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Expresas políticas uruguayas piden justicia por violencia sexual en dictadura ante la CIDH

CC BY 2.0 / Vince Alongi / UruguayLa bandera de Uruguay
La bandera de Uruguay - Sputnik Mundo, 1920, 17.03.2021
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MONTEVIDEO (Sputnik) — Expresas políticas de Uruguay presentarán este 18 de marzo una denuncia sobre violencia sexual durante la última dictadura cívico militar (1973-1985) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la falta de justicia en su país, dijeron a Sputnik dos de las denunciantes.
"Nosotras llegamos a esta instancia de ir a pedir audiencia a la CIDH porque sentimos que en nuestro país ya no hay más nada para hacer, ya no tenemos más recursos para presentar para lograr justicia", dijo a Sputnik Ivonne Klingler, hoy medica jubilada.
En 2011, 28 mujeres presentaron una denuncia por violencia sexual durante el periodo del terrorismo de Estado en 20 establecimientos de todo el país, muchos de ellos clandestinos, con más de 100 personas acusadas, entre miembros de las fuerzas armadas y civiles.
Diez años después ninguno de ellos fue condenado por esa causa y muchos están libres.

Sin justicia

Las denunciantes estuvieron dos años trabajando en la demanda tras darse cuenta que tenían que hablar de eso que nunca habían hablado.
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Inicialmente eran más de 60 mujeres, recuerda Ivonne, y tenían elementos probatorios y testimonios tan fuertes que estaban convencidas de que se iba a poder hacer justicia.
"Pero lamentablemente ni siquiera contestaron, solo lo postergan, postergan y ya llevamos 10 años esperando", agrega la mujer, en referencia a las dilataciones presentadas por los defensores de los denunciados "las famosas chicanas de los abogados para ir estirando la causa, para que en definitiva no exista justicia".
Desde su presentación, la denuncia, histórica por ser la primera con perspectiva de género, pasó por tres jueces y varias fiscalías, pero no tuvo avances.
"Nuestra denuncia sigue en la etapa de pre sumario, es decir es lo mismo que si se hubiera presentado ayer", resaltó Ivonne.
Para Antonia Yáñez, que actualmente preside la Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria, hacer esta denuncia fue una forma de recobrar la voz para ellas, aunque siga sin haber justicia.
"Para nosotras fue muy importante salir del papel de víctimas y mostrarnos como acusadoras, como testigos y como denunciantes de una situación que había quedado encerrada durante mucho tiempo (…) hoy no se puede decir que no hay una causa de mujeres que fueron atentadas con violencia sexual, esa causa existe, pero se ha movido muy poco", dijo.
Ninguno de los más de 100 denunciados fue condenado por esta causa, solo uno fue detenido, el excapitán Asencio Lucero, pero por reiterada privación de la libertad y no por violencia sexual.
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Ambas hacen hincapié en que a pesar de haber sido cometidos durante más de 11 años, de forma sistemática y en todo el país, los delitos de violencia sexual durante la dictadura no están reconocidos como delitos de lesa humanidad, y por lo tanto en algún momento pueden cerrar la causa.

Doble castigo

En los años previos y durante la dictadura las dos militaban para la Unión de Jóvenes Comunistas; Antonia fue detenida en diciembre de 1981 e Ivonne en enero del 82, ambas fueron primero desaparecidas, por estar recluidas en el centro clandestino conocido como "La Tablada", ubicado en la periferia de Montevideo.
"Te ponen fecha [de detención] de unos días después de que salís de la tortura más dura [en La Tablada], y de unos días antes de llevarte ante el juez militar", porque en ese momento no había justicia civil, explicaron.
Ivonne salió en libertad en diciembre del 1984 y Antonia en marzo del 85, cuando se liberó a los presos políticos en el marco de la amnistía en el retorno a la democracia.
Como mujeres militantes el castigo por parte de los militares era extremadamente sancionatorio porque el machismo en los centros de detención "estaba elevado a la enésima potencia", señalaron.
El rol de la mujer nunca podía ser militar, meterse en la política, recordaron.
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Durante los interrogatorios y torturas los militares las responsabilizaban por haberse ubicado en un lugar que no les correspondía, que no fue el que la sociedad les dio.
"Si estuvieras en tu casa lavando los platos no estarías acá", "por qué no te quedaste cuidando a tus hijos" eran algunas de las frases que más escuchaban, además de amenazas constantes contra la posible maternidad o con hacerle algo a sus hijos, a las que los tenían, si no hablaban, es decir si no delataban a compañeros o daban información sobre su militancia.
Ese doble castigo a la militancia femenina fue difícil de visualizar incluso para ellas, que consideraban que habían pasado lo mismo que sus compañeros hombres.
"Fue un largo trabajo el fenómeno de plantearse cuáles fueron las particularidades de esas detenciones [las de las mujeres]", recuerda Antonia al añadir que fue recién cuando iniciaron las reuniones para la denuncia que se fueron dando cuenta que había cosas que las unían por su condición de mujer.
Durante los últimos años algunos de los militares llegaron a justificar otros delitos bajo el argumento de que "había una guerra, había que torturar, había que asesinar", como quedó demostrado en las declaraciones que hicieron ante el tribunal de honor castrense, en las que reconocieron su participación en torturas y crímenes durante la dictadura.
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Sin embargo, resalta Ivonne, la violencia sexual no la reconocen, porque no cuadra en ese esquema, porque no pueden explicar cómo es que se daban esas situaciones, cuál era el objetivo.
"No era en el marco de los interrogatorios, no era para sacarte información, formaba parte de degradarte, destruirte moralmente, psicológicamente y físicamente, pero además formaba parte de la posesión del otro y el poder, él era tu dueño y hacia lo que quería contigo", explicó.

Basta de impunidad

La instancia de este 18 de marzo en la CIDH será una audiencia de presentación de la denuncia, un pedido de justicia ante el Estado uruguayo, que también estará representado para responder a esa petición.
"Lo que pretendemos es que esto no siente precedente, la impunidad total en nuestra denuncia hace mella a nivel social, pero además sienta un precedente para futuras denuncias que tienen que ver con este tema", explicaron las denunciantes.
En ese sentido recuerdan lo difícil que fue para ellas, que eran un grupo fuerte, sólido y de varias mujeres, hablar sobre violencia sexual y denunciar, incluso 30 años después de los hechos.
"Nos imaginamos lo que puede ser para una muchacha sin mayor apoyo", dijeron.
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Por eso, y por la revictimización que debieron atravesar para poder denunciar estos hechos, esperan un pronunciamiento positivo de la CIDH desde el punto de vista de los derechos que tienen de plantear que la justicia uruguaya ha sido injusta y que eso no puede seguir así.
Luego, en una segunda etapa, el caso podría pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hay jueces que determinan si la denuncia tiene que tener un marco legal más pesado y hacen una exigencia al Estado uruguayo.
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