Organización A-19 señala "distorsión" en relato oficial y ataques a la prensa en México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El 2020 estuvo marcado por la distorsión del discurso oficial que alteró la percepción de la realidad sobre los derechos humanos en México, país que registró una agresión contra la prensa cada 13 horas, dice el informe anual de la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19 (A-19).

"En 2020 ocurrieron 692 ataques contra medios de comunicación y periodistas; seis fueron asesinados, y continúa la concentración publicitaria oficial en 10 empresas de información", dice el informe de la organización que lleva como nombre el artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos dedicado a la libertad de expresión.

A dos años del sexenio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplido en diciembre pasado, esa cifra inédita refleja que "persisten dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder", dice el documento.

El trabajo del Legislativo también se caracterizó "por su vocación de censurar Internet".

El documento titulado "Distorsión: el discurso contra la realidad" evidencia que el año pasado se mantuvo "la desinformación desde el Gobierno, un intento de control y censura de Internet y violencia contra la prensa".

Durante la presentación virtual del documento, Leopoldo Maldonado, director regional de A-19 para México y Centroamérica, consideró que durante el año pasado "el sello de este Gobierno fue utilizar la distorsión como mecanismo para alterar la percepción de las realidades al deformarlas mediante el discurso".

"Viejos anclajes autoritarios"

La organización internacional reconoció que es imposible cambiar en dos años un país cuyo deterioro de la vida pública data de hace 50 años.

Sin embargo, Maldonado alertó que "se siguen sosteniendo viejos anclajes autoritarios en materia de libertad de expresión".

Articulo 19 estima que el año pasado el presidente mexicano siguió centralizando la comunicación de su Gobierno y, desde las llamadas "conferencias mañaneras", "pontifica, juzga, moraliza, estigmatiza, informa y desinforma".

La organización, fundada en 1987, califica de "preocupante" que los llamados "otros datos" que el presidente esgrime, sobre todo en materia de derechos humanos, "parecen no existir en los acervos documentales oficiales al solicitar a la Presidencia vía transparencia el sustento de la información".

Las respuestas en que Presidencia declaró "incompetencia" pasaron de cero en 2019 a 329 en 2020.

Uno de los viejo problemas es el ambiente de violencia contra la prensa que "se mantiene en ascenso, como ha sido en los últimos 13 años, y que colocan el 2020 como el periodo más violento contra la prensa desde que se tiene registro".

Las casi 700 agresiones contra periodistas y medios de comunicación vinculados con su labor representan "un 13,6% más que en 2019", según la organización.

El reporte sostiene que "muchas de las agresiones vienen desde el mismo aparato estatal y se multiplican por la estigmatización de la prensa que se propaga desde el poder".

Considera que esta situación alienta a autoridades locales a ejercer el mismo tipo de discurso contra los medios.

Con esas arengas contra la prensa se envía un mensaje permisivo hacia particulares y otros poderes fácticos que "encuentran en las narrativas estigmatizantes un impulso para amenazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado".

En poco más de dos años de la presente administración, 17 periodistas han sido asesinados por motivos posiblemente vinculados a su labor, seis de ellos el año pasado.

Respecto a la publicidad oficial, el informe revela que se mantiene una concentración publicitaria en pocos medios, sin criterios claros.

"El 54% del total ejercido se repartió en 10 empresas de comunicación, mientras que otros 387 apenas alcanzaron el 46%", señala el estudio.

Finalmente, la organización lamenta que, en vez de combatir la endémica impunidad en los ataques a la prensa, el Gobierno pretende "concentrar y clausurar la información".

Advierte así ante las intención de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que constituye un contrapeso frente a la opacidad gubernamental.