Inquietud a 3 meses del Brexit ciudadano

LONDRES (Sputnik) — El régimen de inmigración en el post-Brexit, creado por el Gobierno de Boris Johnson para los nacionales de la Unión Europea asentados en Reino Unido, amenaza con convertirse en una bomba digital capaz de pulverizar los derechos de los más vulnerables, según denuncia a Sputnik el grupo The3Million.

El nombre de la organización se ha quedado corto. Adoptaron la cifra de tres millones que se manejó extensamente en estimaciones del número de residentes comunitarios durante el referéndum de la UE, de 2016. El Gobierno británico prescindió de mantener un registro de extranjeros europeos antes del Brexit, y el dato real de esta minoría de inmigrantes sigue siendo incierto, aunque ya ronda los cinco millones, según el Ministerio de Interior.

Derecho de residencia

Ese el número de solicitudes del nuevo estatuto de inmigración que se han cursado a tres meses de la fecha límite, el 30 de junio. De los casos resueltos, más de 2.4 millones han asegurado el "derecho de residencia indefinido" desde que el polémico procedimiento digital se accionó en marzo de 2019. Otros dos millones han obtenido el paso previo de "pre-estatuto de asentamiento" y unos 400.000 aguardan la respuesta de la oficina de Inmigración.

"Las autoridades británicas no saben cuántos ciudadanos de la UE residen en el país y tampoco conocerán el porcentaje de los que no hayan solicitado el estatuto de inmigración cuando expire el plazo", explica Maike Bohn, co-fundadora de The3Million.

La situación de este último grupo inquieta a las organizaciones cívicas. Sin el permiso de permanencia, ya sea provisional o permanente, los residentes europeos se convertirán en inmigrantes ilegales el 1 de julio. Los grupos cívicos temen que la gente más vulnerable acusará el impacto del cambio de régimen.

Niños y mayores desamparados

Una investigación de The Children Society desveló esta semana que únicamente el 39% de los niños europeos bajo custodia municipal había tramitado el permiso de residencia para finales de marzo. A ellos hay que añadir adultos que crecieron en centros de acogida, mayores sin acceso a Internet ni a un teléfono inteligente, personas que no dominan el inglés o con documentos de identidad caducados, y enfermos de COVID-19, entre otros posibles impedimentos.

"La campaña informativa ha sido muy limitada y centralizada. Habrá, probablemente, alcanzado a los que el Gobierno pretendía captar a través de las redes sociales, pero miles más nunca acceden a Facebook, ni escuchan la radio digital… y ¿les van a penalizar por ello dejándoles sin hogar?, cuestiona la activista alemana.

Concesión de última hora

The3Million y asociaciones afines ganaron una batalla al Ejecutivo conservador el 1 de abril. Interior publicó finalmente los "motivos razonables" que justificarán la admisión de solicitudes fuera de plazo y, según Bohn, "son bastante flexibles". "Aún falta por resolver un gran problema porque los que no hagan la solicitud, perderán sus derechos el 1 de julio. Se les debe conceder el estatuto provisional hasta que se resuelve su caso", advierte.

El riesgo a la deportación inmediata parece mitigado, pero los "indocumentados digitales del post-Brexit" se arriesgan a "perder el acceso a la sanidad pública y los subsidios estatales porque les faltará una base legal para permanecer en Reino Unido".

Las ONG piden un carné o documento físico que avale el derecho a seguir viviendo y trabajando en el país de todos los nacionales de la UE que llegaron a la isla antes del 1 de enero de 2021, cuando expiró la transición del Brexit.

"El sistema digital de inmigración no se ha probado suficientemente en cuanto a su impacto social. El programa piloto somos los ciudadanos de la UE, cinco millones de personas que estamos preocupadas y enojadas de tener que solicitarlo", advierte Bohn.

Ambiente hostil

La administración británica no brilla por sus experiencias en la adopción de procesos electrónicos masivos y la dependencia en la tecnología del nuevo procedimiento inquieta a los grupos de presión. "Demostrar que tienes derecho de residencia va ser un problema y en el ambiente migratorio hostil británico eso implica denegación de subsidios estatales y discriminación al solicitar un puesto de trabajo o alquilar un piso, señala la portavoz de The3Millions

La descripción de un británico que escribió a la organización ilustra claramente la espina dorsal del drástico cambio que conlleva el Brexit de la ciudadanía: "Mi mujer tenía un permiso físico de residencia en Reino Unido y lo ha tenido que cambiar por la inseguridad de un listado en una página de internet", entresaca la cofundadora de The3Milion de entre el centenar de quejas que han recibido en los últimos días.

El Ejecutivo de Johnson se resiste a ceder a la presión e insiste en ensayar con los europeos un sistema totalmente digitalizado para reconocer y validar sus derechos. Bohn y sus colegas no temen una avalancha de denuncias, sino un goteo de "muchos pequeños problemas a una escala mayor que el escándalo Windrush". Se refiere a catastróficas resoluciones del Ministerio de Interior, desveladas en 2017, que privaron de los derechos más básicos y causaron la deportación de muchos caribeños que emigraron al Reino Unido, entre 1948 y 1973, invitados por el propio gobierno para paliar la escasez de mano de obra.