¿Dónde van los inmigrantes que consiguen salir de Canarias? Atasco en Irún ante el bloqueo francés

La policía francesa ha bloqueado los pasos fronterizos con España y en los últimos días cientos de subsaharianos han llegado hasta Irún, en la frontera del País Vasco con Francia, desde Canarias. Las autoridades locales alertan del desbordamiento de los servicios de acogida y el tapón ya se nota en las calles con mayor número de inmigrantes.

Lo que pasa en una aldea de Mali cualquiera, o en algún pueblo perdido de Senegal, en el África subsahariana acosado por la guerra, la pobreza extrema y ahora también la pandemia, tiene mucho que ver con el atasco de personas migrantes que comienza a crecer de manera preocupante en Irún, una localidad guipuzcoana en la frontera con Francia.

Las autoridades del País Vasco han dado la voz de alarma y comienzan a verse desbordadas ante la llegada masiva de inmigrantes procedentes de las Islas Canarias. Los extranjeros empiezan a agolparse en esta localidad de apenas 61.000 habitantes. Quieren ir a Francia, pero el gobierno de Emmanuele Macron cerró cinco pasos fronterizos con España el pasado mes de enero y en estos momentos solo se puede acceder al país galo desde la carretera de La Jonquera y algunos pasos fronterizos de montaña que están permanentemente vigilados.

Nuevo epicentro de la crisis migratoria

El presidente francés decidió cerrar las fronteras para evitar precisamente esto, los denominados "movimientos secundarios": que personas procedentes en su mayoría de Mali o Senegal y que están realizando una ruta migratoria desde sus países de origen hasta Francia para reunirse con sus familiares, puedan llegar. La mayoría de estos extranjeros está llegando a Irún tras pasar meses atascados en las Islas Canarias, que está viviendo la peor crisis migratoria de los últimos diez años y a donde han llegado más de 23.000 personas en situación irregular durante el año 2020. Entre 7.000 y 10.000 personas continúan atascadas en el archipiélago a la espera de una resolución sobre su estatus migratorio.

Del resto, los que consiguen salir de las islas y llegar a la península, ya sea por la vía legal mediante la solicitud de asilo migratorio y protección internacional, o de manera ilegal, colándose en los ferrys que salen desde Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote hasta la ciudad de Huelva, en Andalucía; la mayoría no quiere quedarse en España sino continuar el tránsito hacia otros países europeos. Irún se está convirtiendo ahora en el nuevo hándicap para estas personas, donde el tapón se hace cada día más grande ante la estupefacción de autoridades y vecinos.

El bloqueo del Gobierno francés, que decidió cerrar sus fronteras de manera unilateral amparándose en la lucha antiterrorista, el coronavirus y el control de la inmigración; comienza a notarse de manera notable en las calles de Irún, donde cada vez es más frecuente observar grupos de decenas de migrantes sin rumbo que llegan a esta localidad a través de autobuses interurbanos desde otras partes de la península o incluso desde Portugal.

Solo durante un día del mes de marzo han llegado más personas extranjeras en situación irregular que durante los meses de noviembre y diciembre, lo que ha comenzado a colapsar los servicios de acogida y visibiliza la grave problemática migratoria que el Gobierno central tiene en toda España y no solo en las Islas Canarias. El viaje de estos extranjeros no termina en la patera que durante varios días de incertidumbre en el mar les dejó, con suerte vivos, en las orillas de Arguineguín, uno de los puertos al sur de Gran Canaria donde han llegado más personas en tránsito, y que durante el último trimestre de 2020 fue el escenario de la llegada masiva de miles de inmigrantes que se agolparon en campamentos improvisados en el muelle ante la incredulidad de autoridades, vecinos y cámaras de televisión.

Según el director de Migración y Asilo del País Vasco, Xabier Legarreta, el perfil de todos los migrantes que están llegando a Irún las últimas semanas es el mismo: "Todos proceden de Canarias y salieron de allí en febrero, pero no sabemos cómo han venido".

No es la primera vez que el País Vasco, y en concreto Irún, atraviesa una crisis migratoria. En 2018 y 2019 también se convirtió en el epicentro de la llegada de personas de manera ilegal. En aquel momento y antes de la pandemia que modificó las rutas migratorias, las pateras salían del norte de África hasta Italia o Grecia sin necesidad de pasar por las Islas Canarias.

En 2018 fueron noticia los 630 inmigrantes del Aquarius, una embarcación que pasó ocho días en el mar a la deriva ante la negativa de Italia y Malta de permitir que llegase hasta sus fronteras. Finalmente, fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que aceptó que el Aquarius desembarcase en Valencia, lo que provocó tensiones entre el Gobierno central y diferentes Gobiernos autonómicos. Muchos de aquellos inmigrantes terminaron en el País Vasco con el objetivo de salir hacia Francia.

Ahora la historia se repite como efecto colateral de la situación en Canarias, aunque según explica a Sputnik Nerea Martínez (el nombre utilizado es ficticio por miedo a represalias policiales), del colectivo Irungo Harrera Sarea, que da apoyo a las personas migrantes en la ciudad, "ahora la situación ha cambiado respecto a 2018 porque la presión es constante, hay más policía por todas partes, más vigilancia tanto a los extranjeros como a la gente de aquí; nos ponen más problemas para movernos a cualquier parte y la crisis parece que se prolongará mucho tiempo. Sentimos que esto no ha hecho más que comenzar".

Contra la inmigración bajo el amparo antiterrorista

Nerea asegura que en la frontera con Francia, la policía ha vuelto a instalar cabinas de control policial, algo que había dejado de existir con la instalación del Tratado Schengen en 1985 y por el que varios países europeos suprimieron sus fronteras interiores.

La policía francesa ha colocado obstáculos de hormigón en los pasos de Coustouges, Manrell-Las Illas, Ajá, Banyuls y Vignole Enveitg, y solo permite el tránsito de personal de primera necesidad como médicos, bomberos, fuerzas de seguridad del Estado o personas con justificante de residencia o trabajo. El propio presidente francés se desplazó por sorpresa a la frontera con España para anunciar que aumentaría la presencia de policía, gendarmes y militares en los pasos fronterizos y que el número de efectivos pasaría de 2.400 a 4.800.

Todo ello en el discurso oficial, siempre en aras de la seguridad por el COVID y el control de la migración de manera ordenada. De fondo, un miedo creciente a la llegada masiva de inmigrantes irregulares a su territorio que acreciente un rechazo de una población cada vez más polarizada y con terror a a la sombra yihadista que ha pasado factura en el país galo. Emmanuel Macron quiere llegar impoluto en este sentido a las próximas elecciones de 2022 en las que competirá contra una fortalecida y extremista Marie Le Pen, con cada vez más adeptos a través del discurso antiinmigratorio y xenófobo. La representante de la ultraderecha en Francia es, en estos momentos, su principal rival en las urnas.

Por su parte, las autoridades españolas locales que también están realizando labores de control aseguran que cumplen órdenes del Gobierno central y según datos recogidos por El Correo, cada día estarían interceptando entre 30 y 50 personas inmigrantes en situación irregular que estarían tratando de pasar a Francia sin papeles.

"Los migrantes están agotados, sorprendidos del despliegue policial; y nosotros también", asegura Nerea.

Devoluciones en caliente

Los gendarmes franceses, según explica la representante del colectivo vasco, se pasan el día vigilando e interceptando a las personas migrantes en estaciones de servicio, gasolineras, puentes, estaciones de autobuses o incluso les sacan del famoso tren Euskotren, que une Irún con Hendaya, la primera ciudad al otro lado de la frontera, ya en Francia. Les agarran, les detienen y les mandan de vuelta a Irún.

En el mejor de los casos, se sigue el procedimiento legal firmado entre España y Francia en 2002 que incluye un abogado y coordinación con la policía española para el extranjero, pero en la mayoría de las devoluciones no hay asesoría ni papeles o documentación de por medio. Simplemente se les detiene en Francia y la policía les suelta de vuelta en España, todo ello a pesar de que según aclaran varias organizaciones de abogados de derechos humanos y civiles, una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2019 asegura que los controles fronterizos implantados por París en aras de la amenaza terrorista no pueden emplearse para las devoluciones en caliente, algo que no estaría cumpliéndose según estas denuncias recogidas por el portal Transparencia.

Canarias sigue siendo el origen

Durante la noche del martes 16 de marzo, una patera con 52 subsaharianos, de los cuales 29 eran mujeres (una de ellas embarazada), 14 hombres y nueve niños, llegó a las costas de Arguineguín, en el sur de Gran Canarias. Otras dos pateras llenas de gente continúan perdidas en el mar y se teme que hayan naufragado.

Rescatados por @salvamentogob 52 migrantes subsaharianos (29 mujeres, 14 varones y 9 menores) que viajaban en una patera interceptada a ocho millas al sur de #GRANCANARIA. Son trasladados al Puerto de Arguineguín, Mogán.

— 1-1-2 Canarias (@112canarias) March 16, 2021

Los inmigrantes fueron atendidos por Salvamento Marítimo y Cruz Roja y trasladados a diferentes hospitales de la isla. Uno de los pequeños llegó en parada cardiorespiratoria.

"No es habitual que en esta época del año lleguen pateras a las islas"; cuenta a Sputnik Íñigo Vila, director de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja; "pero la desesperación de estas personas va en aumento", explica. "La migración existe y existirá siempre, llevamos muchos años atendiéndola; fluctúa, cambia, y hay muchos factores que no son controlables".

Preguntado por las denuncias sobre las malas condiciones en las que se encuentran los macrocampamentos habilitados en el archipiélago por el Gobierno central y gestionados por Cruz Roja, Vila rechaza las críticas y asegura que la situación "es una cadena donde Cruz Roja participa, pero no somos los únicos. El flujo de los diferentes actores que participan de esa cadena tiene que estar engrasado y si alguno de ellos se atasca se producen situaciones que no son deseables ante la llegada masiva de personas".

“Es una aberración que el Gobierno de España, a través de ACCEM, esté permitiendo esta gravísima vulneración de los derechos humanos” #FronteraSur https://t.co/gLX8SZ80lg

— Somos Red Solidaria (@SolidariaSomos) March 14, 2021

En el campamento de Las Raíces, en Tenerife, el más grande de los siete habilitados en total, la tensión aumenta por momentos y varios extranjeros han comenzado una huelga de hambre para denunciar la mala situación de la comida. Accem, la ONG que se encarga de su gestión ha reconocido las críticas y ha pedido al Ministerio de Migraciones que "mejore el servicio de la comida". Durante los últimos días, se han producido varios altercados en este campamento entre los inmigrantes y los vigilantes de seguridad, que incluso han llegado a las manos y hasta ha tenido que intervenir la policía nacional.

Para Antonio Santana, portavoz de la plataforma ciudadana Somos Red que ayuda a las personas en situación irregular; "la situación es muy grave y va a ir a peor. El Gobierno de España no es consciente de lo que hay aquí. Es una olla a presión", cuenta a esta agencia en entrevista telefónica.