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La CIDH hace avanzar la justicia para víctimas de violencia sexual en dictadura uruguaya

CC BY 2.0 / Gustavo Amador/CIDH / CIDHCIDH visita Honduras
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MONTEVIDEO (Sputnik) — La audiencia entre las víctimas de violencia sexual durante la dictadura uruguaya (1973-1985) y el Estado de este país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la semana pasada ayudó a visibilizar la causa y lograr avances, dijo a Sputnik la defensa de las denunciantes.
"La audiencia (ante la CIDH) fue importante, el Estado asumió parte de su responsabilidad en estos casi diez años en los que el proceso no avanzó en términos de justicia, y después de la audiencia, el viernes, se decretaron dos procesamientos por esta causa", dijo a Sputnik Juan Raúl Williman, quien está cargo el equipo que acompaña a las denunciantes en el expediente penal interno en Uruguay.
El pasado viernes, la justicia uruguaya determinó el procesamiento con prisión de los militares Antranig Ohannessian y Jorge Silveira por los delitos de abuso de autoridad, privación de libertad, lesiones graves y atentado violento al pudor, en el marco de la denuncia realizada en 2011 por 28 ex presas políticas por violencia sexual durante la dictadura.
"Nosotros vemos esto como un puntapié inicial muy importante, pero que no deja de ser un puntapié para continuar con la investigación, continuar determinando responsabilidades y que la investigación avance, para que en definitiva los responsables, que los hay, tengan que responder, eso es lo único que le va a dar a las victimas la sensación de justicia", añadió Williman, docente de Práctica Profesional del Consultorio Jurídico Penal de la Universidad de la República (Udelar).
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Además, consideró que después de la audiencia en la CIDH se podrá avanzar sin tantos obstáculos legales por parte de los defensores de los denunciados, "o por lo menos con un poder judicial más atento a que eso no suceda y a ponerle límites" a esas prácticas.
De las más de cien personas denunciadas por violencia sexual en la dictadura, entre militares y civiles, solo una fue condenada por ese caso, el ya fallecido excapitán Asencio Lucero, aunque no por delitos sexuales, sino por reiterada privación de libertad.
Williman resaltó que el caso de Ohannessian y Silveira es un auto de procesamiento que puede ser ampliado, sumar más responsables, más delitos y más víctimas que reparar.
Además, explicó que solo en uno de los casos, el de Silveira, se incluyó un delito de naturaleza sexual.
Silveira está preso por otros delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, mientras que Ohannessian fue detenido en 2013 por la causa del Plan Cóndor abierta en Italia.

La audiencia

El 18 de marzo, 14 denunciantes junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Udelar, tuvieron una audiencia en la CIDH con el Estado uruguayo, por la denuncia penal presentada en 2011.
"Para las co-peticionarias la audiencia ha sido un éxito, porque claramente el estado reconoce que hay demora, que hay dilaciones, que la justicia ha tomado más tiempo de lo debido, casi diez años de retardo injustificado", dijo a esta agencia la abogada Flor de María Meza, integrante de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Udelar.
Durante la audiencia, las demandantes hicieron la petición de un acompañamiento de la CIDH más cercano al caso, presentado a través de dos mecanismos.
Uno es una visita virtual de las comisionadas a Uruguay, para mantener encuentros con organizaciones, autoridades, la sociedad civil y todos los actores que tengan que ver con el tema.
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El objetivo es que en esas visitas se examinen directamente "los obstáculos para el acceso a la justicia en los casos de graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en este país durante la dictadura, especialmente enfatizando el caso de las mujeres víctimas de la tortura sexual", explicó Meza.
En ese sentido, las víctimas también pidieron al Estado uruguayo que se pronuncie y acepte la visita.
Otro mecanismo es que la CIDH realice un apoyo técnico para acompañar el proceso de las denunciantes, y para esto no se requiere autorización del Estado.
Esto significa que desde la comisión pueda haber un traspaso de información, sobre todo en materia de los estándares mínimos que existen en el sistema interamericano sobre cómo debe conducirse la justicia y sobre todo para evitar la revictimización que las denunciantes sufren con frecuencia.
Meza precisó que están enviado a la CIDH la información que solicitó para que puedan tener un mayor panorama para pronunciarse y hacer un seguimiento.

Perspectiva de género

La abogada también consideró fundamental la aplicación de la perspectiva de género en la justicia.
"Evidentemente la justicia uruguaya no está aplicando justicia con perspectiva de género, y hablar de justicia en el siglo 21 sin perspectiva de género es hablar de una justicia ciega, desigual", consideró.
La denuncia de las presas políticas uruguayas fue histórica por ser grupal y por incluir la perspectiva de género.
"Ellas fueron doblemente castigadas, por ser militantes y por ser mujeres que se salieron del mandato imperante en ese momento y que sigue ahora", recordó Meza.
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En el castigo contra ellas se usaron sus cuerpos como territorio y el mensaje no era solo contra ellas, sino para sus compañeros, muchos de ellos también detenidos, precisó.
"Ese mandato machista de que la mujer tiene que ser buena madre, buena hija, buena esposa, que no tiene que salirse de eso que la sociedad le permite, recae con un diferencial de género en el castigo de esta gente (en su caso los represores) hacia estas mujeres denunciantes", expresó.
Finalmente, Meza recordó la necesidad de justicia y reparación para las víctimas, que ya fue recomendado y observado anteriormente a Uruguay en 2016 por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer.
"El tiempo de la justicia no es nuestro tiempo", dicen estas mujeres, que ya han perdido a tres compañeras desde que hace una década presentaron la denuncia.
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