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Unos 18 millones de latinoamericanos sufren especialmente la informalidad y la pandemia

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Las cerca de 18 millones de trabajadoras domésticas de América Latina estuvieron entre las poblaciones más golpeadas por la pandemia de COVID-19. A pesar de que en varios países hay leyes para el sector, millones de mujeres se vieron sobrecargadas en los cuidados, perdieron ingresos y hasta debieron elegir entre su trabajo y sus familias.
La informalidad sigue siendo el principal problema para las personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado en América Latina, una ocupación que abarca a entre 11 y 18 millones de personas en la región, de acuerdo a estimaciones de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
En efecto, un documento de ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) divulgado en junio de 2020 no solo advertía que el 93% de los trabajadores del sector son mujeres, sino que más del 77,5% de esas mujeres realizan sus labores en condiciones informalidad. Esto es particularmente grave en países como Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú, donde la informalidad supera el 90%. En el otro extremo, Uruguay aparece como el país con mayor formalidad de su trabajo doméstico, ya que el 70% del sector cuenta con seguridad social.
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Si la situación del trabajo doméstico era precaria en condiciones normales, la pandemia de COVID-19 solo empeoró las cosas. De acuerdo a ONU Mujeres, en los países latinoamericanos las trabajadoras domésticas debieron hacerse cargo de los cuidados —tanto de personas mayores, enfermos, personas con discapacidad o niños— tanto en las casas en las que trabajan como en sus propios hogares.
Uno de los aspectos que afectó especialmente a quienes se dedican al trabajo doméstico es que los confinamientos decretados en los países latinoamericanos hicieron que muchas trabajadoras "se hayan visto persuadidas/ presionadas a pernoctar en sus lugares de trabajo, manteniéndose alejadas de sus familias y sin el descanso adecuado".
Otras empleadas, en tanto, han sufrido la cancelación de sus contratos o la reducción de jornadas laborales producto de la pandemia, con la consecuente reducción en sus ingresos. De acuerdo a la OIT, el 70,4% de las trabajadoras domésticas sufrieron afectaciones de este tipo desde marzo de 2020, cuando los casos de COVID-19 comenzaron a multiplicarse en la región.
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¿Qué dicen los sindicatos de trabajadoras domésticas?

La realidad de las trabajadoras domésticas no deja de motivar campañas por parte de sus sindicatos latinoamericanos. En Argentina, por ejemplo, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) lanzó, de cara al Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar que se conmemora cada 30 de marzo, la campaña "No es ayuda, es trabajo", que apunta a visibilizar la importancia de las tareas de las trabajadoras domésticas y reclamar una mayor formalización en un país en el que solo tres de cada 10 empleadas tienen seguridad social.
"El trabajo que hacemos es tan importante como cualquier otro. Tenemos horarios, responsabilidades, tareas para las cuales estamos capacitadas. Y también tenemos derechos, que incluso durante esta pandemia se mantienen vigentes, tal vez más que nunca", remarca un vídeo difundido por la organización sindical.
En ese sentido, el sindicato no solo recuerda que todas las trabajadoras tienen derecho a recibir, por parte de sus empleadores, del equipamiento de protección sanitaria correspondiente, sino que las trabajadoras que pertenecen a grupos de riesgo pueden no concurrir a su lugar de trabajo sin dejar de percibir su salario.
En Perú, uno de los países con mayor informalidad, el impacto negativo por la pandemia coincidió con un avance a nivel legislativo: en octubre de 2020 comenzó a regir la ley 31.047, que no solo fijó el 30 de marzo como feriado no laborable para el sector sino que obliga a que exista un contrato por escrito, una jornada de ocho horas, descanso semanal y cobertura de seguridad social y de salud en el trabajo.
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A casi seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar Perú (Fenttrahop) celebra su existencia pero continúa reclamando que el Gobierno peruano reglamente la norma, de forma de estipular el formato de contrato a firmar por las trabajadoras. Según el sindicato, sin una reglamentación de este tipo, la norma no se cumplirá en la realidad.
Algo así sucede en Paraguay, otro de los países latinoamericanos señalados por su gran informalidad en el trabajo doméstico. Si bien el sector fue regulado en 2015 por una ley, el Sindicato del Trabajo Doméstico del Paraguay suscribió una declaración de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay que, a pesar de la regulación del sector, la pandemia de COVID-19 "impactó duramente" entre las trabajadoras domésticas.
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En efecto, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, el trabajo doméstico concentró el 68% de las reclamaciones que se hicieron entre enero y octubre de 2020. La cifra muestra un incremento del 50% con respecto a 2019 y de 412% con respecto a 2018. Los datos indican que la mayoría de las consultas se dieron por "la suspensión de trabajadoras informales y la imposibilidad de cobrar subsidio del Instituto de Previsión Social (IPS)". Asimismo, también hubo consultas por trabajadoras domésticas que sufrieron modificaciones en sus condiciones laborales.
Una cifra elocuente para ver la afectación de la pandemia es la de los contratos registrados ante el Ministerio de Trabajo, tal como obliga la ley aprobada en 2015. Luego de que entre 2015 y 2019 Paraguay solo registrara cinco contratos de trabajo doméstico, el año 2019 avanzó en formalización y logró el registro de 1.181 contratos. En 2020 ese proceso se interrumpió, ya que entre enero y octubre se registraron solamente 102 contratos, de los cuales 73 fueron de tiempo parcial.
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