Infancia en peligro: cada vez más familias en situación de calle en Argentina

Más de 10 años de estancamiento y recesión en Argentina, sumados a las crisis habitacional y laboral que causó la pandemia en los sectores más vulnerables, han llevado a que crezca el número de mujeres, hombres, niñas y niños sin hogar, a la par que se reduce el presupuesto estatal para contener y reinsertar a esta población expulsada del sistema.

El secuestro de una niña de 7 años que vive junto con su madre en situación de calle desde que nació, en un asentamiento de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, puso en la mira de la sociedad la vulnerabilidad en la que viven miles de personas que suelen ser invisibles a los ojos del Estado y el grueso de la ciudadanía, individuos y familias enteras sin hogar ni contención: los olvidados de Argentina.

La búsqueda de la pequeña, raptada por un hombre de 39 años que era la pareja de su madre desde hacía poco, duró tres días, un periplo mediatizado que fue rastreado por las cámaras de seguridad de municipios del conurbano bonaerense. El 18 de marzo, fueron avistados en la localidad de Luján, a 70 km de la capital. La niña fue recuperada y el captor, que tenía una denuncia previa por el presunto abuso de un menor, fue detenido e imputado por sustracción de menores.

El caso impactó a la sociedad y volvió a abrir el debate público acerca de la indefensión y el abandono que vive el estrato más marginalizado de la ciudadanía, una problemática agravada por la crisis habitacional y socioeconómica, que afecta mucho más a mujeres e infancias, siempre más vulnerables al impacto irrevocable de la miseria y la exclusión.

"Con la pandemia se multiplicó la cantidad de compañeres, niñes y familias en situación de calle. El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires no cumple la ley y miente sobre la cantidad de gente en la calle, y del Gobierno nacional todavía no hemos visto ningún apoyo", dijo a Spuntik Fabio Manuppella, referente de Proyecto 7.

Proyecto 7 es una ONG creada en 2003 y autogestionada por personas que vienen de vivir en estas condiciones, dedicada a contener y ayudar a reinsertar a esta población. Cuenta con tres Centros de Inclusión Social, dos que alojan a hombres y uno a mujeres, mujeres trans e infantes, además de un Centro de Integración Complementario, que es un espacio diurno con talleres para personas con consumo problemático, todos en la capital nacional.

El último Censo de Personas en Situación de Calle, publicado en julio de 2019 por un conjunto de más de 40 organizaciones civiles, arrojó que había 7.251 personas en estas condiciones solo en la ciudad de Buenos Aires, entre quienes aproximadamente 20% eran mujeres, aunque el total superaría ampliamente las 15.000 personas en la actualidad, según estimó Manuppella, aunque no hay relevamientos actualizados.

Del total de las personas registradas sin hogar hace dos años, 5.412 dormían en la calle, 1.340 en establecimientos con convenios estatales y 641 en los paradores del Gobierno porteño. Este relevamiento registró que, del total, 12% eran niños, niñas y adolescentes, lo que implicaría que en la actualidad podría haber casi 2.000 jóvenes sin techo en la ciudad.

Invisibilizadas y desaparecidas

"¿Me van a decir que el Gobierno de la ciudad y el nacional no vieron a M. y a su madre durmiendo bajo un puente? Cada familia, cada persona que termina en situación de calle es el resultado del desastre que deja cada Gobierno. No solamente es ella, hay muchos niñes, adolescentes, mujeres –que son las que sufren más la situación de calle– que desaparecen. Pasa todo el tiempo", enfatizó con indignación Manuppella.

En Argentina hay más de 10.000 personas desaparecidas, según el último relevamiento del Sistema Federal de Búsqueda de Personas, de 2018. Según datos de la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual, hay 3.228 niñas y mujeres buscadas y sin rastro. La vulnerabilidad se agrava por la combinación de ser identidades femeninas y ser pobres.

El efecto negativo de la crisis económica argentina sumado a los de la pandemia sobre el trabajo y las economías familiares, que afecta directamente los ingresos de una población nacional que superó el 40% de pobreza en 2020, golpea a los más jóvenes en un porcentaje mayor: seis de cada 10 niños y niñas crecen pobres y son el rango etario más afectado por este indicador.

Las mujeres tienen tasas de desempleo mucho más altas (23%) que los varones, cuentan con menores oportunidades para acceder al mercado laboral formal y cobran en promedio sueldos más bajos: las asalariadas cobran 25% menos que los hombres, 35% menos entre los trabajos informales.

Son además las principales encargadas de cuidar a niños, ancianos y enfermos, tanto en sus roles como docentes, cuidadoras y profesionales de la salud, pero también en los roles para los que no reciben nada a cambio. Seis de cada 10 hogares son sostenidos por mujeres y 75% de las tareas domésticas no remuneradas son llevadas adelante únicamente por mujeres.

El diagnóstico es más excluyente para las mujeres que viven en los barrios populares y los asentamientos de emergencia. Según un informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas publicado en abril de 2020, de las mujeres que viven en barrios populares solo 31% tiene un trabajo remunerado. La tasa de desocupación es el doble y el porcentaje de asalariadas con empleo formal es la mitad en los barrios, comparado con lo que se detectó para el conjunto de las mujeres en el país.

Según la tercera encuesta sobre el impacto de COVID-19 presentada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el 15 de diciembre, cuatro de cada 10 hogares donde residen niños y adolescentes —unas 2 millones de familias o 9 millones de personas— afrontan una reducción en los ingresos laborales, y alrededor del 70% de estos perdió la mitad o más de sus remuneraciones como consecuencia.

Los números se condicen con el estudio realizado entre agosto y octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que arrojó que 49,3% de los hogares del Gran Buenos Aires, que incluye la capital nacional y sus alrededores y donde vive un tercio de la población argentina, tuvo una reducción de sus ingresos totales debido a la pandemia y las medidas de aislamiento obligatorio.

¿Quién se acuerda de los olvidados?

"Atrás de la Casa de Gobierno, hay una ciudad de 'rancheadas' [campamentos] de familias por las noches. Ahí está el presidente, pasan todos: diputados, senadores, ministros. Los ven y no hacen nada. No hay políticas públicas. La indigencia es un gran negocio para el Estado, para las iglesias", reclamó el referente de Proyecto 7.

Hace una semana, Proyecto 7 junto con otras organizaciones populares presentaron en la Cámara de Diputados nacional un proyecto de Ley de personas en situación de calle y familias sin techo. Busca garantizar derechos humanos básicos a esa población en todo el territorio nacional y prevé la creación de una mesa de trabajo interministerial para abordar las problemáticas específicas y la apertura de una red nacional de Centros de Integración Social.

En la capital nacional hay un total de 32 centros de inclusión y refugios nocturnos, con capacidad para más de 2.000 personas; tres cuartas partes gestionados por organizaciones, iglesias y fundaciones, y las otras por el Gobierno porteño.

En el resto de los municipios y ciudades del país son prácticamente inexistentes este tipo de albergues y brillan por su ausencia los relevamientos con datos confiables sobre personas en situación de calle, así como los programas estatales para abordarlos.

Solo la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires tienen leyes específicas, sancionadas y promulgadas entre los años 2009 y 2011, que crean programas de protección de los derechos de estas personas.

"En la ciudad de Córdoba [capital de la provincia homónima y segunda más poblada del país después de Buenos Aires] y en el resto del interior los expulsan y no hay centros de integración. Los tiran a la ruta. No solo en la ciudad y la provincia de Buenos Aires hay gente en situación de calle. Vayan de noche debajo de los puentes de cualquier ciudad del país y vean", denunció el trabajador social.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, donde viven 15 millones de personas y que abarca el conurbano bonaerense que rodea la capital nacional, tiene identificadas solo a 1.500 personas en situación de calle en los 17 municipios más cercanos a la ciudad.

Los números oficiales dejan mucho que desear, al igual que lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde, a pesar de que los registros de las organizaciones sociales dedicadas a la problemática contabilizaban en 2019 más de 7.000, la cifra gubernamental era de tan solo 1.146 hombres, mujeres y menores de edad.

Al cierre de 2020, la indigencia, el estrato más bajo de la pobreza, alcanzó a 10,5% de la población argentina, uno de los peores registros en la historia, lo que representa a 4,7 millones de personas, según datos del Indec.

En todo el país, unos 316.000 niños, niñas y adolescentes vivían en hogares hacinados con inseguridad alimentaria severa y sin percibir transferencias de ingresos directas en 2020, infancias que están al borde de perder el refugio de un techo, según cifras del informe Agenda para la Equidad (2017-2025), en base a relevamientos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODS-UCA) y proyecciones poblacionales del Indec.

"Lamentablemente, vivimos en una sociedad que está enferma, que no nos mira. Nos pasan de largo, nos tratan de ladrones, de adictos, de borrachos. Ustedes no aguantarían ni un mes en situación de calle, durmiendo bajo la lluvia, en el frío, levantando para comer de la basura, yendo afuera de las parrillas a las 2 de la madrugada a comer las sobras que deja nuestra sociedad. Y eso lo ven todos", enfatizó Manuppella, quien vivió 15 años sin hogar.