Organización indígena hondureña denuncia expulsión de una comunidad de un caso judicial

MANAGUA (Sputnik) — El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización del pueblo lenca, denunció la expulsión de una comunidad de un caso judicial contra funcionarios acusados de corrupción.

"La comunidad de Río Blanco fue expulsada del caso Fraude sobre el Gualcarque, contra funcionarios que cometieron actos de corrupción para imponer el Proyecto Agua Zarca sobre el río Gualcarque", advirtió Copinh a través de la red social Twitter.

🔴La comunidad de Río Blanco fue expulsada del caso Fraude sobre el Gualcarque contra funcionarios que cometieron actos de corrupción para imponer el Proyecto Agua zarca sobre el Río Gualcarque.

Honduras debe garantizar los derechos de la comunidad como víctimas en el proceso. pic.twitter.com/8wabk0dBqy

— COPINH (@COPINHHONDURAS) March 18, 2021

Agregó que "Honduras debe garantizar los derechos de la comunidad como víctimas en el proceso".

El Copinh fue fundado por la lideresa ambientalista Berta Cáceres (1973-2016), asesinada por sicarios debido a su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, fomentado por la familia Atala Zablach, entre de las de más poder económico en Honduras.

Cáceres se enfrentó durante años a la inversión de la represa Agua Zarca sobre el río Gualcarque (occidente), corriente que el pueblo lenca, la mayor etnia de Honduras, considera sagrado y vital para su supervivencia.

"El Estado hondureño ha priorizado una política económica basada en el extractivismo y la explotación de recursos naturales que expone a graves riesgos a poblaciones indígenas, afrodescencientes y campesinas que defienden la tierra y el territorio", denunció por medio de Twitter el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, defensor de los derechos humanos.

Copinh advirtió antes de iniciarse el proceso judicial del caso que "la Corte Suprema de Justicia resolvió el amparo que favoreció a quienes cometieron actos de corrupción sin embargo sigue sin resolver sobre la petición de que la comunidad de Río Blanco sea reintegrada en el juicio como víctimas".

El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) ve en el citado proceso una prueba de cómo operan desde el Estado las redes de corrupción en la concesión de los recursos fluviales en Honduras.

Anunciado en marzo de 2019, el caso 'Fraude sobre el Gualcarque' evidencia cómo funcionarios gubernamentales y representantes empresariales se coludieron para que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), resultara beneficiada en la concesión del Proyecto Agua Zarca, pese a la falta de méritos de la compañía, advirtió el Cespad.