Jueza de Colombia suspende audiencia en la que Fiscalía pediría archivar caso contra Uribe

BOGOTÁ (Sputnik) — La jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, suspendió el martes la diligencia por medio de la cual la Fiscalía General pediría que se archive el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.

La diligencia, que se realizó desde las 08.00 hora local (13.00 GMT) hasta las 14.45 (19.45 GMT), se centró en la petición para que Deyanira Gómez, esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve -quien vincula a Uribe con grupos paramilitares-, y el periodista Gonzalo Guillén fueran acreditados como víctimas dentro del proceso, por lo cual la jueza anunció que mientras evalúa tal petición "se suspende la audiencia hasta el viernes 9 de abril".

Según estaba previsto, en la audiencia virtual del martes, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes, pediría a la jueza que precluya (archive) la investigación que se adelanta contra Uribe, ya que la Fiscalía hizo una "valoración integral de los elementos materiales probatorios" en su contra y determinó que los hechos de los que se le señala "no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe".

"De alguna manera (Deyanira Gómez ) presenció lo que ocurrió pero nunca la conducta indilgada a Álvaro Uribe Vélez. No existe un vínculo, es más una testigo circunstancial, pero no una víctima", dijo Jaimes respecto de la mujer.

Sin embargo, Jaimes le pidió a la jueza que no acoja la solicitud que hicieron los abogados de Deyanira Gómez y Gonzalo Guillén, Miguel Ángel del Río y Roberto Mauricio Rodríguez, respectivamente, tras considerar que no se cumplen los parámetros que establece el Código de Procedimiento penal para ser acreditados como víctimas, lo cual también respaldó el agente de la Procuraduría.

Mientras, de Guillén señaló que su vinculación sería "tangencial", ya que tampoco fue testigo de lo que se lo acusa a Uribe.

Gómez y Guillén piden ser incluidos como víctimas en el proceso tras señalar que ella ha sido objeto de amenazas, atentados y persecución laboral, mientras que él asegura que fue injuriado por parte del abogado Jaime Lombana, uno de los defensores de Uribe.

Al respecto, la Procuraduría sostuvo que si bien son señalamientos graves, deben ser abordados en un proceso diferente al que se le sigue a Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, lo cual ahora debe dirimir la jueza Ortiz.

Uribe, en calidad de senador, era investigado desde el año 2018 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares que declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran.

Investigaciones de la Corte darían cuenta de que con dicha manipulación de testigos Uribe buscaba que los exparamilitares cambiaran su versión y en cambio declararan en contra del senador de izquierda Iván Cepeda, víctima en el proceso y uno de sus más fuertes contradictores quien, además, logró obtener los testimonios de esos testigos que señalaron a Uribe de conformar un grupo paramilitar.

El pasado 4 de agosto, la CSJ emitió un fallo de detención domiciliaria contra Uribe, por lo que debió confinarse en su hacienda El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba (norte), de unas 1.500 hectáreas y en la que, dijo, se encontraba "secuestrado" por la justicia.

Posterior a ese fallo, Uribe renunció a su escaño en el Congreso el 18 de agosto y con ello perdió su investidura como senador, por lo que su proceso fue abandonado por la CSJ y tomado por la Fiscalía General, que abandonó la investigación adelantada hasta entonces por el alto tribunal e hizo un propia.

Los antagonistas políticos de Uribe -entre ellos Cepeda- sostienen que la Fiscalía pedirá la preclusión de la investigación para beneficiarlo, ya que el fiscal general, Francisco Barbosa, es un amigo cercano del presidente Iván Duque, quien a su vez es el delfín político de Uribe.

Uribe, el expresidente más popular en la historia reciente de Colombia, es también el único exmandatario que ha estado detenido, pese a que el caso por el cual se le investiga obedece a supuestas prácticas realizadas durante su periodo como senador (2014-2020).