Activista de El Salvador reclama más voluntad a fiscales para acabar con la impunidad

SAN SALVADOR (Sputnik) — El juicio por el asesinato en 1982 de cuatro reporteros holandeses constituye a la lucha contra la impunidad en El Salvador, pero es preciso más voluntad política de los fiscales, aseguró a Sputnik el activista Oscar Pérez, director de la Fundación Comunicándonos.

"Si bien reconocemos que esta judicialización es un paso importante para esclarecer este crimen de lesa humanidad, el fiscal general y su equipo deben demostrar mayor voluntad política y jurídica para favorecer a las víctimas", advirtió Pérez, quien representa a los familiares de los periodistas masacrados durante el conflicto armado (1980-1992).

Los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Wilemsen fueron emboscados y asesinados el 17 de marzo de 1982 por el proscrito Batallón Atonal, de la Fuerza Armada, en un área rural el norteño departamento de Chalatenango.

"Ya son 39 años en los que sus familiares, el pueblo y el Gobierno de los Países Bajos le exigen verdad y justicia al Estado salvadoreño, que se mantiene en deuda pues protege a los victimarios y nada hace por las víctimas", agregó Pérez.

La Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (Asdehu) confirmaron en rueda de prensa el cierre de la fase investigativa de este crimen, y el próximo inicio de un juicio en una corte de Chalatenango.

Esta decisión corona un proceso iniciado el 13 de marzo de 2018, cuando fue presentada una denuncia penal para que la Fiscalía General de la República investigara los hechos, documentados por una Comisión de la Verdad de Naciones Unidas tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992.

Según la referida comisión, la decisión de emboscar a los reporteros holandeses fue tomada por el coronel Mario Reyes Mena, a la sazón comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, quien vive en Estados Unidos.

Cuatro casos

Este es el cuarto caso impulsado por colectivos defensores de derechos humanos que llega a la fase de juicio en El Salvador, tras la referida masacre de El Mozote, la matanza de la Universidad Centroamericana y el magnicidio de monseñor Oscar Arnulfo Romero.

A inicios de febrero, la Fundación Comunicándonos y Asdehu pidieron al presidente Nayib Bukele que ordenara al Ejército entregar a la mayor brevedad toda la información relacionada con ese crimen.

Los representantes de las víctimas ya hicieron 15 solicitudes al Ministerio de Defensa a través del Instituto de Acceso a la Información Pública para acceder a los archivos del caso, pero la Fuerza Armada los bloquea, e incluso se niega a confirmar la existencia del referido Batallón Atonal, documentada por la Comisión de la Verdad.