Ley de Industria Eléctrica se encuentra paralizada por jueces y ecologistas en México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Ley de la Industria Eléctrica, paralizada por litigios de empresas generadoras de energía fotovoltaicas y eólicas ante tribunales de competencia económica, encara ahora solicitudes de amparo judicial de ecologistas que alegan el incumplimiento de México de compromisos internacionales en materia ambiental.

El juez primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, Rodrigo De la Peza López Figueroa, dictaminó que la organización ecologista internacional "puede reclamar que las reformas retrasan de forma indeterminada la descarbonización de la producción eléctrica y el cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de cambio climático".

El magistrado otorgó una "suspensión provisional" de las recientes reformas constitucionales que originaron la nueva ley eléctrica, por sus "posibles efectos negativos en los derechos humanos a la salud y al medio ambiente sano".

Greenpeace argumenta que las reformas violan la Constitución, porque podrían "vulnerar los derechos humanos colectivos cuya protección es de interés público" en materia ambiental.

Por su parte, María Colín, jurista de Greenpeace-México, indicó en un pronunciamiento que la solicitud de amparo judicial obedece a que las modificaciones a la LIE recién aprobadas "abren la puerta a producir electricidad a partir de combustibles fósiles como el combustóleo (fueloil), entre otros, que resultan sumamente dañinos para la población y para el medio ambiente", razón por la que ha sido prohibido en casi todo el mundo.

Ese combustible fósil es el residuo de la refinación de petróleo crudo, que al quemarse produce una elevada cantidad de partículas de dióxido de azufre (SO2).

El energético contaminante abunda en las refinerías mexicanas y el Gobierno quiere reactivar su uso para generar electricidad.

El fondo del litigio

La consultora en derecho energético internacional Elvira Macín explicó a Sputnik que, por un lado, "al entrar en vigor la reforma a la LIE, varias empresas interpusieron amparos indirectos y recibieron de jueces suspensiones provisionales".

La especialista, posgraduada por la Universidad de Edimburgo, señaló que "el caso dio un giro importante cuando un juez de distrito en materia administrativa de competencia económica dictó una suspensión por tiempo indefinido a la aplicación de la reforma a la LIE".

La singularidad del fallo está en que "no fue solamente a favor de las empresas que interpusieron los amparos, sino que debe tener efectos generales en favor de toda la industria del sector eléctrico, porque el juez considera que de lo contrario estaría afectando la competencia del sector".

El presidente Andrés Manuel López Obrador busca otorgar prioridad a la estatal Comisión Federal de Electricidad en el suministro de energía antes que a las empresas privadas de energías limpias, y se quejó ante la Suprema Corte de Justicia, pero las impugnaciones presentadas por la presidencia fueron rechazadas por otro juez.

La jurista expuso que, con los fallos en contra, "las autoridades están impedidas para ejecutar la ley, y podrán interponer un recurso de revisión que sería la última instancia".

Si ocurre una resolución final contraria al Gobierno, el presidente mexicano ya manifestó que promoverá una reforma a la Constitución para que regrese al estado que tenía durante el Gobierno de Adolfo López Mateos (1954-1962).

Macín explicó que esa reversión tendría que ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de legisladores presentes de ambas Cámaras del Congreso y ratificada por la mayoría absoluta de las 32 legislaturas de los estados de la federación mexicana.

La abogada apunta que el Gobierno tiene diez días para interponer un recurso de revisión judicial, que un tribunal debe resolver en un máximo de 40 días, plazo que se puede ampliar hasta de 20 días más.

El proceso que se avecina "puede durar aproximadamente dos meses", calcula Macín.

Hasta la fecha, han sido emitidas 29 órdenes de suspensión definitiva de la LIE que congela su ejecución, hasta que sea determinado si contraviene o no a la Constitución.