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El Gobierno boliviano afirma que si no prosperan juicios hay otros "caminos" para procesar a Áñez

© REUTERS / David MercadoManifestantes reclamando a favor del encarcelamiento de Jeanine Áñez
Manifestantes reclamando a favor del encarcelamiento de Jeanine Áñez - Sputnik Mundo, 1920, 25.03.2021
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LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno boliviano aseguró que si no logra el respaldo de la oposición en el parlamento para los juicios de responsabilidades planteados contra Jeanine Áñez, hay otros "caminos procesales" para sancionar eventualmente a la expresidenta transitoria por diversos delitos.
"Lo que esperamos es que [los opositores] puedan unirse a este esfuerzo de los bolivianos de tener justicia para todas las víctimas de las masacres sangrientas que han ocurrido en el país", de lo contrario, "hay caminos constitucionales y procesales para el derecho a la justicia", dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, a radio Erbol.
El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) confirmó este 25 de marzo que presentó a la Fiscalía General una quinta demanda de juicio de responsabilidades contra Áñez, quien está detenida en espera de un juicio ordinario por haberse autoproclamado presidenta transitoria en noviembre de 2019, tras la caída de Evo Morales (2006-2019).
La expresidenta, dos de sus exministros y varios exjefes militares y policiales están detenidos desde hace casi dos semanas, mientras otros excolaboradores de Áñez permanecen en paradero desconocido o refugiados en el extranjero.

Dos tercios

La quinta demanda de responsabilidades contra Áñez por masacres de opositores, así como acusaciones previas por delitos económicos, administrativos y de derechos humanos, requieren la aprobación de dos tercios del parlamento para pasar a la etapa de juicio en el Tribunal Supremo.
El MAS tiene mayoría absoluta en las dos cámaras de la Asamblea Plurinacional y necesita votos de la alianza neoliberal Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y de la ultraderechista Creemos del exlíder cívico Luis Fernando Camacho para sumar los dos tercios de votos.
Jeanine Áñez, expresidenta transitoria de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 25.03.2021
América Latina
Jeanine Áñez "tiene las manos manchadas de sangre"
Lima resultó enfrentado con los líderes de ambas fuerzas opositoras tras advertir el miércoles que "si Mesa y Camacho no garantizan 2/3 para juicio por masacres, significa que apoyan la impunidad".
Mesa replicó en diálogo con reporteros que "el Gobierno está acercándose a niveles de cinismo inconcebibles".
Camacho dijo en una serie de mensajes por Twitter que condenaba "la corrupción del gobierno transitorio" y creía que "todas las muertes de bolivianos deben investigarse y sancionarse", pero consideraba que el MAS "usa la justicia para vengarse y criminalizar las protestas ciudadanas".
El ministro Lima afirmó que para el Gobierno la vía prioritaria para buscar un castigo al pasado gobierno transitorio era la de los juicios de responsabilidades.
"Hay definitivamente un litigio, si no hay dos tercios (en el parlamento) hay caminos procesales que se van a seguir y van a respetar el debido proceso, pero nunca en un país puede haber impunidad estructural, eso no lo permite la Convención Americana ni nuestra Constitución", advirtió.

Demandas

La demanda de juicio de responsabilidades presentada por el MAS se refiere a operaciones de represión de fuerzas policiales y militares contra ciudadanos que protestaban contra el golpe de noviembre de 2019, que dejaron al menos 30 manifestantes muertos en tres regiones del país.
Estos hechos fueron calificados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condenó un decreto de Áñez que liberó anticipadamente de culpa a los militares por delitos penales cometidos durante la represión.
La marcha de campesinos e indígenas en La Paz reclamando justicia por los muertos en las masacres de 2019 - Sputnik Mundo, 1920, 22.03.2021
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Campesinos e indígenas reclaman justicia por las masacres de 2019 en Bolivia | Vídeo, fotos
Los cuatro procesos de responsabilidades presentados antes por el Gobierno, admitidos ya por la Fiscalía General, se refieren a la contratación de un crédito del Fondo Monetario Internacional sin aval del parlamento y la penalización de la "desinformación" durante la pandemia de COVID-19.
Hay también una demanda por la ampliación de la concesión a un consorcio privado del manejo del registro público de empresas y otra por la prohibición del ingreso de bolivianos que retornaban de Chile a causa de la pandemia.
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