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La libertad de prensa en la UE: ¿es legal cerrar medios y perseguir a periodistas en Letonia?

© Sputnik / Vladímir AstápkovichEstudio de radio de agencia Sputnik
Estudio de radio de agencia Sputnik  - Sputnik Mundo, 1920, 05.04.2021
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En los países bálticos no sólo se ha prohibido la difusión de medios de comunicación rusos, sino también su acceso a través de Internet so pretexto del cumplimiento del régimen de sanciones de la UE contra Rusia, por el que se abren causas penales contra sus periodistas. ¿Es legal extender sanciones personales contra los medios de comunicación?
En diciembre de 2020, las autoridades letonas presentaron cargos contra los colaboradores de los portales de noticias Baltnews y Sputnik Letonia, acusados de violar el régimen de sanciones de la UE bajo el artículo 84 del Código Penal letón, un delito que se castiga con multas e incluso cárcel. Se registraron sus domicilios y se les impuso la prohibición de salir del país.
Se da la circunstancia de que estos periodistas no son empleados de estos portales, sino firmas invitadas. Sputnik Letonia ya sufrió el cierre de su página en el país en 2016. Una de las periodistas afectadas es Alla Berezovskaya, autora de la página Russkiy Mir. Presentó un recurso ante la Fiscalía para impugnar la apertura de la causa con el argumento de que las sanciones personales contra Dmitri Kiselev no podían extenderse hacia ella y los otros colaboradores. La Fiscalía rehusó archivar el caso, manteniendo la acusación mientras se dirime su responsabilidad y se acaba de instruir el caso.
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En Estonia, a principios de marzo fue arrestado Serguei Seredenko, abogado especializado en materia de derechos humanos y colaborador en calidad de publicista del portal Baltnews. Acusado de "actividades contra el Estado", se enfrenta a penas que pueden llegar hasta seis años de reclusión carcelaria. El redactor-jefe de Baltnews, Andrei Starikov, ha calificado su arresto y prisión provisional de "episodio de represión política".

Los antecedentes

La entrada en vigor a principios de julio de 2020 de la reforma del sector audiovisual en Letonia por la que los proveedores locales de televisión quedaron obligados a recortar sus emisiones en ruso, se complementó con la prohibición de su difusión y ahora también con el bloqueo de su acceso por Internet para, según las autoridades de ese país, cumplir con las sanciones económicas aprobadas por la UE contra Rusia.
Siete canales de TV del medio ruso RT están afectados. Se trata de RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary y RT TV. El pretexto para su veto radica en el supuesto control que ejerce sobre ellos Dmitri Kiselev, director general del ente Rossiya Segodnya, cuyo nombre figura en la lista de sancionados a título personal por la UE.
Pero RT es una entidad jurídica independiente, cuya directora general es Margarita Simonián. Para el abogado José Luis Mazón, experto en casos de vulneración de derechos humanos, las medidas suponen violar la libertad de expresión y el derecho a recibir información. En declaraciones a Sputnik, explica por qué las sanciones no pueden extenderse a más personas de las que son objeto:
"También violan el derecho a la no discriminación y el derecho a que las sanciones no se apliquen sino a las personas que son responsables de ellas y no a allegados o personas afines, principio jurídico que se llama de personalidad de las sanciones".
Esta situación tuvo reflejo casi inmediato también en Lituania, donde en julio igualmente se restringió la difusión de estos canales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa señaló en su momento la existencia de claros indicios de que estas acciones se coordinan entre las tres repúblicas bálticas (Lituania, Letonia y Estonia).
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El espacio de maniobra

Desde un punto de vista jurídico y en correspondencia con la normativa europea en materia de libertades públicas, cabe preguntarse si es lícito que la Fiscalía de un Estado de la UE emita tales acusaciones contra medios de comunicación, sus empleados y sus colaboradores. El jurista José Luis Mazón afirma que es "manifiestamente ilegal" y recuerda que tanto la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como los compromisos emanados del Consejo de Europa, "abarcan a más Estados que los propios de la UE, también Rusia".
"Habría que ver si se pueden adoptar ese tipo de medidas respecto de la persona que han sancionado. Porque el Convenio Europeo es vinculante. La Federación Rusa y RT, o bien los particulares afectados, podrían presentar un caso ante el Tribunal Europeo y ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por violación de sus derechos. Son dos jurisdicciones a las que se hallan sometidas los Estados implicados. Es una situación antijurídica".
En la UE, la situación creada apenas ha tenido trascendencia mediática. En opinión de este abogado, el hecho de que los medios de comunicación afectados sean de un país que no pertenece a la Unión, obra decisivamente en este sentido. "Si no, habría una gran crispación interna, como ha pasado con el tema de los jueces en Polonia, que tomaron medidas que han chocado con el establishment europeo". Pero Mazón va más allá y observa una tendencia:

"En cierto modo estamos viviendo una situación de derogación del estado de derecho, una vuelta al estado de poder. En España también lo estamos viendo con la libertad de expresión".

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La postura rusa

Mediante un comunicado emitido a principios de diciembre, el Ministerio de Exteriores de la Federación Rusa condenó las "acciones agresivas" emprendidas por las autoridades letonas contra los empleados de la oficina de Sputnik en Riga y sus colaboradores de habla rusa. "Son un ejemplo flagrante de desprecio a los fundamentos de una sociedad democrática: la libertad de los medios de comunicación y a la de expresión".
Este ministerio calificó de "categóricamente inaceptable" la referencia a la violación del régimen de sanciones de la UE a Rusia como argumento para su acusación y apertura de causas penales. "Es una auténtica acción punitiva que no deja lugar a dudas sobre el trasfondo rusófobo de las acusaciones fabricadas".
Las perspectivas que se abren para restituir la actividad de estos medios en los países bálticos y descriminalizar a sus periodistas pasan también por acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estima José Luis Mazón, que alude también a una posible quiebra del principio de igualdad. "Base jurídica para contraatacar hay, aunque luego ya operan otras razones para hacer uso o no de estos mecanismos, que, la verdad, están infrautilizados".
"El Gobierno ruso podría valorar la presentación de un caso, eso pondría a prueba al propio Tribunal. Son casos interestatales, cuando un Estado puede demandar a otro por incumplimiento de la Convención Europea de Derechos Humanos. Durante mucho tiempo solo hubo un caso, el de Irlanda contra el Reino Unido en relación a presos irlandeses, pero desde 1998 para acá han proliferado. Tal vez por cuestiones diplomáticas al Estado ruso no le convenga presentar el caso, pero tiene esa posibilidad".
José Luis Mazón
Abogado

La postura letona

Según las autoridades de este país, la información obtenida en el curso de la investigación permite sospechar que hubo una transferencia de recursos económicos a la persona contra la que se dirigen las sanciones de la UE en relación con acciones destinadas a destruir la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
En otras palabras, acusan a Dmitri Kiselev de orquestar una campaña propagandística a través de los medios incluidos en el consorcio público Rossiya Segodnya para justificar la incorporación de Crimea a la Federación Rusa y apoyar la causa rebelde en la región del Donbass. La Fiscalía también afirmó en su respuesta a la abogada de Alla Berezovskaya, que esta "no puede ser considerada como una persona que no era consciente o no podía serlo de que estaba violando las sanciones, por lo que la causa sigue abierta."
16 canales prohibidos

En febrero, Letonia ordenó el cese de la difusión de 16 canales de televisión rusos, decisión adoptada con el fin de "proteger el espacio informativo letón". Recordamos que en los países bálticos, especialmente en Letonia y Estonia, hay minorías significativas de población rusa, cuya lengua, además, también habla y comprende un espectro de la ciudadanía aún más amplio.

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