Atentado a la Embajada de Israel en Argentina: 29 años sin justicia

El 17 de marzo de 1992, un potente explosivo derribó el edificio que contenía la sede diplomática y consular del Estado de Israel, ubicado en barrio de Retiro de Buenos Aires, que provocó la muerte de 22 personas y más de 200 heridos. Pasaron casi tres décadas y la investigación no identificó sospechosos ni detenidos y nunca fue elevada a juicio.

A las 14.45 del martes 17 de marzo de 1992, una bomba estalló en la Embajada de Israel en Argentina y sacudió los cimientos del país, cuya sociedad miraba absorta e incrédula las imágenes televisadas en los albores de la masificación mediática, y golpeó de lleno la sensación de vulnerabilidad e indignación de dos pueblos hermanados.

Más de 200 personas fueron heridas y 22 murieron, empleados de la sede, diplomáticos, vecinos, ancianas de un geriátrico de la zona, el párroco de una iglesia cercana, transeúntes a pie y en vehículos que pasaban en ese momento, asesinados por la forma más cruda de violencia política y religiosa, apuntada sobre civiles inocentes, madres, padres, hijos y abuelos que nunca recibieron justicia.

"A 29 años del cruel atentado terrorista sigue intacto nuestro pedido de justicia, nuestra memoria por los que ya no están y nuestra convicción que actos criminales como este no deberían acontecer nunca más. Argentina e Israel compartirán para siempre esta herida y este dolor", dijo a Sputnik Galit Ronen, embajadora de Israel en Argentina.

Cientos de personas se acercaron ese día y los siguientes a ayudar a los sobrevivientes y convalecientes y rescatar a quienes se encontraban entre los escombros, además de recuperar los restos de quienes fueron asesinados, poniendo sus vidas en riesgo sin pensarlo dos veces, un acto de humanidad que contrastó con el terror.

Considerado el primer ataque terrorista en la historia argentina, fue el antecedente de lo que dos años más tarde sería el peor atentado del que se tiene registro en el país, el 18 de julio de 1994, contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que murieron 85 personas, con similar modo de operación y el mismo resultado de impunidad.

Debido a la pandemia, este año el homenaje se realizó de forma virtual, y se publicó un video con la participación del presidente argentino, Alberto Fernández, su par israelí, Reuven Rivlin, el canciller argentino, Felipe Solá, el ministro de relaciones exteriores israelí, Gabi Ashkenazi, y la embajadora Ronen, además de otras personalidades de la política, el periodismo, el deporte y el espectáculo.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Embajada Israel en Argentina (@israelenargentina)

Controversias e impunidad

Por tratarse de un ataque a una delegación diplomática, el proceso judicial lo debió llevar adelante la Corte Suprema de Justicia, según estipula la Constitución. La investigación sigue oficialmente abierta, sin que hubiera hasta el momento sospechosos acusados ni detenidos y nunca se elevó a juicio.

Las controversias originales giraron en torno a la forma en que se produjo el atentado y los elementos de fabricación de la bomba. Las primeras pericias de la Policía y la Gendarmería indicaron que se habría producido mediante un coche bomba, aunque no coincidían en el tipo de explosivo.

En 1996, la Corte Suprema cambió la hipótesis, basándose en un análisis de la Academia Nacional de Ingeniería, y descartó el uso de un vehículo para orientarse en la teoría de que el artefacto explosivo habría estallado desde adentro del edificio.

Al igual que sucedió con la truncada pesquisa por el atentado a la AMIA, EEUU e Israel investigaron por su cuenta sin dar a conocer resultados, aunque apuntaron sus sospechas hacia Irán y la organización libanesa Hizbulá —acusada por ellos como agrupación terrorista a pesar de no estar en el listado del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU)—, con la que se encuentran políticamente enfrentados.

El primer juez de instrucción de la causa, Alfredo Bisordi, manifestó en una entrevista que no le constaba que hubiera existido un coche bomba en el ataque y que esa hipótesis había sido aportada por miembros de la Embajada.

En diciembre de 1999, la Corte Suprema estableció que los muertos habían sido 22 y no 29, como se había informado, y que la investigación debía orientarse a reunir las pruebas que establecieran la certeza de que el atentado había sido realizado por un brazo armado de Hizbulá, mediante una camioneta Ford F-100 comprada a un fotógrafo policial por un hombre con documento de identidad falso a nombre de un ciudadano brasileño.

La Secretaría Especializada para investigar el caso pidió las capturas internacionales de Salman Raouf Salman, alias Samuel El Reda, e Iman Fayez Mughniyieh, líder del aparato de seguridad exterior de Hizbulá, que murió en Damasco, Siria, en 2008, cuando explotó su vehículo.

El último movimiento en la causa por lo ocurrido en la Embajada de Israel fue el 13 de diciembre de 2006, cuando la Corte Suprema determinó que la investigación debía seguir adelante y que correspondía reiterar las órdenes de captura. Además analizaron y rechazaron el pedido del padre de una de las víctimas de considerar el crimen como de lesa humanidad para que fuera imprescriptible.

En 2008, una jueza de EEUU condenó a Irán a indemnizar a los familiares de una de las víctimas. En su veredicto aseguró que el testimonio clave para determinar la implicación del país islámico en el atentado fue un asesor independiente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense descrito como experto en asuntos iraníes.

A partir de escuchas telefónicas proporcionadas por los servicios de inteligencia de EEUU e Israel a los locales, Salman El Reda fue acusado en 2009 como el ejecutor también del ataque a la AMIA por el exfiscal de esa causa, Alberto Nisman. Desde entonces pesa sobre él una Alerta Roja de Interpol y una recompensa de 7 millones de dólares a cambio de información sobre su localización.

Las controversias alrededor de las acusaciones que se profundizan sobre Hizbulá se basan en las enormes fallas de las investigaciones iniciales en ambos casos, especialmente en el atentado contra la AMIA, proceso que terminó con el juez de la causa, Juan José Galeano, condenado a seis años de prisión por encubrimiento de los responsables y acusado de fabricar una trama ficticia.

En marzo de 2010, el entonces embajador de Israel en Argentina, Daniel Gazit, declaró a la prensa que su país había identificado y eliminado a los autores intelectuales internacionales, en lo que se interpreta como un guiño a la muerte de Mughniyieh, apuntado como ideólogo de ambos atentados a las sedes israelitas.