de paridad se puso en práctica en 2019 y, aunque el Congreso tiende hacia la igualdad sin alcanzarla, sigue existiendo la brecha de género en la mayor parte de los puestos del Poder Ejecutivo.

La Ley de Paridad de Género en ámbitos de representación política, vigente desde 2017, establece que las listas de candidatos al Parlamento argentino deben intercalar la presencia de mujeres y varones. La norma es una ampliación de la emblemática Ley de Cupo Femenino, sancionada en 1991, primera en su tipo en América Latina, que definía un piso de 30% en la representación de mujeres en el Poder Legislativo nacional. En todo caso, el objetivo es reducir gradualmente desigualdades sociales históricas.

Sin embargo, y así como en otros países que también empezaron a adoptar las llamadas políticas de acción afirmativa (más allá de lo que se conoce como "cuotas" de inclusión social) se fueron identificando conformaciones partidarias que seguían impidiendo una real representación femenina en cargos electivos. Por ejemplo, ante la ley argentina de 1991, era común encontrar listas electorales que si bien cumplían con el 30% de candidatas mujeres, sus nombres figuraban entre los últimos.

"Ese cupo en vez de un piso se transformó en un 'techo de cristal', como se conoce en el vocabulario de estudios de género", ilustró a Sputnik la politóloga especializada en género Emilia Cerra, de la ONG Economía Femini(s)ta, dedicada a la obtención de cifras sobre desigualdad y violencia de género en Argentina.

Es decir, no solo las mujeres candidatas eran las menos visibles en sus listas sino que resultaba casi imposible que llegaran a ingresar a los cargos electivos o nombrados por el Gobierno electo. Así que ahora —con la ley aprobada en 2017 y finalmente puesta en práctica en las elecciones de 2019— determina que las bancas legislativas efectivamente sean ocupadas de forma más equitativa y representativa de la población a la que sirve.

La ley actual también ordena que, en caso de reemplazo de un legislador o legisladora, la persona que ocupe su lugar debe tener el mismo género. La misma regla vale para las elecciones internas de los partidos políticos y eventuales alianzas, tanto para definir los candidatos a cargos legislativos como para los directivos partidarios.

"Hubo sustancialmente un cambio enorme por esta medida de acción afirmativa", evalúa Cerra. A su juicio, la participación creciente de las mujeres en los espacios públicos habilita y refuerza el giro cultural de los últimos años.

Y aunque todavía ninguna de las cámaras del Congreso argentino haya alcanzado la paridad absoluta, la representación femenina de la legislatura hoy llega a 42%. De los tres poderes del Estado, es el más avanzado en cuanto a la igualdad de género. La comparación demuestra la necesidad y la eficacia de este tipo de iniciativas ya que tanto el Ejecutivo cuanto el Judicial carecen de leyes específicas sobre el tema.

"Parte de la resistencia se encuentra en la disputa de poder hacia dentro de los partidos tradicionales, donde las listas siguen siendo encabezadas por varones. Cuando se cierra una lista hay un montón de 'rosca' [negociación] política interna y las mujeres tienen menos roce, tienden menos a la confrontación en esos ámbitos, que suelen ser ampliamente masculinos, por lo que el capital de recursos lo siguen teniendo los varones", detalló Cerra, que además elabora el Feminidex, un novedoso índice de candidatos con perspectiva de género.

¿Avanza la paridad de género en Argentina?

De los 20 ministerios nacionales, solo tres están conducidos por mujeres. En las 24 provincias, únicamente hay dos gobernadoras y seis vicegobernadoras. En la historia, hubo solo 21 ministras nacionales, menos de 10 gobernadoras, todas electas en el siglo XXI, y dos presidentas: María Estela Isabel Martínez de Perón (1974-1976), que antes fue vicepresidenta y que no terminó su mandato, y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), hoy segunda en el mando del Poder Ejecutivo nacional.

"En los cargos de Gobierno, se ha hecho un esfuerzo y ha incrementado sobre todo en las segundas y terceras líneas. Ahora, estamos muy lejos de tener paridad en los ministerios, de que esas secretarias o subsecretarias ocupen cargos con poder real dentro de las estructuras porque muchas veces las puentean, y eso tiene que ver con la cultura política de este país. Me parece que eso nos va a llevar un tiempo más, lo mismo que en la Justicia", dijo a Sputnik Marcela Durrieu, referente de la ONG Ojo Paritario, dedicada al monitoreo del cumplimiento de las leyes en todo el país.

Hubo avances con la llegada del nuevo Gobierno en diciembre de 2019. Sobre el total de cargos ocupados en la Administración Pública Nacional, las mujeres pasaron de representar en promedio el 21% en 2019 a 34% en diciembre de 2020, según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

En la Corte Suprema, principal tribunal del país, solamente hay una jueza entre sus cinco miembros. Las mujeres solo ocupan el 37% de los cargos de magistrados aunque configuran 58% del total de integrantes del Ministerio Público de Defensa. Entre fiscales, alrededor de un 30% son mujeres. Representan el 56% de los cargos de funcionarios y 44% de personal de servicios auxiliares, según un informe de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN).

En los gabinetes provinciales, el porcentaje femenino está muy contrastado. Su mayor expresión es en Tierra del Fuego (sur), con 67%. En más de la mitad de los distritos las mujeres ocupan menos del 30% de los cargos en los gabinetes y es inexistente en La Pampa (centro), donde los nueve ministros provinciales son hombres, según elaboró la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía.

Durante 2020 hubo un amplio avance en la adecuación en de las provincias a la ley nacional de paridad de género, según informó el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). En siete de los 10 distritos donde todavía no había leyes garantes de igualdad de representación hubo reformas, y en 2021 Tierra del Fuego (sur) se prepara para aprobarla, lo que deja como excepciones a Corrientes (noreste) y Tucumán (noroeste).

Un caso emblemático fue la provincia de Entre Ríos (este). La actual vicegobernadora, Laura Stratta, impulsó en 2020 la sanción de una Ley de Paridad Integral, que plantea equidad en la representación de listas parlamentarias y las fórmulas provinciales y municipales, pero también en el Poder Judicial y en organizaciones de la sociedad civil y directorios de empresas.

Participación política de mujeres en Argentina: ¿cómo empezó?

La historia de los esfuerzos por la representación política femenina en Argentina comienza a inicios del siglo XX, gracias a mujeres emblemáticas como Cecilia Grierson, fundadora del Consejo Nacional de Mujeres en 1900; Julieta Lanteri, creadora del Partido Feminista Nacional en 1918; Elvira Rawson, exponente del partido tradicional Unión Cívica Radical (UCR) y cabeza de la Asociación Pro Derechos de la Mujer desde 1919, y Alicia Moreau, ícono del socialismo y redactora del primer proyecto de ley de sufragio femenino en 1932.

La ley de sufragio femenino logró alcanzarse recién en 1947, con la llegada a la presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1955), gracias a la influencia de la primera dama, María Eva Duarte, Evita, quien además buscó asegurar la presencia de mujeres entre los candidatos con posibilidades de ser electos.

En 1949, Evita fundó el Partido Peronista Femenino, que solo podía estar integrado por mujeres afianzadas a este movimiento popular. Tenía garantizado el 33% de los cargos que obtenía el peronismo, mientras que los otros dos tercios eran para los sindicatos y para el sector político masculino.

En las elecciones de 1951, primeras en las que pudieron votar las mujeres, fueron electas como representantes más de 50 legisladoras nacionales, intendentas y concejalas en todo el país, un acontecimiento inaudito hasta el momento en el mundo. El golpe de Estado militar que terminó con el gobierno constitucional de Perón tiró por tierra todo avance.

Recién con el regreso de la democracia posterior a la última dictadura cívico-militar (1976- 1983) volvieron a impulsarse los esfuerzos para incrementar la representación de las mujeres en la política y en cargos públicos. El número de legisladoras electas en 1983 fue mínimo.

En 1989, un proyecto de cupo femenino fue presentado por la senadora Margarita Malharro, de la UCR, partido del primer gobierno posdictadura. Ese año asumió la presidencia el peronista Carlos Menem (1989-1999), que apoyó la iniciativa, y se sancionó finalmente en 1991.

"Nosotras avanzamos en una cosa que no es menor que fue que, con un tercio de mujeres en la convención constituyente de 1994, incorporamos en la Constitución Nacional los derechos de la mujer en términos generales, con todas las convenciones de derechos humanos internacionales vinculadas a mujeres, lo cual fue la base para muchísimos logros posteriores", comentó Durrieu, exdiputada nacional.

La Ley de Cupo Femenino fue un avance inédito en el mundo, no solo por su sanción sino por su puesta en práctica, además de ser la antesala de la Ley de Paridad de Género. Inicialmente, se aplicó solo para la Cámara de Diputados nacional pero se amplió en 1995 al Senado y en 2015 a candidatos para ocupar las bancas argentinas en el Parlamento del Mercosur.

"Cuando una mujer entra, hay un varón menos. Nadie resigna privilegios y los varones no siempre son conscientes, se creen que se los merecen en serio. Tienen tan naturalizada la tabla inclinada, que las mujeres nos ocupamos de las tareas de cuidados. Se confunde que las mujeres nos peleamos contra los varones, pero no, es contra la cultura patriarcal y los estereotipos", remarcó.