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Debate en la calle sobre la ley de vivienda: "La única salida es que Ábalos se baje los pantalones"

Stop desahucios - Sputnik Mundo, 1920, 23.03.2021
Stop desahucios
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La nueva ley de vivienda ya debería estar en el Congreso, pero permanece encallada en la mesa de negociación entre PSOE y Unidas Podemos como una nueva muestra de sus discrepancias ideológicas. Las plataformas de apoyo al inquilino estiman que no habrá ley hasta final de año.
La ley por el derecho a la vivienda ya se firmó, pero solo como propósito de enmienda entre PSOE y Unidas Podemos. Primero, como requisito para investir a Pedro Sánchez en enero de 2020; y en segundo lugar, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado en diciembre de ese mismo año.
Ahora, los socios de Gobierno deben superar el escollo más difícil: ponerse de acuerdo en los puntos que regularán una ley fundamental para un país donde el sector inmobiliario es prioritario. En 2019, la obra pública se recuperó con fuerza tras el batacazo de la crisis económica del 2008 ocasionada por el pinchazo de la burbuja del ladrillo, y la aportación al PIB de la construcción se disparó un 34% y el empleo en el sector un 24,2%.
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España no aprendió de una crisis sin precedentes y volvió a depender de un sector engañoso sin diversificar su industria. En el conflicto evidente de intereses, la otra parte son los ciudadanos, que sufren los elevados precios de la vivienda en el mercado tanto a la hora de comprar (ya sea de obra nueva como de segunda mano) como de alquilar un espacio habitacional donde hoy por hoy no hay regulación de ningún tipo.
El banco de inversión suizo UBS aseguró en 2019 que la vivienda en España estaba sobrevalorada, y la publicación The Economist considera que los precios de los inmuebles en el país están "inflados". La revista económica señaló en un 25% el sobreprecio de la vivienda española en 2017 y asegura que desde entonces no han dejado de crecer.
Por su parte, la tasadora Gloval, alertó pocos meses antes de que la pandemia llegase a España de que más del 50% de las propiedades de compra venta están valoradas por encima de su precio real.
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Del otro lado, las familias que expulsan de sus casas y se quedan en la calle y a las que por el momento no les protege ninguna ley. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo de desahucios de los últimos años se produjo en 2014, cuando se ejecutaron 68.091 desalojos, 186 al día. La tendencia a posteriori ha sido descendente aunque durante el último año de pandemia, cuando en teoría están paralizadas las expulsiones mientras esté en vigor el estado de alarma, se han producido 24.000 desahucios en España, 84 al día, según denuncia a Sputnik Mercedes Revuelta, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios.
"Ahora mismo, aunque no veamos a la gente debajo de un puente, están produciéndose desahucios. Hay muchas familias expulsadas de sus casas. Otra cosa es que se apiñen en casa de familiares, de vecinos o de amigos. La situación continúa siendo inhumana", asegura.

¿Cómo están las negociaciones entre los socios?

Dos meses después de que empezase de manera formal la negociación del anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, los socios de la coalición de Gobierno siguen sin superar sus principales escollos, y la situación no parece que vaya a desbloquearse a corto plazo a pesar de que el borrador ya debería haberse llevado al Consejo de Ministros para su estudio previo al debate y la proposición de enmiendas en el Congreso.
Por el lado del PSOE, es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con José Luis Ábalos a la cabeza, el encargado de la negociación. Y por el lado de Unidas Podemos, es la vicepresidencia segunda de Asuntos Sociales de Pablo Iglesias la encargada de proponer el debate y las pautas para el reglamento. Los encuentros entre el secretario general de Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, han sido constantes durante las últimas semanas y todos se han saldado sin avances y sin acuerdos, según aseguraron las partes.
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En estos momentos no hay ningún punto en el que los socios hayan avanzado y la situación comienza a tornarse peligrosa por las consecuencias políticas que podría conllevar. El fantasma del rupturismo cada vez se torna más certero.
Para ambos, la nueva ley de vivienda es un asunto estratégico y ninguno quiere colgarse el sambenito de la culpa ante la inacción o el incumplimiento de plazos. Para los socialistas es fundamental porque su grupo fue el primero que abanderó una ley de este tipo en el momento más crítico del acceso a la vivienda en España.
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Para Unidas Podemos se ha convertido en una cuestión electoralista ante el anuncio de Pablo Iglesias de que abandonaría la vicepresidencia del Gobierno para concurrir a las elecciones de Madrid como candidato. Enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso con un reglamento a su medida sería una reconciliación con un electorado morado cansado de promesas incumplidas y un avance contra las encuestas, que auguraban en Madrid una abstención tan grande de sus votantes que hasta peligraba su representación en el parlamento de esa comunidad.

¿Cuáles son las propuestas de ambos socios para la ley de vivienda?

Lo que Unidas Podemos ha puesto sobre la mesa:
Limitación de precios máximos del alquiler.
Prohibición de desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
Garantía de suministros básicos.
Sanciones a los grandes propietarios de viviendas vacías.
De estas cuatro propuestas, por el momento, el ministerio de Ábalos no ha aceptado ninguna.
Para Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, el PSOE está incurriendo en un "fraude democrático inadmisible" porque "públicamente se nos ha engañado", asegura en entrevista con esta agencia.
Bardera explica que la regulación de los precios del alquiler debe hacerse mediante una fórmula relacionada con el nivel de renta acorde al índice de precios; y aboga por la necesidad de establecer en los diferentes municipios las denominadas zonas de "mercado tensionado" donde se han registrado subidas "abusivas" de los precios para regularlos.
El portavoz del sindicato recuerda que en Cataluña ya se aprobó el pasado mes de septiembre la Ley 11/2020 sobre medidas urgentes en materia de contención del alquiler para regular las rentas de los contratos de vivienda en las localidades con mayor tensión inmobiliaria. Ahora, desde los movimientos sociales y Unidas Podemos quieren la misma ley para el conjunto de España.
Fernando Bardera recuerda otros puntos clave de la norma como que se implante la prórroga automática de los contratos "para que el arrendatario no pueda echar a la calle al inquilino sin motivo solo porque ha pasado un tiempo determinado que consideramos insuficiente para hacer un proyecto de vida a largo plazo", y aumentar el parque público de viviendas.
"En España tenemos un parque público del 1% frente a la media de entre el 15 y el 20% de los países europeos. Es ridículo y es una de las bases por las que el mercado privado puede hacerse con la hegemonía de la vivienda en el país", explica.
España es además uno de los países de la UE con más viviendas vacías pertenecientes a Fondos de Inversión o Bancos privados. Los datos del último Censo de Población y Viviendas publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) son del 2011. En aquel momento, el número de viviendas vacías en España alcanzaba los 3,4 millones, lo que suponía un incremento del 10,8% frente al 2001, año del censo anterior. Otro dato relevante es que el 21,4% de todos esos inmuebles vacíos (casi 736.000 unidades) pertenecían a edificios construidos durante los últimos diez años (entre 2001 y 2011), en plena burbuja inmobiliaria.
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Por eso, desde el Sindicato de Inquilinas no quieren que se construya obra nueva, sino que se de salida a todas esas viviendas que están esperando salir al mercado para acoger a inquilinos, y desde la plataforma quieren que se haga de una manera sostenible y social, atendiendo al derecho básico del acceso a la vivienda que todo ser humano tiene por el mero hecho de serlo y que está recogido en la Constitución española.
Desde la Vicepresidencia segunda y en connivencia con estas plataformas de ciudadanos, se ha propuesto crear un impuesto que grave las viviendas vacías (a partir del cuarto inmueble), y que la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) y los grandes fondos de inversión cedan parte de sus inmuebles vacíos al parque público de vivienda en alquiler de cada comunidad autónoma.
El famoso eslogan de la PAH Ni gente sin casas ni casas sin gente, vuelve a estar más de actualidad que nunca.
Además, desde Unidas Podemos y las organizaciones civiles acusan a los socialistas de beneficiar a ASVAL (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler), que está dirigida por el exministro socialista Joan Clos y que desde el primer momento se ha mostrado en contra de la medida para regular los precios de las viviendas en alquiler en España.
Lo que propone el PSOE:
Los socialistas no hablan de regular el precio de los alquileres, sino que son partidarios de incentivar fiscalmente la salida al mercado del alquiler de viviendas vacías y la bajada de precios en las zonas tensionadas, algo que para los representantes de los movimientos sociales no es nuevo y además se ha demostrado que no funciona.
"Ellos no plantean la regulación de los alquileres, plantean la bonificación a los arrendatarios", sostiene Fernando Bardera. "Pero eso ya existía. Actualmente, los propietarios se desgravan hasta un 60% del IRPF, y esto supone un peso para las arcas públicas. Son más de 1.000 millones de euros que dejan de invertirse en otros asuntos como la sanidad o la educación del país para beneficiar a los inversores privados".
A juicio del portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, esta medida no ha incentivado la bajada de precios, sino que hayan aumentado la declaración de contratos de alquiler en Hacienda. "Es una medida que nace muerta porque ningún propietario va a acogerse a una bonificación fiscal cuando puede poner el precio del alquiler que quiera a su vivienda".
Para José Luis Ábalos, la fórmula de Unidas Podemos no le parece un buen instrumento y se muestra más partidario de "promover que imponer". Aunque en una de sus últimas ruedas de prensa desde Ferraz, el ministro se mostró convencido de que a pesar de las diferencias habrá acuerdo: "La ley nacerá del acuerdo porque los socialistas gobernamos en serio y cumplimos nuestros compromisos, y creo que finalmente, después de todas las polémicas, llegaremos al acuerdo", señaló.

¿Por qué ahora todos hablan de la ley de vivienda?

El asunto de la nueva ley se ha convertido en una cuestión electoralista para ambos partidos ante la precipitación de los acontecimientos en la Comunidad de Madrid que celebrará elecciones anticipadas el 4 de mayo.
Pablo Iglesias sorprendió anunciando que dejaría su puesto como vicepresidente segundo del Gobierno para concurrir al frente de Unidas Podemos en la batalla electoral, y ha dejado claro que se irá con la nueva ley de vivienda aprobada bajo el brazo, lo que le daría puntos a la hora de enfrentarse en la capital a Isabel Díaz Ayuso, a la que las últimas encuestas auguran una subida importante en intención de votos.
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Aterrizar en la campaña electoral de estos comicios con esta medalla también reconciliaría a Iglesias con otros partidos del centro izquierda en la región con los que podría estar obligado a negociar en caso de tener que llegar a acuerdos de gobernanza.
Pero por el momento, la dupla PSOE-Unidas Podemos que funciona (a pesar de las diferencias evidentes) a nivel de Estado, no parece que vaya a ser factible en Madrid; sobre todo después de el propio Ángel Gabilondo, candidato del PSOE en Madrid, haya anunciado que no pactará con Pablo Iglesias una posible coalición en la comunidad porque prefiere llegar a consensos con otros partidos "menos extremistas" como Más Madrid o Ciudadanos.
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En el medio, continúan los ciudadanos que son los que sufren los precios abusivos del sector inmobiliario. "La situación es abrumadora. El que no está dentro no puede imaginarse cómo está la gente en estos momentos, sufriendo por la vivienda. Y cuando se levante el estado de alarma en mayo estaremos peor, va a ser una catarsis de desahucios; y seguimos sin ley y sin alternativa", se queja la activista Mercedes Revuelta.
Durante los meses de la pandemia las incidencias por impago de alquiler han aumentado un 380% según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y solo durante el mes de enero de 2021, el impago de los alquileres ha aumentado hasta un 270%, lo que ha hecho que se disparen las contrataciones de las agencias inmobiliarias intermediarias por parte de los propietarios, así como de los seguros de protección. El miedo a la morosidad por parte del inquilino es evidente y la tendencia podría empeorar en los próximos meses según los expertos.

Pablo Iglesias, ¿escollo o ventaja para la ley?

El movimiento político inesperado (y para muchos todavía inexplicable) de Pablo Iglesias, dejando de lado la política nacional para adentrarse de lleno en la regional tiene varias lecturas, y en mitad de todas ellas, leyes tan importantes para la sociedad como la del derecho a una vivienda digna, podrían depender de su manejo político del asunto, lo que ha levantado todas las alarmas en su entorno más íntimo.
Para el politólogo Aitor Ribeiro, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, la jugada para "parar al trumpismo en Madrid se trata de recuperar la base donde nació Podemos. Es volver a los orígenes, al 15M, a los años del 'Sí se puede'. Devolver la ilusión a una sociedad desgastada por tantos años de golpes", explica en entrevista con Sputnik.
Ribeiro asegura que Iglesias quiere volver a mostrar su cara más "social". "Es una estrategia de reconciliación con su electorado, pero también consigo mismo", explica; y por eso la nueva ley de vivienda es tan importante. "
Es un símbolo de muchos años de tropiezos y pruebas de ensayo y error. Sacarla adelante al estilo Unidas Podemos, con sus líneas rojas y sus propuestas incuestionables para la formación morada, supondría una demostración de que su proyecto político perdura. Pablo Iglesias ha dejado la vicepresidencia del Gobierno para demostrar que su partido no está muerto y que permanece fiel al empeño de su plan político, que es colectivo, pero también es una cuestión personal".
Por el camino, Iglesias ha ido perdiendo algunos amigos y socios otrora incondicionales (Íñigo Errejón, IU…), y probablemente este movimiento de ajedrez desesperado sea una de las últimas bazas que el de Vallecas pueda jugar. Si pierde, su futuro y el de leyes como la de vivienda peligran como nunca.
Por su parte, el portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, Fernando Bardera, es mucho más práctico a la hora de analizar la salida de Iglesias del Gobierno central. "Desde fuera puede presionar mucho más, ya no tiene que tener la contención política para no atacar a su socio de Gobierno, y al PSOE le desaparece ese argumento de echar siempre la culpa a un comunista de todo lo que no le gusta".
Para el activista, la situación con la negociación de la ley de vivienda es "de alto voltaje" y tiene claro que solo puede haber un ganador sin medias tintas. "La única salida a esto es que Ábalos se baje los pantalones y desista porque no hay otra alternativa posible", sentencia.
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