La vivienda vacía en España "preokupa"

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El mercado de la vivienda fue uno de los factores desencadenantes de la crisis del 2008 en España, uno de los países que más crudamente sufrió el último parón económico mundial conocido hasta la llegada del coronavirus.

En torno a este asunto, se mezclaron factores financieros y políticos, pero una de las consecuencias más llamativas fue la de la proliferación de viviendas vacías y la consiguiente ocupación ilegal de las mismas por parte de inquilinos sin recursos, los llamados "okupas".

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calculó en 3.443.365 el número de viviendas vacías, un 13,65% del total; un dato que este organismo estatal no ha renovado desde 2011, por lo que se estima que actualmente esta cifra podría ser superior.

Según cálculos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el número de viviendas ocupadas en todo el país rondaría las 90.000.

Los últimos datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, además, señalan que en 2017 se denunciaron en el país un total de 10.169 ocupaciones ilegales.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la agencia de estudios de opinión oficial, preguntó en 2019 por este fenómeno a los españoles y concluyó que la solución mayoritaritariamente preferida (39%) era la expulsión inmediata y sin paliativos de los okupas.

En segundo lugar —un 31%— se proponía una solución intermedia, que habitualmente pasaba porque el Estado ofreciese una solución habitacional a los implicados y solo en tercera posición —22,7%— se apostaba por el diálogo en este tipo de situaciones.

Cambios legislativos

El surgimiento con fuerza de este fenómeno llevó a una intensa actividad legislativa en los últimos años en el país.

La principal ley data del año 2018 que modificaba un texto de enero del 2000, y fue dada en llamar "Ley anti-okupas".

Este texto, también conocido como "Ley del deshaucio express" acortaba los plazos para que los inquilinos afectados recuperasen sus viviendas, una de las principales demandas a reformar sobre el texto anterior.

Esto hace posible que, mediante una demanda civil y normalmente en el plazo de un mes se pueda recuperar la vivienda; algo que hasta la llegada de ese texto legal solo podía discurrir por la vía penal, mucho más larga, y que en muchos casos se acababa resolviendo extrajudicialmente, mediante el pago de dinero del propietario al okupa para que abandonase el inmueble.

Desde la aprobación de esta ley en 2018, el país experimentó un cambio de Gobierno, del conservador Partido Popular (PP) a la actual coalición gobernante de izquierdas formada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la formación política Podemos.

La última regulación llegó en enero de este año, cuando el Ministerio de Consumo —en manos de este último socio de la coalición, el minoritario— modificó el último Real Decreto-Ley Antidesahucios, aprobado el mes anterior.

De esta forma, se exige durante el actual estado de alarma que haya ocurrido "violencia e intimidación" en la ocupación de la vivienda para poder desalojar a los okupas.

Hace un mes, además, las fuerzas de izquierda y nacionalistas rechazaron en el Congreso una proposición de ley contra la ocupación presentada por el PP.

Este texto ponía encima de la mesa penas de cárcel para los okupas, prohibirles empadronarse en los ayuntamientos y hacía posibles los desalojos en un plazo de 48 horas.

En paralelo a esta intensa labor legislativa, ocho Comunidades Autónomas —tres de ellas del mismo color político que el Ejecutivo central— han pedido ya al Gobierno de Pedro Sánchez medidas más duras contra este fenómeno.

Llegan los "guardianes"

Ante este panorama, recientemente se ha conocido la llegada a España de una firma holandesa de gestión de espacios vacíos, Ideal Guardian, que propone un curioso sistema como solución a este fenómeno.

Según su modelo de negocio, los propietarios de inmuebles vacíos ofrecen a sus inquilinos una vivienda temporal a precios muy reducidos, a cambio de mantenerla en buen estado.

Esto, dicen, supone "un modelo 'win-win-win', porque además del propietario y del "guardian", se beneficia el conjunto de la comunidad, pues se evita un espacio vacío y las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista social y económico".

Además de este modelo, recién llegado a España, tiene desde hace años mayor protagonismo en los medios la empresa Desokupa, que atiende peticiones de desalojo de propietarios, normalmente desesperados y que encuentran trabas legales para recuperar sus casas.

Sus integrantes, todos ellos de enorme corpulencia, acuden a los inmuebles a negociar con los okupas y en muchos casos, las fuerzas de seguridad públicas son testigos de estas visitas para garantizar que no se vulnere la ley.

En los más de cuatro años de andadura de esta empresa, calculan que han llevado a cabo 5.000 desocupaciones.

Un panorama muy agitado todo el que rodea a esta cuestión y que pone de manifiesto la necesidad de legislaciones de consenso que regulen estas situaciones en un sector, el de la vivienda, fundamental para España, tanto para su tejido turístico como, al menos hasta ahora, para impulsar su actividad económica.